El decreto de alarma en Madrid se reescribió en un Consejo de dos horas "previsto para 15 minutos"

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo decaer las limitaciones a la movilidad de los madrileños hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma en nueve localidades de la Comunidad pasaron 30 horas... pero debieron ser, al menos dos menos: las que se alargó mucho más de lo esperado el Consejo de Ministros extraordinario que lo aprobó.

Cuando Moncloa comunicó a los periodistas que la reunión comenzaba a las 12.00 horas del viernes 9 de octubre, añadía en la misma nota que "tras la reunión, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerán en rueda de prensa, a partir de las 12.30 horas". Y sin embargo, no aparecieron en la sala de prensa hasta pasadas las 15.00 horas.

La reunión de los ministros, en ausencia de Pedro Sánchez -lo que, sin duda, marcó la cita-, vivió un incidente llamativo: hubo que reescribir el real decreto.

Según fuentes conocedoras de lo acontecido en la gran sala que Moncloa ha habilitado para que en las reuniones del gabinete se pueda guardar la distancia social que impone la pandemia de coronavirus, los dos ministros con mayor formación jurídica, Margarita Robles y Juan Carlos Campo, pararon la lectura y advirtieron de que el texto necesitaba mejoras para ganar sustento jurídico. Y hubo que reescribirlo en directo.

La convocatoria

En la tarde noche del jueves 8 de octubre los teléfonos de Illa y de Carmen Calvo echaban humo. El ministro de Sanidad, intentaba hablar con su homólogo en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Trataba de cerrar una reunión del Grupo Covid-19 que solucionara mediante un acuerdo político el caos regulatorio que había provocado a mediodía el auto del TSJM, negándose a ratificar las restricciones impuestas en 10 ciudades madrileñas.

El móvil de la vicepresidenta primera, en contacto con el de Sánchez. Desde Argelia, el presidente aprovechaba los recesos entre recepciones con el primer ministro y encuentros con empresarios de ambos países para ordenarle que tuviera todo preparado para un Consejo de Ministros extraordinario en la mañana del viernes que decretara el estado de alarma en Madrid.

Según fuentes del Gobierno, pasadas las 21.00 horas, todos los miembros del Ejecutivo fueron citados al día siguiente en Moncloa. Primero, a las 8.30 h. Y después, a las 12.00 h para actuar como marca el artículo 6.1) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: "La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros".

A la prensa se le comunicó que habría Consejo, pero que éste no tenía hora ya que Isabel Díaz Ayuso había "pedido tiempo" al presidente del Gobierno. La realidad, es que Sánchez le dio un ultimátum -como ya contó este periódico- con tres opciones y con deadline a mediodía: "O redactas la misma orden invocando la ley adecuada, la de 1986; o me pides el estado de alarma y lo decretamos juntos; o lo decreta el Gobierno de España".

Tensión en el Consejo

Después del varapalo del día anterior en el TSJM, Sánchez tenía dos objetivos. El primero, evitar a toda costa el éxodo masivo de madrileños en el Puente del Pilar. Y el segundo, aprobar un real decreto de alarma irreprochable, que no diera a Ayuso argumentos ni para el recurso judicial ni para el recurso al pataleo. 

Salvador Illa (i), Robles (c) e Iglesias (d) en el Consejo extraordinario que decretó la alarma en Madrid. Moncloa

Y así, ya reunidos los ministros en su ausencia, comenzó la lectura del texto preparado por los técnicos de la Vicepresidencia primera. Lo que iban a ser 15 minutos de lectura y votación, según las fuentes, se convirtió en más de dos horas de acalorado debate jurídico y comunicativo.

Ni la ministra de Defensa ni el de Justicia, ambos exvocales del Consejo General del Poder Judicial, querían dejar un sólo resquicio para que la Comunidad de Madrid recurriera ante los tribunales el decreto. Según las fuentes, tras un debate jurídico intenso con Calvo, y algún momento de tensión, la vicepresidente procedió a retocar, esencialmente, los puntos del preámbulo, sustento argumentativo de las medidas.

Y es que las restricciones a la movilidad eran simples y exactamente las mismas, calcadas letra a letra, de las que ya constaban en la orden que emitió Illa tras el Consejo Interterritorial del 30 de septiembre. Ése en el que Madrid -y otras CCAA del PP- votó en contra de unos criterios epidemiológicos que había pactado el día anterior en el seno del Grupo Covid-19, creado a instancias de Sánchez y Ayuso en su cumbre de Sol.

Como en el instituto

Algunos miembros del gabinete han expresado, en su círculo más cercano, su sorpresa por la discusión abierta entre tres miembros del núcleo duro del presidente. Uno de ellos comentó, incluso, que la lectura y los apuntes en directo le recordaron una clase instituto.

Pero es que la ausencia de Sánchez, que estaba en Barcelona con el Rey, dio pie a una cita diferente de las habituales.

Que se prolongara hasta más de dos horas guarda cierto paralelismo con el anterior Consejo extraordinario que decretó un estado de alarma, el del 14 de marzo. Entonces, el documento era mucho más prolijo, afectada a todo el país y confinaba en sus casas a todos los ciudadanos. Pero en esta ocasión -ante un texto sin duda histórico pero sencillo- se abrieron turnos de intervención menos frecuentes.

A pesar de no ser juristas, las fuentes indican que tanto Pablo Iglesias como Nadia Calviño y José Luis Ábalos hablaron para remarcar la necesidad de hacer un texto "impoluto". Y posteriormente, el vicepresidente y Alberto Garzón pidieron prolongar un poco más la reunión para debatir los mensajes con los que Illa y Marlaska comunicarían, en la rueda de prensa posterior, la decisión.

Cómo hacerlo público

Mientras algunos reporteros ya estaban en Moncloa y otros permanecían más de una hora conectados en silencio por videoconferencia, el Gobierno acordó poner el peso de la decisión en que "las medidas son las mismas, repito, exactamente las mismas que las recogidas en el acuerdo de la Interterritorial", tal como expresó el titular de Sanidad después ante el micrófono.

Otro punto del debate fue si era conveniente poner énfasis en que el decreto no era más que un soporte jurídico "necesario y urgente" ante la falta de regulación que esgrimía el auto del TSJM. Ese argumento señalaba a Illa, como perdedor de la batalla jurídica, más allá de que el ministro tenga la íntima convicción de que el Gobierno de Ayuso traspuso mal la orden adrede, al no invocar las leyes adecuadas.

Pero, con el objetivo de que nadie del Gobierno regional pudiera utilizar políticamente la intervención del Ejecutivo central, el titular de Sanidad concluyó que debía explicar a la prensa que "sólo le damos un soporte jurídico a unas medidas sanitarias que son imprescindibles"... y añadir una de sus frases más duras en esa comparecencia: "...pero hemos llegado aquí porque alguien ha querido".