El Gobierno y Podemos guardan silencio mientras crece el escándalo mundial por el asesinato de Khashoggi

Frente al comunicado conjunto de los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania, el Gobierno español guarda silencio. El grueso de Europa ya ha explicitado su "grave preocupación" por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, exiliado de Arabia Saudí que entró en el consulado de su país de origen en Estambul y nunca volvió a salir. Podemos se ha plegado a Pedro Sánchez y también evita postularse.

En el parlamento europeo ya circula una misiva que pide sanciones para la monarquía petrolera por el caso Khashoggi. El texto ha recopilado las firmas de Beatriz Becerra -del grupo ALDE, cercana a Ciudadanos-, BNG, PNV y ERC. Ni rastro de PP y PSOE. Cabe destacar que Mariano Rajoy incrementó notablemente el comercio con Riad.

Las autoridades turcas aseguran, tras concluir su investigación, que Khashoggi fue torturado y descuartizado en las dependencias saudíes por orden de la monarquía de este país. Según los detalles recogidos por el New York Times, el periodista habría sincronizado su reloj con un teléfono móvil que dejó en manos de su novia, lo que habría supuesto la grabación y el envío de las conversaciones que rodearon su muerte.

El suceso ha sacudido los cimientos de la economía internacional. Demócratas y republicanos presionan a Trump para que rompa lazos con Arabia Saudí: "Seguirán asesinando civiles mientras continuemos dándoles armas". Además, algunos de los partners más prestigiosos han cancelado su participación en el "Davos del Desierto", un foro de inversión que acogerá Arabia Saudí en las próximas semanas. El presidente del Banco Mundial, entre otros, se ha borrado de la cita.

Los contratos Madrid-Riad

Pero Moncloa no responde. Tampoco Podemos. Este periódico ha requerido una opinión al respecto acerca del caso Khashoggi, pero no ha recibido respuesta. Riad es el tercer cliente más importante de España en materia de Defensa. Sólo entre 2015 y 2018, nuestro país vendió armamento por 932 millones de euros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se planteó desactivar la venta de 400 bombas a los saudíes, pero su intención fue rápidamente desbaratada por Pedro Sánchez. El presidente la desautorizó y dijo que no había contemplado "todas las derivadas". Riad se está armando para la guerra de Yemen. De ahí la última compra a España. La coalición que integra Arabia Saudí ha sido acusada de bombardear zonas pobladas de civiles: hospitales, escuelas... En un resbalón, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguró: "Son bombas láser de alta precisión, no se van a equivocar matando yemenís".

La circunstancia de Yemen también resquebrajo a los de Pablo Iglesias, principal socio del Gobierno. La dirección nacional siempre ha instado al Ejecutivo a "romper lazos con un país que no respeta los Derechos Humanos". Un mensaje difícil de digerir en Andalucía, donde los saudíes generan 6.000 puestos de trabajo con la fabricación de corbetas en la bahía. Se dijo que si Moncloa cancelaba el contrato de las bombas, Riad haría lo propio con las embarcaciones. Un extremo que obligó al alcalde morado de Cádiz, Kichi, a inclinarse por mantener el comercio.

En conversación con este diario, fuentes del PP dicen que Sánchez "hizo bien en rectificar" en aquel momento, pero la desaparición de Khashoggi aporta una nueva variable: "Pedimos prudencia, necesitamos más elementos de juicio". No obstante, al contrario que Moncloa, los populares se unen a los ministros de Exteriores de los países vecinos que han exteriorizado su "grave preocupación".

Por otro lado, fuentes de la Ejecutiva de Ciudadanos, en contacto con EL ESPAÑOL, reseñan: "Son hechos gravísimos. Esperamos que el grupo internacional que se ha creado contribuya con su investigación a esclarecer este episodio". Los naranjas apuestan por "reforzar los controles en la exportación de armas, especialmente si se trata de países en conflicto". En su momento, los de Rivera exigieron al Gobierno que instara a Arabia Saudí a demostrar su compromiso de no emplear sus "compras" contra la población civil ni en detrimento de los Derechos Humanos.