Policías piden amparo a Transparencia para que Interior les informe del traslado de inmigrantes

En las últimas semanas, ya son al menos 2.000 los migrantes que han sido trasladados desde Canarias a la Península. El Ministerio del Interior niega que haya sido bajo su "organización, financiación o gestión". Mientras que el de Inclusión y Seguridad Social asegura que las reubicaciones que conoce son sólo de aquéllos con derecho a protección internacional o vulnerables... y que en todo caso, es Interior quien debe informar.

Ante la negativa de todos los departamentos del Gobierno a dar datos sobre estos traslados, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha pedido amparo al Consejo de la Transparencia. Fermín Gimeno, secretario general del SUP en la Comunitat Valenciana, denuncia que al menos dos de estas personas han dado positivo por Covid: "Cuando los detenemos, les hacemos la PCR, y dos de ellos, que conviven con los demás arrestados, están infectados".

Los agentes de la Policía Nacional, que están recibiendo órdenes para reforzar los controles en los aeropuertos de la Península, ya que -o a pesar de que- los inmigrantes viajan desde Canarias sin escolta policial alertan de que "esos movimientos de subsaharianos llegados al archipiélago ilegalmente en pateras comprometen la seguridad sanitaria y jurídica de los policías y la lucha contra las mafias".

El SUP se ha dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -el mismo organismo estatal independiente que ordenó a Sanidad hace una semana que revelara los nombres de su comité de expertos- para acceder a los datos sobre los vuelos en los que "cientos de ciudadanos" subsaharianos y magrebíes llegados a Canarias en patera en los últimos meses que están llegando a ciudades de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla, Huelva, Alicante y Valencia.

Los agentes denuncian que, a pesar de ser ellos quienes deben guardar la legalidad y el cumplimiento de las restricciones por la pandemia, estos desplazamientos se hacen "sin que conozcamos ni su estado de salud ni las garantías jurídicas para permitir, en pleno estado de alarma, este movimiento en bloque de inmigrantes en situación irregular en nuestro país".

Hace ahora dos semanas, este periódico ya dio cuenta de un vídeo grabado por un pasajero del vuelo VY3073 Gran Canaria-Málaga, en el que 80 marroquíes -iban unas 100 personas en el avión- fueron trasladados a Málaga. "Todos eran hombres jóvenes, bien vestidos, con mascarillas de marca y móviles de alta gama con los que hicieron fotos a su llegada", aseguró a EL ESPAÑOL un testigo presencial.

Quién lo autoriza

Ahora, los policías movilizados para controlar las llegadas a la Península que el mismo SUP denunciaba este miércoles, reclaman conocer "cuál es el número total de migrantes ilegales desplazados desde Canarias". Y además, "en cuántos vuelos han llegado, cuál es la distribución en cada uno de ellos, sus nacionalidades y si en la organización de los mismos ha intervenido cualquier Administración".

Los agentes, por otro lado, reclaman información sobre "la autoridad gubernativa que ha autorizado la salida de esos ciudadanos en situación irregular". Ésta es una información clave, que se niegan a despejar desde Interior y desde Inclusión. Es más, la misma portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, daba largas este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntada por esta negativa a informar de los dos ministerios implicados, la portavoz se limitó a poner plantearse en alto si es que "no tienen esa información o si es que no se están realizando esos traslados". Montero prometió que cuando el Ejecutivo cuente con los datos "los hará saber".

Ahora, los policías exigen, además, conocer "cómo se ha acreditado que las pruebas médicas de diagnóstico del Covid-19 se han aplicado debidamente para garantizar la seguridad sanitaria de estos vuelos, del resto de ciudadanos y de los propios policías que han podido interactuar con los subsaharianos". 

Y en este sentido, exigen saber "qué tipo de autorización de desplazamiento se ha otorgado", teniendo en cuenta que España se encuentra afectada por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, según el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. Esta situación puede generar "riesgos sanitarios para la ciudadanía", al desconocerse las garantías médicas con la que se han producido esos desplazamientos.