El histórico acuerdo alcanzado en la Unión Europea para que los socios comunitarios emitan por primera vez deuda común a gran escala con el fin de financiar la recuperación tras el paso arrasador del Covid-19 puede suponer un punto y aparte para los pactos del Gobierno de coalición con la “mayoría de investidura”.
El pleno de este martes en el Congreso sacó a relucir la incomodidad que ERC y EH Bildu sienten ante un entente que hará muy complicado derogar la reforma laboral -como pretenden ambas formaciones- o emprender un plan de gasto social si antes el Ejecutivo no cumple con las reformas estructurales que demanda Bruselas.
“No entendemos cómo existiendo una supuesta mayoría progresista no se haya avanzado en ninguna de las demandas sociales”, reprochó la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, al Gobierno.
Para la diputada abertzale, rechazar un “impuesto a la grandes fortunas” y a la “banca”, “derogar la reforma laboral”, y las “pensiones mínimas de 1.080 euros” no es compatible con el que dice ser el “gobierno más progresista de la historia”. “Lamentamos que no hayan sido valientes”, apostilló.
Discurso parecido hizo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que puso el acento en el cambio del panorama político que puede suponer el fondo de recuperación europeo. El político separatista "sospecha" que dicho pacto comportará recortes en los presupuestos, que en su opinión serán más fáciles de acometer con Ciudadanos que con su grupo político.
Precisamente, el portavoz parlamentario del partido naranja, Edmundo Bal, se congratuló de que si Europa había “estado a la altura", ahora le tocaba estarlo al Gobierno con reformas estructurales que podrían salir adelante con el PP y con Cs, porque no se pueden dejar en manos de "populistas y nacionalistas".
Bal puso de nuevo encima de la mesa la imposibilidad de suprimir la reforma laboral, al tacharlo de un propósito “irrealizable”. Y es que este tema se está convirtiendo en la madre del cordero para el bloque de investidura. Íñigo Errejón (Más Madrid) y Joan Baldoví (Compromís) alertaron de que Sánchez no tiene ahora "excusas" para no cumplir sus acuerdos de investidura y no derogar la reforma laboral.
Podemos, desubicado
Y aunque desde Unidas Podemos han intentado calmar a sus socios preferentes -Bildu y ERC- con que el compromiso de derogar la reforma laboral "tiene más vigencia que nunca" -en palabras del diputado Gerardo Pisarello-, el PSOE mantiene silencio y mira hacia PP y Cs.
La formación conservadora recogió el guante de Cs y se visualizó esa mayoría moderada que en estos últimos días empieza a alcanzar acuerdos como el de antitransfuguismo y celebró que la negociación comporte responsabilidad en el uso de los fondos y “reformas estructurales como la vigente reforma laboral”.
El líder popular sostuvo, además, que el consenso europeo es "una enmienda a la política del Gobierno de España" en lo que toca a sus pactos de investidura con Podemos y sus vínculos con Bildu y nacionalistas.
Un socio inesperado de los nacionalistas vascos y catalanes ha sido Vox. Aunque la formación de Santiago Abascal defendió su oposición a los Pactos para la Reconstrucción en que se trataba de una “trampa” y que desde su nacimiento estaba “abocada al fracaso”. Dejando al margen el acuerdo fraguado en Bruselas.
El escollo de la concertada
Si en materia de Sanidad y Unión Europea, PSOE, PP y Ciudadanos han logrado ponerse de acuerdo, no parece que el dictamen de medidas sociales para la reconstrucción de España tras el Covid-19 que se someterá a votación este miércoles en el Pleno de la Cámara puedan volver a unir a esta mayoría moderada.
Bal lamentó que "no ha habido manera" de ponerse de acuerdo y ha denunciado que la posición del Gobierno atenta “contra la libertad de enseñanza, la libertad de los padres a elegir y contra los padres y los profesiones de una enseñanza que es también pública, porque se paga con dinero público”.
Tampoco en este punto el Ejecutivo encontrará el apoyo del PP. Como informó este medio, las grandes líneas de acuerdo se centran en reforzar la Sanidad, con la creación de la Agencia Nacional de Salud -que pedían los de Pablo Casado-, y en Unión Europea. En Economía y Políticas Sociales nada apunta a que se logré un entente a tres bandas.
División en la izquierda
El debate en el Congreso evidenció la distancia de ERC, EH Bildu y BNG, entre otras formaciones, con el Gobierno, al que acusaron de mirar a la derecha a costa de aparcar una salida de izquierdas a la crisis.
Los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, se esmeraron en defender que de la comisión debía salir un acuerdo amplio frente a las posiciones de algunos de sus socios, mucho más anclados en posiciones maximalistas.
"Este documento no es un acuerdo de Gobierno, ni de partido, es un acuerdo de país", dijo Lastra, para acto seguido apuntar que era necesario sumar a quienes no piensan como uno mismo y llamar a la unidad.
Lo hizo después de que el portavoz de ERC considerara insuficiente el alcance del acuerdo y advirtiera de que se cierra "en una especie de Juan Palomo, entre el PP y el PSOE: yo me lo guiso, yo me lo como".
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