El jubilado que acorrala a Hacienda por ensañarse con quienes tienen dinero en el extranjero

De los polvos de la ley de amnistía fiscal de Mariano Rajoy, a estos lodos. Manuel Molina es el primer español que sufrió el modelo 720, ideado por el entonces ministro Cristóbal Montoro, para imponer sanciones a los ciudadanos que tuvieran dinero en el extranjero sin declarar.

Fue una medida elaborada tras el fallido plan de recaudar fondos mediante la polémica amnistía que perdonaba el cumplimiento de obligaciones tributarias a los que tenían fondos en otros países.

Pero el remedio buscado resultó peor que la enfermedad. Se aplicaron sanciones del 150% sobre el patrimonio que, en la mayoría de los casos, eran inasumibles y que muchas veces se aplicaban a personas que no eran evasores fiscales. 

El caso paradigmático es el de Manuel Molina, un comercial jubilado de Granada que, a sus 70 años, se encontró con que Hacienda le exigía pagar una sanción de 439.000 euros por unos ahorros de 300.000 euros que tenía en Suiza desde hacía más de 20 años.

Dictamen de Europa

“He trabajado toda mi vida en diversas empresas. Llegué a ahorrar 200.000 euros porque era más lo que ingresaba que lo que gastaba y un amigo mío que trabajaba en Suiza me dijo de ponerlo allí, que sería más seguro”, relata el afectado a EL ESPAÑOL.

Molina se encuentra ahora pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, pero hay un dictamen de la Comisión Europea contra España por esta norma que considera “abusiva” y “desproporcionada” y que, ahora, puede jugar a favor de sus intereses.

Su abogado, Esaú Alarcón, se muestra optimista: “Logramos que el Ministerio de Hacienda llevara como prueba el dictamen de la Comisión Europea y tenemos la confianza de que los tribunales españoles resuelvan en contra del modelo 720 antes de que lo haga el Tribunal de Luxemburgo”.

La batalla judicial no es fácil, ya que significa poner en entredicho una ley del ordenamiento jurídico español. Pero si el fallo se resuelve a favor del interesado, la jurisprudencia tanto nacional como comunitaria puede ser la motivación final para que el Gobierno decida, de una vez, revisar esta medida que, según los expertos, no contribuye a solucionar el problema de la evasión fiscal.

Ley de amnistía

Después de que la ley de amnistía no lograrse recaudar ni la mitad del objetivo marcado por el Ejecutivo de Rajoy, Montoro promovió este modelo 720 -una declaración de inversiones en en extranjero- para perseguir a los ciudadanos que tuvieran dinero fuera de España.

Esta medida afectó a muchos ciudadanos jubilados de otros países que llevaban años viviendo en España. También a Manuel Molina, que cayó en una pequeña depresión al ver que Hacienda consideraba sus ahorros como parte del rendimiento de años en la declaración de la renta.

“Nunca me interesé por si el dinero daba rendimientos o no en Suiza. Lo puse allí para evitar la inestabilidad de la moneda. Entonces en España estaba la peseta. Para mí ese dinero era un plan de pensiones tras mi jubilación”, explica.

El principal problema con el que se encontró Molina es que entregó fuera de plazo la declaración de los fondos que ostentaba en el país helvétivo. “No me enteré tampoco de la ley de amnistía de antes, me encontré con una ley muy compleja y me puse en manos de los expertos”, se defiende.

Una sanción del 150%

Cuando regularizó su situación le llegó una sanción del 150% sobre su patrimonio, de 439.000 euros que superaba con creces lo ahorrado en sus 20 años trabajando de comercial en Granada, Zaragoza y Bilbao. 

Sus abogados han logrado que Hacienda le retire la sanción. Su batalla ahora, pendiente de ser juzgada en la Audiencia Nacional, es que el Estado le retire también su propósito de que tribute sus ahorros como ganancias. “Le hacen tributar a un tipo estratosférico a un pobre señor jubilado”, remacha su abogado. Manuel lleva desde 2014 con esta batalla.