El Gobierno denuncia la infección con Pegasus del móvil de Pedro Sánchez y Margarita Robles

El Gobierno ha denunciado la infección del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa "por un ataque externo e ilícito". El teléfono de Pedro Sánchez ha sido infectado por el software espía Pegasus, en dos ocasiones, durante el mes de mayo de 2021; y el de Margarita Robles, en una, en junio del mismo año.

En la primera incursión "al teléfono al oficial" del presidente, explican fuentes de Moncloa, "se extrajeron 2,6 gigabytes de información". Y en la segunda, 130 megas. En el caso de la ministra de Defensa, el robo de datos fue mucho menor, "de apenas 9 megas", detallan estas fuentes.

Lo que no saben los servicios informáticos de Presidencia ni del Centro Criptológico Nacional es qué tipo de información se extrajo -si fueron vídeos, fotos, textos o documentos almacenados en los terminales de Sánchez y Robles-. Tampoco adónde fue a parar.

"Sí sabemos que fueron ataques externos e ilícitos", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa. Es decir, que "no ha sido ninguna institución pública y que ha sido sin autorización judicial".

La aclaración es pertinente, pero en realidad difusa. Moncloa no ha querido "especular" con la precisión de si, con el término "externo", se refería a "extranjero". Y se ha limitado a explicar que "hay constancia de al menos 50 países donde ha estado Pegasus, y al menos 20 en los que ha sido utilizado de manera ilícita contra miembros de sus Gobiernos".

Además, han aclarado que "en una democracia plena, como la española, este tipo de intervenciones sólo se pueden hacer con orden judicial, y evidentemente no ha sido el caso".

Pocas aclaraciones

Así, "externo", en realidad, significa que no ha sido el Gobierno el que se ha investigado a sí mismo. "Ni tampoco otra institución pública del Estado", ha aclarado una fuente de Moncloa... se supone que porque en el Gobierno se sabe quién tiene, o puede tener, acceso a Pegasus en España.

¿Podría ser una multinacional? Eso Moncloa no ha querido descartarlo. Pero sí se ha dejado caer que "es la empresa que lo fabrica la que dice que sólo lo vende a Gobiernos... no sabemos si eso es cierto".

Y con "ilícito" se quiere decir que nadie ha ido a un juez a pedir que se intervenga el móvil de Sánchez y el de Robles. De ahí la denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, "que es el órgano competente".

Es decir, muy poca información. Porque en Moncloa tampoco se ha dado más detalle a las preguntas referidas a "la coincidencia de fechas con los debates públicos e internos del Gobierno sobre si dar o no los indultos a los líderes independentistas", que se terminaron concediendo el 22 de junio.

Pero sí se ha admitido que la revisión "a fondo" de los móviles del presidente y de la ministra de Defensa se ha llevado a cabo, precisamente, por el estallido del caso Pegasus.

Tampoco han contestado Bolaños ni Isabel Rodríguez por la coincidencia de fechas con otra intrusión a un teléfono de un miembro del Gobierno. Por ejemplo, la ya detectada al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el verano de 2020.

Casi un año sin saberlo

Moncloa había convocado de urgencia pasadas las 7.00 de la mañana a la prensa para una rueda de prensa de la ministra portavoz y del de la Presidencia, a las 9.30 horas. Isabel Rodríguez y Félix Bolaños comparten una competencia, la Política Territorial de la primera, que coordina con el segundo para la convocatoria y preparación de las mesas de diálogo, negociación y pacto con el Govern de la Generalitat de Cataluña.

Pero los periodistas se plantaron en Moncloa sin conocimiento previo de ningún tipo. Y con todas las fuentes del Gobierno cegadas, sin contestar siquiera a un esbozo de los motivos para allegarse a la sede del Ejecutivo a las 9.30 de la mañana de un festivo. "Queríamos demostrar la total transparencia, e ir al juzgado y contarlo a todos los informadores a la vez", aclararon las fuentes oficiales del Gobierno.

A pesar de que los terminales telefónicos de los miembros del Ejecutivo están encriptados y "pasan protocolos de seguridad constantes", ha pasado casi un año desde que fueron infectados. 

Pero la brecha de seguridad, con un volumen tan alto de información robada al teléfono de Pedro Sánchez, preocupa en Presidencia.

Sobre todo, porque se ha pasado casi un año sin ser conscientes de qué había pasado; porque nadie sabe qué se han llevado, quién ha sido, con qué objetivo, o a quién se le ha entregado lo extraído. "En otros casos que conocemos, no ha sido posible saber adónde ha ido a parar la información... y casi nunca qué tipo de datos se extrajeron".

Robles, señalada

Ahora, Moncloa irá, "uno por uno", investigando los móviles de los demás miembros del Gobierno, "e informando con total transparencia de lo que encontremos". El proceso, han explicado las citadas fuentes, "es muy tedioso". Supuso que el presidente se quedara "entre 24 y 36 horas" sin su teléfono, y que se clonara éste "por completo". Aunque luego se borró esa copia de seguridad.

Lo mismo se hizo con el teléfono de la ministra de Defensa. Y también ofrecerá este servicio a "todas las instituciones públicas", como reclamaban la semana pasada los líderes de los partidos separatistas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Parece evidente que el primer teléfono que se decidiera revisar fuera el de Sánchez. Pero no tanto que junto a él fuera el de la ministra de Defensa. ¿Por qué? No lo han explicado ni los comparecientes ni las fuentes de Presidencia.

Margarita Robles ha sido acusada en los últimos días, desde el mismo Gobierno, de haber puesto en riesgo la estabilidad del Ejecutivo y la misma votación del decreto económico del pasado jueves. Lo habría hecho en la sesión de control del miércoles con una beligerancia explícita hacia los partidos supuestamente espiados, según lo publicado hace ya más de 10 días en The New Yorker.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; su partido, ERC; su socio en el Govern, Junts per Catalunya; y hasta Unidas Podemos, miembro de la coalición del Gobierno central, han pedido su dimisión o destitución de una manera más o menos explícita.

La investigación

La investigación se abrió la semana pasada por el Centro Criptológico Nacional, según han confirmado fuentes de Moncloa, y se confirmó este mismo domingo. "Minutos antes de la rueda de prensa, la Abogacía General del Estado ha presentado denuncia ante el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional".

Fuentes de Moncloa afirman que no ha habido más incursiones, al menos con Pegasus, en los móviles de Sánchez y Robles desde entonces. "Ese programa entra y luego se desconecta, eso es lo que sabemos", afirman. Así, la brecha de seguridad se puede decir que fue puntual y que no ha estado comprometida la confidencialidad del Gobierno durante todo un año.

Además, el Ejecutivo afirma que se están modernizando los protocolos y que, en breve, se contará con un método "menos farragoso" para prevenir o detectar la infección con este software espía.

Y es que, de momento, cada uno de los ministros, secretarios de Estado, directores generales, diputados, senadores... irán teniendo que entregar su terminal durante un día o más, para que éste sea revisado. "No queremos que ningún responsable público pueda estar expuesto", sostienen los responsables de seguridad informática de Moncloa.

"El compromiso del Gobierno es saber toda la verdad, llegar a las conclusiones que toquen y tomar todas las medidas que sean necesarias", ha sentenciado Bolaños. "Somos una democracia plena, un Estado de derecho", ha añadido.

En el día de la Comunidad de Madrid, y con media España de fiesta por el traslado al lunes del Día del trabajo, que se celebraba el domingo con unas manifestaciones poco concurridas en las calles a pesar de la crisis económica y la caída del empleo. Coincidía la fecha con las celebraciones del día de la región madrileña y un acto multitudinario en la sede de la Puerta del Sol, con Isabel Díaz Ayuso en plena campaña de promoción de su candidatura (única) al liderazgo del PP madrileño.

También con la semana en la que, el miércoles, comparecerá la ministra de Defensa en la comisión del Congreso para informar sobre (lo que pueda) del caso Pegasus... y de la contribución española a la defensa de Ucrania frente a la guerra de invasión ordenada por Vladímir Putin.

O con la constitución de la comisión de gastos reservados (conocida como "de secretos oficiales"), en la que por primera vez tienen cabida representantes de Bildu y de la CUP. A ella irá este viernes la directora del CNI, Paz Esteban, para (ella sí) explicar lo que haga falta sobre el presunto espionaje a los políticos líderes y activistas independentistas catalanes y vascos.