Cuando pasadas las 13.40, el presidente del Gobierno afirmaba en directo en televisión que "es un anacronismo que una exministra de Aznar sea quien vaya a decidir sobre los expedientes de los exresponsables políticos de la Generalitat", se activó una maquinaria de acción inmediata en la Presidencia del Tribunal de Cuentas.
Según fuentes internas del mismo, consultadas por este periódico, "estamos acostumbrados a no existir más que para ser atacados", pero lo que se ha creado en esta ocasión ha sido un "conflicto institucional insólito". Así se evidenció poco antes de las 16.00, cuando la institución envió una "nota aclaratoria".
El fondo de la afirmación del presidente se puede compartir o no. De hecho, en el seno del mismo Tribunal hay quien comprende y hasta comulga con sus postulados, pero ninguno con las formas.
Fachada del Tribunal de Cuentas.
Porque las continuas insinuaciones, los posteriores comentarios de dos ministros, José Luis Ábalos e Irene Montero (de las dos formaciones que conforman la coalición) molestaron en el Tribunal. Y definitivamente, el señalamiento personal de Pedro Sánchez a Margarita Mariscal de Gante, colmaron la paciencia de María José de la Fuente.
La nota
La presidenta de la institución fue responsable directa del comunicado que, pasadas apenas dos horas (poco antes de las 16.00 horas), fue hecho público para reivindicar la "independencia e inamovibilidad" de sus 12 consejeros, que lo son "por mandato constitucional", por méritos profesionales, años de experiencia y por la elección de las Cámaras legislativas con mayorías cualificadísimas de tres quintos.
La nota no tiene precedentes, "es la primera que se recuerda en la casa", explica esta fuente interna, que por el bien del Tribunal, prefiere no ser citada por su nombre. Pero lo cierto es que fue enviada a los medios sin que los consejeros la conociesen.
Hace ya diez días que fuentes del Gobierno vienen avisando de que "lo de Andreu Mas-Colell nos tiene muy preocupados", por la supuesta mala imagen que le estaría dando a España en el exterior que un economista de gran prestigio internacional pudiera ser embargado por su "responsabilidad contable" en los primeros años del procés.
La carta firmada por más de 40 colegas internacionales, entre ellos 33 premios Nobel, convirtió el caso en "una piedra en el camino" a vistas de Moncloa. Y las mismas fuentes añadían: "A ver cómo lo arreglamos". Pero parece que ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Desmentido
La arremetida directa y descarnada del presidente del Gobierno contra la legitimidad del caso cuya instrucción se sustancia estos días en el Tribunal de Cuentas y la posterior respuesta en una "nota aclaratoria" de la presidencia del organismo constitucional han provocado una sensación de que alguien le quería dar "una patada a la piedra" que, quizás, mine más la percepción de la democracia española que lo anterior.
Analizado el fondo y la forma de la afirmación del presidente, queda el contenido, que es desmentible. Mariscal de Gante no representa "un anacronismo", porque su mandato está en plena vigencia, más allá de que caduque dentro de tres semanas. De hecho, Sánchez habría atacado a un cargo constitucional, elegido por mayorías reforzadas y, todavía "inamovible".
Por otro lado, si el hecho de haber sido ministra hace 25 años la inhabilita para el cargo, debió verse cuando hace casi nueve pasó el examen del Senado, a cuyo cupo pertenece su nombramiento. Y operaría algo parecido con la actual fiscal general del Estado, en grado agravado: Dolores Delgado pasó del Ministerio de Justicia al Ministerio Público sin solución de continuidad.
Pedro Sánchez, entrevistado en La Sexta.
Y en todo caso, explican desde los despachos del Tribunal, que el interés político del Gobierno en favorecer a los separatistas y "desempedrar el camino" se produjera así este jueves -atacando a la consejera Mariscal de Gante- se ha asemejado mucho a querer deslegitimar a la institución usando un nombre vinculado a un partido político.
Y a deslegitimar la causa misma. Sólo porque a esta consejera exministra le ha tocado -según la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas- ser la consejera encargada del enjuiciamiento de la cuarentena de expedientes que reclaman 5,4 millones de euros por "responsabilidad contable" al fugado Carles Puigdemont, al indultado Oriol Junqueras, al ya sancionado Artur Mas y a Mas-Colell, entre otros.
El Tribunal por dentro
En el seno del Tribunal, en todo caso, se dice no sentir la presión, por mucho que se ejerza. Y que la nota, tan "insólita" como el conflicto que evidencia, sea nada más que "un recordatorio de evidencias" para quienes tratan de presionar o simplemente "escriben cosas sin informarse" en periódicos y redes.
Otra cosa es que la situación interna del Tribunal lleve tiempo sin ser la deseable. Para empezar, no son 12 los consejeros en ejercicio. En enero de 2018 dimitió Lluís Armet i Coma, a los 73 años, que había sido nombrado por el Senado a propuesta del PSC-PSOE. Desde entonces, no ha sido sustituido. Y eso ha desequilibrado aún más las mayorías iniciales de siete conservadores (incluida la presidenta) y cinco progresistas.
Además, por avatares de los procesos de elección internos, el pleno del Tribunal de Cuentas lleva 25 años seguidos siendo presidido por consejeros nombrados a propuesta del PP. "Y la comunicación interna no es la mejor", como demuestra el hecho de que los miembros de la institución conociesen por la prensa la nota que este jueves emitía la institución en su defensa.
Los consejeros, según las fuentes consultadas, dan por seguro que el próximo día 23 de julio, cuando cumple su mandato, no se habrá llegado a un acuerdo parlamentario para su relevo. "La renovación puede ser nunca o en cualquier momento", comentan.
Pero lamentan ser usados en el juego político: "Lo pueden hacer en tres días, y si aparece algo que les conviene a los políticos, lo harán". Aunque entienden que si el presidente se significó en televisión tan directamente con un argumento ad hominem, ya no es sólo que se pueda pensar que a Pablo Casado no le conviene el desbloqueo en este momento, sino que Sánchez confirmó el interés político en removerlo todo para removerla a ella. Y cambiar, así, a la encargada del enjuiciamiento de los separatistas encausados.