El PSOE impulsa una ley que llenará de traductores de gallego, vasco y catalán la Administración

El PSOE registró este lunes una iniciativa de inmersión lingüística en catalán, euskera y gallego para la Administración central. La proposición de nueva ley orgánica contempla medidas como la obtención del DNI, pasaporte o permiso de conducir bilingüe en cualquier comunidad autónoma y la posibilidad de dirigirse a organismos como la Casa del Rey o el Tribunal Constitucional en una lengua cooficial.

El objetivo es que los ciudadanos utilicen cualquiera de las lenguas cooficiales en su relación con la Administración. La ley obligaría a llenar el aparato del Estado de traductores de catalán, valenciano, euskera y gallego. El borrador no cuantifica el coste. La propuesta incluye políticas de promoción exterior a través del Instituto Cervantes, la traducción de las páginas web de la Administración, la creación de un Consejo de las Lenguas Españolas, mecanismos culturales de difusión a través del cine o RTVE y una discriminación positiva a favor de los extranjeros que conozcan estos idiomas.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, y la diputada catalana Meritxell Batet presentaron juntos en el Congreso la llamada Proposición de Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España. La iniciativa es un gesto de la gestora del PSOE con el PSC en plena revisión de relaciones entre la federación catalana y Ferraz.

Páginas webs traducidas

Hernando dijo que "el deber y derecho de conocer el castellano" no impide que los ciudadanos utilicen otras lenguas oficiales en su relación con las Administración central. La propuesta legislativa recoge medidas de protección y fomento tanto en el ámbito público como en el privado.

La iniciativa consagra la obligación de prestar los servicios públicos -páginas web, información y concursos- en todos los idiomas del Estado. Los catalanes o vascos que, por ejemplo, vivan fuera de sus comunidades tendrán derecho a dirigirse a la Administración en sus respectivas lenguas aunque en sus lugares de residencia no se hablen. Además, los funcionarios que trabajen en comunidades con lengua propia deberán acreditar un grado de conocimiento "suficiente y adecuado" para satisfacer los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

El borrador del PSOE prevé la reforma de varias leyes que afectan al poder judicial y organismos del Estado. Las actuaciones judiciales y documentos en lengua cooficial de una comunidad tendrán "plena validez y eficacia" sin necesidad de traducción al castellano. Los escritos procesales en catalán, euskera y gallego aportados al Tribunal Constitucional también gozarán de "plena validez y eficacia jurídica, debiendo en todo caso el TC traducirlos de oficio al castellano". La misma modificación se aplicará al Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central .

Consejo de las Lenguas Españolas

Todos los trámites ordinarios como la redacción de los documentos de identidad podrán realizarse en catalán, euskera, valenciano o gallego en Madrid o cualquier otra comunidad autónoma del país. Las comunicaciones con la Casa del Rey se autorizarán en cualquier idioma oficial. En cuanto a los inmigrantes, el estudio y conocimiento de lenguas oficiales españoles "será valorado como mérito en el proceso de regularización por arraigo".

La iniciativa propone la creación de un Consejo de las Lenguas Españolas, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Este órgano será el encargado de impulsar y coordinar el trabajo del Gobierno con las comunidades autónomas. El Instituto Cervantes, con casi un centenar de centros en todo el mundo, participará activamente en la divulgación de la "realidad plurilingüística de España".

En el ámbito de la cultural y de la enseñanza, el PSOE propone que se favorezca el conocimiento y estudio de las lenguas cooficiales en todas las enseñanzas del sistema educativo español. Además, se contempla la elaboración de un plan para garantizar la efectiva utilización de las distintas lenguas en las instituciones de carácter cultural. Y se pide favorecer la traducción, doblaje y subtitulado de películas, así como la producción de contenidos propios en estos idiomas en medios de comunicación públicos como Radio Televisión Española.