A quienes ven en la crisis catalana la oportunidad para abordar una reforma a fondo de la Constitución, el ministro Alfonso Dastis les daba motivos para la esperanza la semana pasada en una entrevista con la BBC. "Hemos creado una comisión en el Parlamento para explorar la posibilidad de modificar la Constitución para poder acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes", decía el ministro de Asuntos Exteriores. Pero es un puro espejismo. El partido que sustenta al Gobierno no tiene intención de sumar mayorías para cambiar ni una coma de la Carta Magna.

Esta semana se constituye en el Congreso la Comisión para la Evaluación del Modelo Autonómico y fuentes conservadoras ya descartan en privado que la reforma constitucional vaya a abordarse en la presente legislatura. El PP pactó con el PSOE la creación de esa comisión para conseguir el apoyo de Pedro Sánchez a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Grandes consensos ¿ahora?

Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, Congreso y Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentaría obtener mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que tendría que ser votado por el Congreso y el Senado. Si la revisión del texto afecta al Título preliminar (que contiene los principios fundamentales), al Capítulo segundo o a la Sección primera del Título I (dedicado a los derechos fundamentales) y al Título II (centrado en la Corona) se necesita el apoyo de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes.

Bajo estos altísimos grados de consenso, fuentes del PP recuerdan que Unidos Podemos todavía no tiene claro ni siquiera si formará parte de la Comisión y que los partidos independentistas ya se niegan a sentarse en una mesa de debate. "¿Así, cómo vamos a llegar a un acuerdo sobre qué queremos cambiar?", se preguntan.

"El lío puede ser monumental"

Los conservadores son conscientes de que quizá ha llegado el momento de actualizar una Constitución diseñada hace 40 años. Sin embargo, recuerdan que los políticos de entonces "fueron hombres de Estado que aparcaron sus diferencias por el bien de España". En el PP subrayan el "amplísimo" grado de consenso que se necesita alcanzar en las Cortes para justificar su tesis de que, con un Parlamento tan fragmentado, es "prácticamente imposible" sellar un acuerdo de esta envergadura.

La primera propuesta que harán los conservadores a los demás grupos parlamentarios es acotar el perímetro de actuación. A su juicio, lo importante es que las formaciones políticas consensúen "qué parte hay que reformar y para qué, cuál es el objetivo que se persigue con ese cambio". El PP no aceptará "en ningún caso" abordar una reforma de esta envergadura sin consensuar antes qué capítulo tocar. "El lío puede ser monumental", argumentan.

La mayoría absoluta en el Senado 

Los conservadores se guardan un as bajo la manga. Con la mayoría absoluta que tienen en el Senado pueden vetar cualquier cambio que aprobara el Congreso. No obstante, las mismas fuentes se muestran muy escépticas en cuanto a que esta comisión pueda llegar a buen puerto y siquiera que de ella puedan salir conclusiones que se traduzcan en un cambio futuro en la Constitución.

"La comisión servirá para comprobar que es imposible ponernos de acuerdo. Hay partidos que no tienen sentido de Estado y no se van a poner de acuerdo con el PP por el simple hecho de que somos el PP", vaticinan. La realidad es que los propios partidos constitucionalistas están divididos. Albert Rivera, en una entrevista con El Mundo, mostraba este domingo sus diferencias con el PSOE: "No creo que el debate pase por dar a Cataluña más privilegios, más competencias y menos control". En esa línea se mostraba hace unos días José María Aznar: "La reforma constitucional no debe ser un pago a plazos".

Noticias relacionadas