PP, PSOE y Ciudadanos están haciendo un último esfuerzo para que de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica puedan aflorar propuestas fructíferas y consensuadas para reactivar la economía. Este martes cada partido debe presentar las enmiendas transaccionales y entre las tres formaciones se han producido contactos para alcanzar un acuerdo de mínimos.
La voluntad política existe, pero falta la concreción. Si el pasado miércoles altos representantes de los tres partidos se entablaron en el Congreso de los Diputados por primera vez desde el inicio de la legislatura para abordar un pacto antitransfuguismo, el siguiente paso es que esa Mesa para la Reconstrucción que nació torcida -con destacadas ausencias y más bronca que diálogo- pueda desembocar en un entente útil al menos en materia de Sanidad y de medidas acorde con los compromisos con la Unión Europea.
"Estamos trabajando para cerrar un acuerdo en Sanidad y Unión Europea. La posibilidad de que haya acuerdo es bastante factible", explican fuentes presentes en estas reuniones a EL ESPAÑOL.
Reunión entre S. Sumelzo, A. R. Gómez de Celis, Raquel González, Carlos Cuadrado y J.M. Espejo-Saavedra.
El pasado 3 de julio las negociaciones entre PSOE y PP no dieron sus frutos y la Comisión de Reconstrucción, que se ha celebrado durante estos dos últimos meses en plena pandemia, concluyó sin consenso, aunque ambos partidos señalaron que todavía había margen para dialogar.
En ese momento, fue Ciudadanos quien tendió la mano al Ejecutivo para sacar adelante los cuatro documentos de conclusiones elaborados por los grupos de trabajo (Reactivación Económica, Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, Sanidad y Unión Europea).
Estrategia industrial
Los pactos que están en vías de cerrarse este martes entre los tres partidos tienen que ver con el refuerzo de la Sanidad Pública, la Creación de una Agencia Estatal de Salud que cubra todo el país, y la necesidad de eliminar o reducir el copago del sistema sanitario.
En materia económica, PP y PSOE están trabajando en reforzar el principio de consolidación fiscal. "Haya o no mucha condicionalidad europea, este debe ser un compromiso entre fuerzas de gobierno en un país", explican fuentes parlamentarias.
Otro de los puntos donde cuentan también con el aval de Unidas Podemos es en la "reducción de la deuda pública".
Por lo que respecta a la falta de abastecimiento de material sanitario y equipos de protección que la pandemia ha dejado al descubierto, PP, PSOE y Cs buscan apuntalar una "estrategia industrial" con los fondos comunitarios.
Uno de los debates derivados de la recepción de fondos de la UE es la baja tasa de ejecución presupuestaria que hay en España. Según las fuentes consultadas, además de intentar negociar partidas suficientes para cubrir el agujero que ha dejado la pandemia, debería haber más diligencia a la hora de que este dinero se acabe invirtiendo.
Por ejemplo, el sector público estatal español solo invirtió en 2018 uno de cada dos euros del presupuesto disponible para I+D+I, según datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE).
Donde sí parece que no habrá acuerdo es en la cuestión de las ayudas a la escuela concertada. Tampoco la formación de Inés Arrimadas coincide en este punto con el Ejecutivo de coalición. "Criticamos los prejuicios ideológicos de PSOE y Podemos y esta discriminación deliberada a los alumnos en función del centro en el que reciben su formación", explican desde Ciudadanos.
De acuerdo con el partido naranja "la crisis del Covid ha afectado por igual a todas las familias, alumnos y centros, y no entendemos que se excluya de las necesarias ayudas para afrontar esta crisis a familias y alumnos en función de la titularidad del colegio al que acuden".
Mayorías parlamentarias
A estas alturas, cuando se ha celebrado la tercera jornada seguida de cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, nadie obvia que la crisis sanitaria del Covid-19 ha modificado el rumbo de la política española.
La necesidad de liquidez procedente de los fondos comunitarios sujetos a condicionalidad también obligan al Gobierno de Pedro Sánchez a mirar hacia PP y Ciudadanos para generar confianza entre socios europeos, que ya han dejado claro quiere amplias mayorías parlamentarias, y un alejamiento de las posturas radicales de Podemos.
Los presidentes de España, Italia, Francia y Alemania, junto a la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen.
De hecho, los discursos del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, sobre el llamado "escudo social" han dado paso a posicionamientos más orientados en la necesidad de mantener la reforma laboral o recortar las pensiones.
Como informó este diario, el 'freno de emergencia' que sopesa la Unión Europea con el fin mantener un control férreo sobre las ayudas a la reconstrucción pone en apuros la política social del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.
La posibilidad de veto por parte de cualquier Estado miembro dificulta que Pedro Sánchez pueda cumplir su aspiración de aumentar el gasto social, en particular en medidas laborales y pensiones. El riesgo cierto es la paralización inmediata de los 140.000 millones de euros de fondos europeos a los que aspira España para amortiguar la crisis socioeconómica derivada del virus.
En juego están los Presupuestos de 2021. Y los socios del Gobierno anteriores al Covid puede que no sean útiles para este nuevo ciclo pospandémico que demanda grandes consensos.