El Gobierno avisa de que la regularización fiscal de Juan Carlos dependería de la Comunidad de Madrid

La ministra portavoz no quiere que el Gobierno quede manchado por los manejos del Rey Emérito con sus dineros, ya fueran éstos de origen legal, ilegal o confuso... Y por eso, el Ejecutivo ha desviado el tiro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha señalado hacia la Comunidad de Madrid. Si hay una Administración que debería entender sobre una posible regularización fiscal de Juan Carlos en lo tocante a los fondos utilizados a través de unas tarjetas black de crédito, es la que preside Isabel Díaz Ayuso.

"No hablaré sobre posibles investigaciones que podría estar haciendo al Agencia Tributaria. Ya sean éstas como auxilio judicial o como producto de sus propias investigaciones", dijo en un lenguaje especialmente alambicado para no pillarse los dedos mientras se daba a entender. "En todo caso, las figuras fiscales por las que usted me pregunta son de competencia autonómica, el impuesto de donaciones está transferido a las Comunidades Autónomas".

Hasta ahora, todas las informaciones que tuvieran que ver con la Casa Real tenían dos respuestas tipo, procedentes de Moncloa. Si tenían que ver con el Rey Felipe o sus labores al frente de la Corona, la cuestión se solventaba con una referencia a "la división de funciones" entre Moncloa y Zarzuela y el "respeto institucional por la Monarquía constitucional".

Pero si el asunto bailaba alrededor de algo referente al Emérito, la cosa iba por "el Gobierno no opina sobre investigaciones en curso, ni sobre lo que deba o no hacer el Jefe del Estado respecto a situaciones de su entorno familiar; eso sí, el Gobierno apoyará cualquier medida tendente a la transparencia y la ejemplaridad".

Respuestas elusivas

No ha sido así en esta ocasión. Y el Gobierno no apoya firmemente cualquiera actuación que tenga que ver con la ejemplaridad y la transparencia. Al contrario, ha tirado una manta de confusión con respuestas elusivas y vagas a las preguntas de los reporteros. Ante las informaciones de que Juan Caros habría pedido a través de su abogado una regularización fiscal, la ministra portavoz, que lo es además de Hacienda, se ponía este miércoles de perfil... mirando a la Comunidad de Madrid.

"En todo caso", dijo sonriendo, "estoy convencida de que hablo por todos los consejeros de Hacienda si le digo que ninguno de ellos le dará esa información", concluía Montero. ¿Y a qué información se refería? A la de si efectivamente, el padre del Rey ha pedido regularizar sus cuentas con Hacienda.

Y es que Montero trataba de quitarse de encima toda responsabilidad que tuviera la más mínima cercanía con una negociación entre la Agencia Tributaria y Juan Carlos. Tanto como para insistir en desviar el tiro a pesar de que le bastaba decir algo que sí citó después: "En todo caso, la ley marca que esas regularizaciones no se pueden llevar a cabo si hay una investigación judicial en curso".

Sí se investiga al Emérito

Y bastaba porque eso es precisamente lo que está pasando. Como ya informó este periódico el pasado 3 de noviembre, la fiscal general, Dolores Delgado, dictó un decreto ordenando a la Fiscalía Anticorrupción que "remita con efectos inmediatos" unas diligencias de investigación iniciadas en 2019 para que sea la Fiscalía del Tribunal Supremo la que "continúe las actuaciones hasta su conclusión y efectos", según un comunicado de la Fiscalía General.

Según la nota de Delgado, en las nuevas diligencias el rey emérito "resulta involucrado en los hechos investigados". Los hechos estarían relacionados con la existencia en España de cuentas bancarias opacas con sus correspondientes tarjetas black con las que se habrían financiado gastos de diferentes miembros de la realeza, según adelantó el diario.es.

La insistencia de Montero por señalar a las Comunidades Autónomas, pues, tenía un único fundamento: no poner en boca de un miembro del Gobierno que, efectivamente, se sigue investigando al Emérito en la Fiscalía del Supremo. Éste es un conocimiento que sólo podría obrar en su poder, oficialmente, como ministra de Hacienda si la Agencia Tributaria estuviese en contacto con el exmonarca para comunicarle su disponibilidad para negociar -lo que implicaría al Ejecutivo directamente- o a no hacerlo -porque habría una investigación judicial abierta-.

"Ya imaginan lo que opino"

Inquirida de nuevo sobre todo lo que tuviera que ver con las intenciones de Juan Carlos de arreglar sus cuentas con Hacienda y regresar a España por Navidad, la ministra portavoz no emitió opinión al respecto. Pero insistió mucho en que "ustedes pueden imaginársela perfectamente si les digo que todos somos iguales ante la ley y, más aún, las personas que tenemos responsabilidades públicas".

Montero, en todo caso, fue muy escrupulosa con evitar cualquier mancha para el Gobierno: "La mejor garantía es que nunca haremos declaraciones sobre una investigación en curso y, menos aún, si es de la Agencia Tributaria como auxiliar de los tribunales de Justicia", insistió. "El Poder Judicial tiene que poder ejercer su labor sin influencias externas", apuntaba la ministra indicando que sí hay pesquisas en los tribunales, pero sin decirlo de manera explícita.

"La ley es igual para todos y no tiene distingos según el investigado. Y desde Hacienda debemos saber cuándo investigar, cuándo aparcar las pesquisas mientras la Justicia investiga; cómo auxiliar a los Tribunales, ya sea por peritaje o sobre inspecciones a cualquier contribuyente... Pero no le puedo contestar sobre investigaciones en curso sin conocer a la persona y su expediente... aunque no informaré de ello".

Como colofón, la ministra de Hacienda añadió: "Este Gobierno respeta todas las investigaciones de la Fiscalía o de los Tribunales, colaboraremos con ellos y en el marco de nuestras competencias trabajaremos para que todos los contribuyentes paguen... procedan de donde procedan".