El Gobierno se resigna al verdadero calendario: los fondos europeos nunca llegarán antes de otoño

"Pero si todo sale regular, que es lo más normal, nos vamos a diciembre". Así lo explica una fuente autorizada del Parlamento Europeo, que participó en la negociación del reglamento por el que se rige el mecanismo Next Generation EU [Consúltelo aquí en PDF].

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Sólo tres días antes de que cumpla el plazo para llevarlo a Bruselas... y, lo que es peor, cuando todavía no ha sido presentado más que por Portugal de entre los 27 socios de la Unión. La Comisión tiene dos meses para estudiar los documentos y, eventualmente, exigir aclaraciones o concreciones.

Con eso ya nos vamos al 30 de junio. Pero después de ello, "el Consejo debe procurar adoptar en un plazo de cuatro semanas" una decisión de ejecución -así se llama en la jerga jurídica europea- para aprobar los planes de unos y otros... con lo que se habrá cumplido el calendario ordinario de la agenda oficial europea, que tiene fijado el último Ecofin antes de verano el 18 de junio, y que no prevé citas desde el 29 de junio hasta el primer Consejo Europeo del 21 de octubre. 

Es decir, que "puede ser" que haya que convocar un Ecofin extraordinario en pleno mes de agosto. Porque, de hecho, la Comisión Europea descartó el pasado viernes acelerar los plazos. Así lo habían solicitado España y otros países de la Unión Europea para recibir cuanto antes las ayudas del fondo de reconstrucción. Según explicó un alto cargo comunitario, no es posible evaluar de forma "sólida y robusta" los planes en menos de dos meses dada la cantidad de datos a procesar de unos documentos que tienen, en algún caso, "50.000 páginas".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Y todo a pesar de que Pedro Sánchez ya se previno e incluyó una partida de 27.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Un enorme montante de dinero a financiar con deuda pública que explicaba por qué el Gobierno vinculaba la aprobación de los PGE a las ayudas europeas... y es que hasta ahora hemos explicado el calendario escrito. Ahora viene el real.

Media UE sin cumplir

Poco más de la mitad de los Estados miembros de la UE han ratificado en sus Parlamentos la Decisión sobre Recursos Propios (ORD, por sus siglas en inglés). El mecanismo Next Generation EU se aprobó en un mismo paquete con el Presupuesto Plurianual 2021-2027 de la Unión Europea.

Y ambos instrumentos de financiación suponen un cambio en las contribuciones de los países de la UE a las arcas comunes: para el funcionamiento ordinario y para -por primera vez- emitir deuda conjunta.

Es decir, que para que entren en vigor los fondos europeos es necesario que todos los legislativos de cada uno de los Veintisiete lo debatan y aprueben. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, España ya lo hizo -si bien de manera implícita- al incluir esos 27.000 millones en los PGE de este año y sacarlos adelante.

Pero Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Rumanía no han llevado los fondos a sus Parlamentos. Tampoco lo han hecho los más reticentes a los mismos, es decir, los autodenominados frugales: Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos.

Y sobre todo, hay dos que no lo harán de ninguna de las maneras, Polonia y Hungría. Al menos, hasta que haya una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que les dé la razón... y cambie todo el reglamento. Ambos países llevaron el mecanismo del Estado de derecho a los jueces el pasado 11 de marzo.

Los gobiernos populistas de Varsovia y Budapest se niegan a asumir una de las tres condicionalidades que la Comisión y el Parlamento Europeos le impusieron a la libración de las ayudas, la política. "Hay tres exigencias en los fondos", explican las citadas fuentes europeas, "la macroeconómica, es decir, las reformas; la finalista, es decir, que el dinero vaya a proyectos concretos; y la política, o sea, el respeto al Estado de derecho".

Tres condiciones

La primera, la de las reformas, es la que ha hecho que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español se haya retrasado un mes más de lo previsto. Sánchez preveía llevarlo en mano a Bruselas a finales de marzo, y ser el primer jefe de Gobierno en hacerse la foto con Ursula von der Leyen, tal como confirman fuentes del Gobierno. Pero la Comisión ha exigido concreciones en sus planes hasta la semana pasada. 

De hecho, Bruselas no cree que más de "una docena de países" cumplan con el plazo del 30 de abril, explicó otro funcionario a Efe. Y es que este plazo no es taxativo y la Comisión "enfatiza calidad sobre velocidad", precisamente para asegurar que los planes pueden validarse después rápidamente... 

La segunda, la finalista, es la que hará que el dinero no se suelte de una sola vez, sino que se vaya librando previo examen de cada uno de los proyectos. "No es una inyección, es un gotero", explica este experto del Parlamento Europeo.

"Hay un enfermo, que es España, por ejemplo, y se le irá administrando la medicina según responda". Esta salvaguarda es la que permite a la Comisión y al resto de socios tirar del freno de mano que paralice todo el proceso si se detectan malas prácticas o si los planes no se someten a las directrices de digitalización, cohesión y transición ecológica.

Y la tercera, la del respeto al Estado de derecho, es la que forzó a Pedro Sánchez a primero "congelar" y luego "ordenar la retirada" de la reforma que rebajaba las mayorías para renovar el Consejo del Poder Judicial. Así lo admitió, en declaraciones a este periódico, el socialista Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y hoy presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. 

Polonia y Hungría

Pero también es la condicionalidad que frena todo, porque Polonia y Hungría se niegan a que los otros 25 socios les dicten qué es democracia. O peor, a que les castiguen por no ser democráticos. El mismo López Aguilar lo explica: "Son gobiernos populistas que han aplicado el rodillo de su mayoría absolutísima durante años para desmantelar la separación de poderes, sin respeto a las minorías y persiguiendo a la prensa libre".

Ambos países están sometidos a procedimientos de sanción por el artículo 7 del Tratado, el llamado botón nuclear que podría implicar que ambos perdieran el derecho de voto en el Consejo.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, saluda a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en un Consejo Europeo. Efe

Pero como ese castigo exige la unanimidad del resto de socios, ambos se amparan recíprocamente. Y ese fue el motivo por el que populares, socialistas y liberales en el Europarlamento se unieron para imponer esta salvaguarda: el país que no respete el Estado de derecho se quedará sin dinero.

Y por eso mismo, ambos, Polonia y Hungría, no ratificarán el Presupuesto de la UE ni el mecanismo Next Generation EU mientras esto no cambie. Y como el resto de jefes de Estado y de Gobierno se niegan, todo está en manos del TJUE... que aún tardará meses, si no un año, en decidir.