Sánchez, desbordado por la cifra de muertos, se echa en brazos del sector más radical del Gobierno

La prohibición del despido por "causas económicas, de producción, de organización o de fuerza mayor" y la agresividad de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa en la que anunció este viernes la medida han sido recibidas por los empresarios como una declaración de guerra del Gobierno.

Políticamente, la decisión de Sánchez sólo puede interpretarse como una victoria del sector más radical del Gobierno frente al sector tecnocrático encabezado por Nadia Calviño. La decisión de prohibir todo despido no cubierto por los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) supone en la práctica una enmienda a la totalidad de las tesis defendidas por la ministra de Economía.

"Son medidas bolivarianas", afirmaron fuentes empresariales tras conocerse la decisión de un Gobierno socialista abrumado por una sangría de despidos que amenazaba con disparar la tasa de paro hasta niveles no vistos desde la crisis de 2008.

Según los empresarios, la epidemia de Covid-19 es sólo la excusa utilizada por el Gobierno de PSOE y Podemos para "acabar con el modelo de libre empresa". La medida fue, sin embargo, bien recibida por UGT. "Los empresarios deben entender que estamos en emergencia y que no se puede despedir", dijo su líder Pepe Álvarez. 

Tampoco ha sentado bien entre un sector empresarial ya muy golpeado por la crisis la agresividad con la que se expresó la ministra de Trabajo, de Podemos, que llegó a insinuar la idea de que los empresarios están aprovechando la epidemia para despedir trabajadores. "Nadie puede aprovecharse de la crisis sanitaria. No se puede utilizar el covid-19 para despedir", dijo la ministra. 

Situación crítica

El anuncio de la prohibición del despido mientras dure la crisis no parece casual. Porque la posición del Gobierno, muy frágil desde el comienzo de la epidemia, se había convertido en insostenible ayer. 

El fiasco de la compra de 640.000 tests; los 64.059 infectados y 4.934 muertos; las persistentes quejas por la falta de material sanitario de protección, de respiradores y de medicamentos esenciales; los contagios y las muertes de médicos y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y la noticia de que Irene Montero ocultó su contagio a los funcionarios de su Ministerio, situaron en una posición muy delicada al presidente del Gobierno. 

Las tensiones entre los ministros de PSOE y de Podemos son habituales desde el comienzo de la crisis. Podemos ha acusado repetidamente de "hostilidad" a Nadia Calviño y Carmen Calvo. Los de Iglesias acusan también a Calviño y Calvo de las filtraciones que han dejado al descubierto, y en manos de la prensa, esas discrepancias. 

Pero a esa guerra no es ajeno Podemos. Los ministros de Iglesias también han presionado con insistencia a Pedro Sánchez para que adopte unas medidas económicas –el famoso "escudo social"– que parecen más en sintonía con el programa electoral del partido morado que con el del partido socialista. 

El principal detractor de esas medidas es el sector más tecnocrático, o socialdemócrata, del Gobierno. Un sector encabezado por Nadia Calviño y del que también forma parte Carmen Calvo, aunque por razones muy distintas a las de la ministra de Economía. 

Huída hacia delante

La respuesta de Sánchez frente a esas tensiones internas ha sido lanzarse a los brazos del sector más radical del Gobierno, el de Podemos. En la práctica, una huida hacia delante que conduce al país por un camino muy diferente al del resto de la UE.

La decisión resulta chocante a la vista de la lealtad y el sentido de Estado con el que PP, Ciudadanos e incluso Vox han reaccionado a esta crisis. Y la sesión del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados fue una prueba de ello.

Durante esa sesión, el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox a la prórroga del estado de alarma y la abstención de Bildu y JxCAT, pero sobre todo de ERC, situaron al presidente del Gobierno frente a una evidente disyuntiva.

¿Debe continuar Pedro Sánchez apoyándose en esos socios de investidura –y de moción de censura– que evitaron votar a favor de la prórroga del estado de alarma? 

¿O debe librarse Pedro Sánchez de la soga que le ata a sus socios actuales y aliarse con esos partidos de la oposición –PP y Ciudadanos– que este miércoles apoyaron la prórroga del estado de alarma? Partidos que, en una situación de emergencia como la actual, no pondrían peros a un Gobierno de concentración nacional junto al PSOE.

Incógnita resuelta

Las medidas anunciadas ayer por la ministra de Trabajo parecen haber resuelto la incógnita. Frente al Gobierno de concentración de PSOE, PP y Ciudadanos que tantos sectores políticos y empresariales han suplicado al Gobierno durante los últimos días, Sánchez ha optado por la radicalización de un Gobierno ya de por sí volcado hacia la extrema izquierda. 

La decisión de Sánchez de apoyarse en Podemos en vez de en los partidos del centroderecha no le garantiza el futuro apoyo de los partidos nacionalistas, cuya lógica política discurre por libre. Pero lo facilita. Una ruptura del PSOE y de Podemos, y una consiguiente alianza con PP y Ciudadanos, le supondría perder los apoyos de ERC y muy posiblemente del PNV.

Apostando por Podemos, Sánchez ha optado por una salida de la crisis fiscalizada por el populismo de extrema izquierda y el nacionalismo.

La decisión es arriesgada. Porque Sánchez no tiene ninguna garantía a día de hoy de que sus actuales socios, conscientes de la debilidad parlamentaria del PSOE, no sientan la tentación, una vez superados los peores momentos de la crisis, de tensar la cuerda para exigir unas medidas y unas concesiones que serían incapaces de conseguir en condiciones de normalidad. Si lo han hecho en plena epidemia, ¿qué no harán cuando esta amaine y Sánchez esté más débil que nunca?