Rajoy vacía Cataluña de autonomía por 6 meses y acerca las elecciones generales

Un alto cargo del Gobierno admitía esta semana en una cena que de todos los escenarios que se planteó Moncloa en Cataluña, se ha llegado al peor posible. La confesión demuestra las pocas ganas que tenía Mariano Rajoy de recurrir al 155 y la falta de previsión en el entorno del presidente. Tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como, sobre todo, el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, subestimaron la determinación de Carles Puigdemont de llevar la independencia hasta sus últimas consecuencias. Sáenz de Santamaría y Moragas creyeron que la antigua Convergència acabaría haciendo descarrilar el proceso y trataron de quebrar la unidad separatista alimentando el ego de Oriol Junqueras. Se equivocaron. En Moncloa han llegado a echar de menos a Artur Mas.

El acuerdo del Consejo de Ministros que despliega el artículo 155 de la Constitución vacía de contenido la autonomía catalana durante seis meses y traspasa el ejercicio de sus competencias a Madrid. El Gobierno ha solicitado al Senado que, al amparo del 155, le autorice a cesar a Puigdemont y todo el Govern. La propuesta, que el pleno de la Cámara Alta votará el próximo viernes, delega las funciones de la Generalitat "en los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación".

Rajoy se ha comprometido a convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Es decir, la intervención se puede prolongar casi un año, porque hay otros dos meses desde la disolución del Parlament hasta la fecha de las urnas y otros tantos quizá para la formación de un nuevo Gobierno. El impacto de las medidas deja la legislatura nacional herida de muerte y acerca unas elecciones anticipadas prácticamente constituyentes que, tal y como ha informado este diario, podrían incluso coincidir con las catalanas en la primavera del 2018.

El posible adelanto electoral no es sólo consecuencia de la debilidad parlamentaria del PP, sino también del riesgo de fractura entre el PSOE y el PSC. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, ha dimitido de la Ejecutiva federal del PSOE por su desacuerdo con el 155. Otros alcaldes del PSC han expresado públicamente su rechazo a esta medida. Si la intervención de la autonomía catalana se prolonga en el tiempo, algo que no descarta el Gobierno, le va a ser muy difícil al secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, mantener el apoyo de su partido a Rajoy.  

Legalidad, convivencia y economía

El presidente del Gobierno ha explicado en una rueda de prensa histórica por sus consecuencias que el despliegue del 155 no sólo busca restaurar la legalidad constitucional, sino también recuperar la convivencia en Cataluña y frenar la fuga de empresas. Rajoy ha hecho especial hincapié en los problemas económicos que ya se derivan del proceso independentista. Más de 1.000 compañías, entre ellas emblemas del emprendimiento catalán como Codorníu y los grandes bancos Sabadell y La Caixa, han abandonado Cataluña.

"Mi único temor como presidente del Gobierno español es no cumplir con mi obligación", ha dicho Rajoy. "No quiero que se vayan más empresas, ni más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin más daño para nadie".

Rajoy siempre quiso evitar el 155. Lo ha asegurado este sábado abiertamente. Por un lado, siempre creyó, como le decía su entorno más cercano, que Puigdemont echaría el freno. Y, por otro, no tenía el apoyo del PSOE. Pero el motivo fundamental es que el 155 no es una solución quirúrgica ambulatoria. Es cirugía mayor. La situación que vive España es grave y el Gobierno ya no tiene margen para nada que no sea Cataluña. Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL estos días, no hay 155 duro o blando. Se hace o no se hace. Otra cosa es el límite temporal. Los seis meses de plazo que se ha dado para convocar elecciones son un arma de doble filo, sobre todo si el Gobierno no consigue reconducir la situación de excepcionalidad en Cataluña.

La Administración central asumirá el control de los Mossos, el Presupuesto, los tributos y TV3. El Gobierno se reserva también la capacidad de sancionar por la vía disciplinaria, pero también por la vía de la responsabilidad penal, patrimonial o contable, a cualquier funcionario, alto cargo o consejero que se niegue a acatar la legalidad. El acuerdo prevé mantener el Parlament, pero atribuye al Gobierno central la capacidad de veto de iniciativas parlamentarias contrarias y la suspensión de la facultad de control al Ejecutivo por parte de la Cámara.

La solución que no quería

El 155 era y es la última bala. No puede salir mal. Ha pasado más de un mes desde los plenos de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament que aprobaron las leyes de referéndum y transitoriedad. Han transcurrido 20 días desde la jornada del 1-O. Felipe VI instó a los poderes del Estado a asegurar el orden constitucional en Cataluña en un histórico discurso el 3 de octubre. Las empresas han huido y hay un evidente boicot económico del resto del país. Rajoy ha aguantado presiones internas y externas de todo tipo para actuar antes. El líder del PP ha asumido el coste político y social de esperar al PSOE y Ciudadanos en su respuesta a la Generalitat. La fractura social en Cataluña ha seguido creciendo mientras tanto.

La comparecencia de Puigdemont el 10 de octubre en el Parlament fue la gota que colmó el vaso. El Gobierno consideró inaceptable la declaración ambigua y esa suspensión sine die de los efectos de la independencia. Rajoy, en permanente contacto con Sánchez activó el 155 a cambio de una reforma de la Constitución liderada por los socialistas. La deriva de los acontecimientos y la negativa de Podemos y el resto de formaciones nacionalistas a tomar parte en la comisión del PSOE hacen prácticamente inviable esa reforma, al menos por ahora.

Rajoy dio dos plazos a Puigdemont para responder al requerimiento sobre su declaración del Parlament. El Gobierno empezó a trabajar entonces en los distintos borradores de 155 que manejaba. El documento que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros es fruto de una minuciosa negociación con el PSOE, que ha liderado Carmen Calvo en su fase final.

Sánchez dijo a Rajoy desde un principio que sólo aceptaría el 155 en caso de llegar algún tipo de declaración de independencia, como así ocurrió el 10 de octubre. Ciudadanos también ha dado su visto bueno. La presión tanto del PSOE como del partido de Albert Rivera es la que ha llevado a Rajoy a fijar el horizonte temporal de las elecciones. El aval de la Unión Europea al Gobierno de Rajoy, obviando cualquier llamamiento al diálogo, ha sido definitivo. 

Generales en 2018

Pero al margen de las elecciones, el acuerdo del Consejo de Ministros es un documento duro y más exhaustivo de lo que se creía en un primer momento. Es cierto que Rajoy ha dejado muchas puertas abiertas a Puigdemont para que dé una salida a la crisis convocando elecciones. El presidente de la Generalitat, que no lo mencionó en su mensaje institucional, puede hacerlo antes de su cese, que autorizará el Senado la próxima semana. Rajoy ha dicho que una vez se activa el 155 no hay marcha atrás, pero existen fórmulas. El PP tiene la mayoría absoluta de la Cámara Alta y puede votar en contra del acuerdo si entiende que hay una salida legal por parte de Puigdemont. 

Si no se encuentra esa salida, el 155 precipita el final de una legislatura que ha quedado anulada por la crisis catalana. El Gobierno no ha podido presentar un proyecto de Presupuestos para el 2018 y la exigua mayoría parlamentaria del PP complica cualquier iniciativa legislativa en las actuales circunstancias. La salida de las urnas tampoco es una mala opción para el PSOE ante el riesgo de desgarro en el PSC.

Las elecciones anticipadas en 2018, incluso coincidentes con las catalanas, son una realidad cada vez más cercana. Hará falta un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo que afronten la probable reforma de la Constitución que deberá abordarse en los próximos años.