Rivera se adelanta a Casado y le ‘roba’ la promesa de suprimir el impuesto de sucesiones
- Esta medida fue anunciada por el líder del PP poco después de ser elegido, pero su grupo nunca la ha llevado al Congreso.
- Cs propone una ley para suprimir el impuesto de sucesiones en toda España.
- Así sería la gestante altruista que Cs plantea en su proposición de ley.
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Ni sucesiones ni secesiones. Una premisa compartida por Pablo Casado y Albert Rivera, pero también un adelanto por la derecha al PP que Ciudadanos ha pretendido sellar este lunes. A las puertas del “otoño caliente” cocinado por el separatismo, la formación naranja decidió llamar “a la calle” a sus afiliados en busca de lazos amarillos. Un giro que los populares trataron de desactivar tachándolo de “confrontación” o provocación innecesaria. Ahora, el líder de Cs ha dado un paso al frente con una proposición legal para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, una de las promesas enarboladas por su adversario poco después de ser elegido presidente del PP.
Casi la misma edad, licenciados en Derecho, bautizados en las tertulias, reivindicadores de Adolfo Suárez, bendecidos por Aznar… Un puñado de similitudes que ilustran la pelea de Rivera y Casado por el electorado que va desde el centro hasta la derecha. Ambos cargan contra el Gobierno por una previsible subida de impuestos, por su “indiferencia” en relación a Cataluña y sus bandazos en materia de inmigración. A ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales, bucean en los matices y afilan el ingenio en las propuestas para adelantarse en una carretera a punto de ser invadida por las urnas y los mítines.
La última maniobra de Rivera tiene que ver con uno de los puntos que Casado incluyó en su decálogo para un posible Gobierno: la supresión de impuestos “absurdos”, entre ellos el de sucesiones y donaciones. El grupo parlamentario naranja registra este martes una ley que lo articula. El gesto tiene mucho de “adelanto”, teniendo en cuenta que, según las fuentes consultadas por este diario, la medida llega a la Cámara sin una conversación previa con el PP. “El contacto es cero de cero”, ha dicho varias veces Rivera para referirse tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Casado.
El líder conservador lanzó un dardo al presidente de Cs cuando le vio, acompañado de Inés Arrimadas, retirando lazos amarillos en las calles de Cataluña: “El PP ha optado por una política de responsabilidad, de no llevar a la calle la confrontación”. Esta semana deberá aclarar si apoyará a Rivera en la supresión del impuesto de sucesiones, que le ha arrebatado la iniciativa en términos legislativos.
Una bonificación del 100%
“Todavía no lo hemos hablado ni negociado con nadie”, confirmaba el portavoz de Economía naranja en el Congreso, Toni Roldán, en una charla informal con varios periodistas. Preguntado en concreto por el Partido Popular, añadía: “No ha habido mayor subida de impuestos en la democracia que la implantada por su último Ejecutivo. Dicen que quieren quitarlo, pero en Valencia y Baleares, donde gobernaron, hay un impuesto de sucesiones altísimo”.
El deseo de Ciudadanos pasa por aplicar una bonificación del 100% en todas las Comunidades autónomas, que disponen actualmente de la competencia para regular este tributo. Los naranjas ya han logrado varias reducciones desde la oposición: Andalucía, Aragón, Murcia… Pero su última Ejecutiva ha decretado un objetivo más ambicioso: desactivarlo en todo el país vía ley.
A los de Rivera se les acumulan las “prioridades”. Por una cuestión de aritmética parlamentaria, tan sólo disponen de unas cuatro oportunidades al año para presentar propuestas legales. A la relacionada con la gestación subrogada, se une ahora la del impuesto de sucesiones.
La medida encaja con el lema “libres e iguales” que Ciudadanos ha acuñado también para Cataluña. “Es un impuesto extremadamente caótico, que genera una desigualdad enorme. A veces se dan incluso diferencias de 100 a 1 en función del lugar en el que se muere. Hay familias que renuncian a su herencia porque no pueden pagar este impuesto”, especificaba Roldán.
El diputado naranja mencionó Suecia y Portugal como dos de los países europeos que no gravan las sucesiones ni las donaciones y describió a España “por encima de la media” en términos de tipos y recaudación.
¿Por qué bonificarlo y no eliminarlo?
Para comprender lo que pretende Ciudadanos, conviene especificar la diferencia entre bonificación y reducción. Lo primero –en un índice del 100%, como es el caso– afecta al importe total de lo que se va a cobrar como herencia. Lo segundo –ya aplicado en algunas Comunidades– exime al contribuyente de pagar siempre y cuando lo recibido no supere el importe marcado por la reducción. Por ejemplo: si la reducción es de 500.000 euros, todas las herencias inferiores se libran de la gravación. “Si se aplica nuestra ley, no habrá diferencias en función del lugar. Quedará desactivado por completo”, detalló Toni Roldán.
Ahora, el impuesto de sucesiones y donaciones influye en el contribuyente de manera distinta dependiendo de si figura en el grupo 1 o en el 2. El primero se refiere a la relación padre-hijo, de cónyuge… Los naranjas pretenden incluir en este apartado también el parentesco abuelo-nieto. “Para todos ellos se aplicaría el 100%”. Como novedad, la bonificación completa también podrían disfrutarla hermanos y tíos-sobrinos si se tratara de dejar en herencia viviendas habituales o empresas.
¿Por qué bonificarlo, y no eliminarlo? Aunque desactivado y sin efectos prácticos, el Estado podría controlar las transacciones en este ámbito, una información útil a ojos de Ciudadanos para llevar a buen puerto el resto de la política macroeconómica.
Los cálculos naranjas arrojan un descenso en la recaudación de 2.000 millones de euros. Lo sufrirían las arcas de los Gobiernos autonómicos, que son quienes ahora lo gestionan. De ahí que el texto legal de Rivera anime a la negociación con los presidentes regionales para suplir la rebaja.
La formación liberal apuesta por cubrir esta cantidad con la supresión de las duplicidades. Lo que Rivera mencionó este lunes como la “grasa del Estado”. Para ello, pretenden que una comisión de expertos dictamine los gastos superfluos de las instituciones para después proceder a ese “adelgazamiento” de lo público.