Vox exige a Ayuso derogar las leyes LGTB y una nueva "Ley de Igualdad" para apoyar los Presupuestos

Esta ha sido presentada este lunes por la portavoz Rocío Monasterio como una manera de defender "la verdadera igualdad de todos los españoles" frente a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la inversión de la carga de la prueba; un concepto jurídico que implica trasladar al demandado la obligación de justificar su inocencia, invirtiendo así el onus probandi.

La propuesta supone, en la práctica, la derogación completa de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Unas normas aprobadas en su día por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes que, dice Monasterio, tratan de "imponer una ideología".

La otra condición que pone la formación de derecha dura, y que podría plantear más problemas en las negociaciones, es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Una medida que desde Vox consideran que haría "mejor la vida a quienes más lo necesitan", pero que desde el Partido Popular rechazan por "insostenible": costaría, según cálculos del Ejecutivo, 700 millones de euros.

La idea original del Gobierno autonómico era cerrar un acuerdo antes de la presentación del proyecto, que tendrá lugar este miércoles desde Puerta del Sol, pero la posición de Vox hace presagiar que las negociaciones se prolongarán parlamentariamente a través de la presentación de enmiendas.

Pese a todo, ambas partes se muestran optimistas. Desde el entorno de la presidenta celebran que "las conversaciones [que está dirigiendo el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty] van bien" y confían en que "Vox apoye los presupuestos". Una postura que comparte la formación a su derecha, pero que insiste en que no van a renunciar a ciertas "líneas rojas", en referencia a sus propuestas.

Término medio

Las cuentas públicas de 2022 en ningún caso corren peligro. Es cuestión de tiempo que Partido Popular y Vox lleguen a un acuerdo, como ya hicieron para la investidura de Isabel Díaz Ayuso o para el nombramiento de la Administración provisional de Telemadrid. Las negociaciones entre ambas formaciones suelen derivar en un término medio entre ambas posturas, tal y como se ha visto a lo largo de esta legislatura.

En la sesión de investidura, Monasterio advirtió de que su apoyo vendría condicionado por, al menos, tres exigencias: reducir el Gobierno regional a 7 consejerías, cerrar Telemadrid y derogar las leyes LGTB.

Tres propuestas de máximos que no han sido aplicadas tal cual, pero sí atendidas o moderadas: el Ejecutivo se redujo de 13 a 9 consejerías, se anunció la auditoría de la cadena regional y Ayuso ya se abrió a "revisar" las leyes LGTB de la Comunidad para "poner coto a las denuncias falsas" y que éstas "no causen más perjuicio a las verdaderas víctimas", así como "evitar más daño a inocentes".

Así las cosas, si bien es improbable que Ayuso termine apoyando la Ley de Igualdad que plantea Vox, sí podría cumplir de otro modo uno de los deseos monolíticos de la derecha dura modificando las leyes de género y LGTB de Madrid. En concreto, el artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como el 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia. Los puntos, concretamente, que recogen la "inversión de la carga de la prueba".