Los pueblos extremeños con nombre franquista, vetados para recibir subvenciones

¿Se pueden dejar de recibir subvenciones por el nombre del pueblo? Eso es lo que se preguntan en Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, dos pueblos de la provincia de Badajoz. Las dos localidades han sido vetadas por la diputación provincial para recibir cualquier tipo de ayuda debido al topónimo franquista que presentan y que, presuntamente, incumple la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007.

La medida ha sido anunciada por el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, amparándose en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica que permite explícitamente a las administraciones públicas llevar a cabo este tipo de medidas.

El presidente de la institución provincial ha explicado que “las leyes están para cumplirlas, gusten o no gusten" y que los organismos públicos tiene la tarea de hacer que se cumplan. “Aquellos pueblos cuyos nombres incumplan la Ley de Memoria Histórica tienen que adaptarse”, señaló Gallardo. De este modo, la diputación pacense se convertiría en la primera institución española en aplicar esta sanción en los más de nueve años que lleva vigente la ley.

“Quien se está convirtiendo con este tipo de afirmaciones en un dictador es él, al intentar imponer por la vía de la distribución de los fondos públicos”, ha asegurado el alcalde de Badajoz y presidente del PP provincial, Francisco Javier Fragoso. A su juicio, quien debe determinar si el nombre tiene que cambiarse debe ser un juez y “él no es juez”.

La flagrante defensa de Fragoso se debe a la condición de pedanía de Badajoz de uno de los dos municipios afectados: Villafranco del Guadiana.

100.000 euros anuales perdidos

La localidad, que cuenta con cerca de 1.500 habitantes, ha manifestado su deseo de seguir llamándose como tal. Para ello, han creado una plataforma de vecinos con el objetivo de defender el nombre de la localidad, llegándose a recoger más de 800 firmas para pedir que no se modifique su topónimo.

Su alcalde pedáneo, Juan Sánchez, defiende el nombre de Villafranco del Guadiana mientras que un juez no “decida lo contrario”, cargando duramente contra Miguel Ángel Gallardo, al que considera que no puede ser “juez y parte”. “El primero que tiene que cumplir la ley es él y demoler su chalé de Orellana”, ha acusado Sánchez, en referencia a la vivienda situada en el entorno del embalse de Orellana, en una zona de interés regional donde está prohibida cualquier tipo de construcción.

La eliminación de estos ingresos provocaría una merma de unos 100.000 euros anuales en las arcas del consistorio. No obstante, Sánchez asegura que “al depender de Badajoz, no tenemos problema. Lo cubrirían ellos”, garantiza.

Vecinos de Villafranco del Guadiana en contra del cambio de nombre de la población.

El regidor ha manifestado que acatará a la Justicia en caso de que finalmente le obliguen a cambiar el nombre al municipio, pero advierte de que pelearán hasta el final con una consulta para que todo el pueblo se pronuncie.

Más optimistas son en la otra localidad afectada por la decisión de la Diputación de Badajoz: Guadiana del Caudillo, y es que el juez no ha admitido a trámite la querella que el abogado Eduardo Ranz presentó contra ocho municipios con referencias a Franco en su topónimo.

Mecanismos y procedimientos “sectarios”

La historia de Guadiana del Caudillo se remonta a las primeras décadas del franquismo. En 1951, 276 colonos procedentes de otros municipios de Extremadura y Andalucía se instalaron en el terreno que ocupa actualmente el municipio, en las Vegas Bajas del río Guadiana, bajo las pautas dictadas por el Instituto Nacional de Colonización. Desde su creación hasta el año 2012, Guadiana del Caudillo ha pertenecido como entidad menor al municipio de Badajoz.

Su alcalde, Antonio Toro, ha definido las palabras de Gallardo como una “amenaza intolerable”. Es por ello que el consistorio ha aprobado una moción contra la “ilegalidad de la medida” y está estudiando una querella por amenazas contra el presidente de la diputación. “Desde que cogió el cargo ha tenido actuaciones totalmente sectarias y con malas formas para amedrentarnos”, asegura el regidor del PP.

A la pregunta de si Guadiana del Caudillo cumple con la Ley de Memoria Histórica, Toro se muestra tajante: “Por supuesto. Mientras que un juez no diga lo contrario, Guadiana del Caudillo cumple con una ley muy ambigua y que en ningún caso habla del topónimo de una localidad”.

La principal defensa que hacen en la localidad pacense es la historia y la voluntad popular. “Guadiana del Caudillo siempre se ha llamado así. Nunca ha tenido otro nombre. Se creó como tal y no nos identifica con el franquismo, sino con sus orígenes”, explica el regidor.

Un apoyo vía ‘referéndum’

El otro punto de apoyo se fundamenta en el consenso entre los vecinos. De hecho, el nombre del municipio fue objeto de consulta ante la población, que apoyó no modificar el nombre tradicional. Fue el 11 de marzo 2012, a través de una consulta popular en la que había tres opciones: apoyar el cambio de nombre a Guadiana, conservar la denominación histórica de Guadiana del Caudillo y proponer un nombre alternativo. Acudieron a votar 817 vecinos y 495 optaron por mantener el topónimo. “El pueblo se llama como quieren los vecinos”, alardea Toro.

Los ingresos provenientes de diputación suponen para esta localidad de 3.000 habitantes unos 100.000 euros al año aproximadamente, lo que equivale a menos del 10% del presupuesto. “No nos vamos a morir pero voy a pelear para que no se le quite ni un duro al pueblo”, afirma Toro.

No obstante, el regidor de la localidad advierte: “Si hay una sentencia judicial firme la acataremos y punto pero, hasta ahora, nadie me ha podido demostrar que se está incumpliendo la ley”. “El señor Vara lo intentó en su día y mira como acabó…. en la oposición”, se refiere Toro al hablar de la segregación del municipio.

Independientes con el ‘Caudillo’

La que fue entidad local menor Guadiana del Caudillo se convirtió en municipio independiente de la ciudad de Badajoz tras el visto bueno del Gobierno de Extremadura el 17 de febrero de 2012 en base a un informe favorable del Consejo Consultivo de la región. El anterior ejecutivo, presidido por Guillermo Fernández Vara, no autorizó la ‘independencia’ alegando que la mención al 'Caudillo' vulneraba la Ley de Memoria Histórica.

La decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz de no admitir a trámite la petición del abogado memorialista Eduardo Ranz para que Guadiana del Caudillo cambie su nombre y retire la placa de inauguración ubicada en la fachada del consistorio, referida al general Francisco Franco, ha generado un soplo de aire fresco en el resto de municipios denunciados.

En Villafranco del Guadiana se muestran “optimistas” tras esta decisión ya que entienden que puede marcar precedente para el resto. No obstante, la misma sentencia obliga al ayuntamiento a elaborar un catálogo con todos los vestigios alusivos a la dictadura militar y Francisco Franco, lo que supone el paso previo a la orden para la retirada de aquellos que incumplan con la ley.