Sánchez acordó con Aragonès "encontrar una solución" para las multas del Tribunal de Cuentas
Aragonès expuso los lamentos de los afectados, que quedarán "arruinados", e instó a Sánchez a explicar públicamente los pasos que dará el Gobierno.
5 julio, 2021 02:10Noticias relacionadas
Este jueves estalló la guerra entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas. Moncloa considera que la causa por la "responsabilidad contable" de más de cuarenta políticos independentistas que amenaza con embargar 5,4 millones de euros a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Artur Mas (de nuevo) y Andreu Mas-Colell, entre otros, es un escollo para el "reencuentro".
En pleno mandato legal, y después de años de trabajos "minuciosos" en el caso de las actividades de promoción exterior del procés, la institución se defendió del último ataque. Éste había venido, de manera explícita, del mismo Pedro Sánchez, que llegó a deslegitimarlo porque "la encargada de concluir los expedientes es una exministra de Aznar".
El presidente del Gobierno y el president de la Generalitat hablaron sobre este asunto el pasado martes, en su entrevista de Moncloa. Y según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras del contenido de la conversación, ambos acordaron "encontrar una solución" para las multas que, en menos de dos semanas, deberán pagar los encausados o verán sus bienes embargados hasta la resolución definitiva del caso.
Y todo, el mismo día en el que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo daba la razón al Tribunal de Cuentas en su sanción al expresident Mas por el desvío de dinero para la consulta ilegal del 9-N de 2014. Cuatro años después de presentar recurso (en marzo de 2017), el TS lo inadmitió de plano.
La cita de Moncloa
Dos horas y media en Moncloa dan para mucho, "pero es que había mucho que desencallar". La expresión entrecomillada es atribuible, palabra a palabra, al entorno del president y al del presidente.
Pere Aragonès y Pedro Sánchez hablaron de todo este martes, aunque esta vez no hubo comunicado conjunto, como el día de su conversación telefónica de hace un mes. Una llamada que todas las fuentes confirman que no fue extraordinaria, "ni mucho menos, hablan bastante". Pero sí la única oficial.
Todo está medido, pautado y pactado entre Moncloa y el Palau. No hubo comunicado conjunto tras la cita del martes porque cada uno de los gobiernos necesitaba hablarle, a la salida, a su parroquia. Y si Aragonès afirmó que en la entrevista reiteró que "no renunciaremos a la amnistía ni a la autodeterminación", la ministra portavoz aseguró minutos después que el presidente le reclamó "una mesa entre catalanes para no seguir invisibilizando a los no independentistas".
Que no podía haber nota común quedó demostrado también cuando el republicano, en su rueda de prensa, dijo no saber nada de esa mesa, porque "el conflicto es entre Cataluña y el Estado", y cuando María Jesús Montero negó que Sánchez hubiese hablado sobre el referéndum que reclama -y al que "no renunciaremos, que no se equivoquen"- el Govern.
Lo único conjunto que ambas partes confirmaron oficialmente fue la fecha de la Comisión bilateral, en julio, y la de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo, en septiembre.
La "piedra en el camino"
Pero ante los micrófonos, sobre la "piedra en el camino" del Tribunal de Cuentas, lo único que dijo Pere Aragonès fue que "el Estado tiene resortes y ya encontrará la vía" para solventar el problema. La coincidencia fue que tanto en la rueda de prensa de Moncloa como en la de Blanquerna -donde comparecía el president- se abordó esta cuestión con el mismo argumento.
...nada que decir sobre la responsabilidad contable de las 40 líderes políticos del nacionalismo catalán a los que al mismos martes se les había comunicado el inminente embargo de 5,4 millones de euros si no lo aportan solidariamente en dos semanas. Y todas las culpas al PP, que "bloquea la renovación" de un Tribunal que, en realidad, todavía no toca.
Pero la clave estuvo en lo que no se contó y sí ocurrió dentro del salón de Moncloa. Para el president esto forma parte de "la represión". Y ambos coincidieron en que el caso del Tribunal de Cuentas "añade más complejidad". Aragonès expuso los lamentos de sus correligionarios, que quedarán "en la indigencia, arruinados", según las fuentes consultadas e instó a Sánchez a explicar públicamente los pasos que dará el Gobierno al respecto.
El tiempo apremia, son sólo quince días (ya menos, después de que empezara el reloj a descontar tiempo el miércoles, tras rechazarse las alegaciones de los abogados), pero en la Generalitat se confía en que se dé una prórroga a los encausados. Y que en ese tiempo, ambos gobiernos encuentren una solución.
Aragonès alega que la Administración supuestamente perjudicada es la Generalitat. Y ésta, presidida por él, no reconoce menoscabo alguno. Así que en opinión del Govern, tal como ha podido saber este diario, lo más grave sería el precedente para próximas actuaciones.
Quizá por eso, Sánchez insiste tanto en poner sobre la mesa la renovación de los vocales del Tribunal de Cuentas, que sigue en pleno mandato, pero caduca en tres semanas. Y tal vez de ahí venga el hecho de que el abogado del Estado se haya retirado y no vaya a presentar demanda. Como mínimo, son gestos de buena voluntad para abonar ese "reencuentro".
La imagen de España
La semana pasada, el ministro de Transportes dijo que las causas contra ex altos cargos de la Generalitat abiertas en el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat.
"Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad", añadió Ábalos.
El Gobierno de Sánchez dice estar muy preocupado por la imagen de España en el exterior. De hecho, como informó este periódico, admite el triunfo del relato del independentismo: "En la UE, muchos se creyeron que habían sido encarcelados por sus ideas". Y ahora, anda preocupado por la carta en apoyo de 40 economistas, entre ellos 33 premios Nobel, a Andreu Mas-Colell.
Ábalos ya lo dijo, que le llamaba la atención la "posición" del exconseller. Pero el presidente redobló la presión, ya deslegitimando al Tribunal de Cuentas, porque "una ministra de Aznar va a decidir sobre los expedientes de los expresponsables políticos catalanes". Puede que el acuerdo de "encontrar una solución" a la "piedra en el camino" haya desatado una guerra inaudita entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas pueda dejar al remedio peor que a la enfermedad.