Los socios parlamentarios de Pedro Sánchez estrechan el cerco sobre el Gobierno, tras conocer que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió las comunicaciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con autorización del Tribunal Supremo.
Unidas Podemos, Bildu, la CUP y el propio presidente de la Generalitat exigieron ayer al Gobierno que ponga en marcha el mecanismo legal para desclasificar todos los documentos exhibidos por la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados.
Se trata de los autos del juez de enlace del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que autorizaron al CNI a intervenir las comunicaciones de 18 líderes independentistas con el software Pegasus.
Entre ellos, Pere Aragonés (que en 2019 era vicepresidente de la Generalitat) y el jefe de gabinete de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Alay, procesado ante la Justicia tras haber mantenido contactos con agentes vinculados a los servicios secretos del Kremlin.
Ofensiva internacional
Los socios independentistas del Gobiernos son conscientes de que este paso legal -la desclasificación de los documentos reservados del CNI- es imprescindible para llevar adelante su ofensiva, que quieren trasladar a varias instancias internacionales, por el espionaje con el software Pegasus.
Aunque la propia directora del CNI ha confirmado personalmente los detalles en una comparecencia a puerta cerrada de casi cuatro horas, los grupos parlamentarios están atados por la Ley que protege las actividades del Centro Nacional de Inteligencia y por la reserva impuesta a todos los datos facilitados en la Comisión de Secretos Oficiales.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reaccionó ayer con un duro comunicado oficial en el que considera "inaplazable la asunción de responsabilidades" por el "espionaje masivo" a líderes independentistas.
Aragonés sostiene que lo ocurrido supone una grave "vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional" de los afectados. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha advertido durante las dos últimas semanas que este escándalo puede tumbar al Gobierno y poner fin a la legislatura, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no depura responsabilidades.
Sánchez no sabía nada
El Gobierno alega ahora que "ni sabe, ni puede ni debe saber a quién se ha investigado" desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pedro Sánchez intentará convencer a sus socios de que desconocía por completo que los servicios secretos españoles accedían al teléfono móvil del líder de ERC, Pere Aragonés, con el que el PSOE negociaba en ese momento la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno.
Aunque de acuerdo con la Ley, el CNI reporta al propio presidente y al Gobierno como órgano colegiado, el resultado de sus investigaciones y análisis. En su comparecencia en el Congreso, Paz Esteban ha atribuido el espionaje a 18 líderes independentistas a investigaciones sobre el Tsunami Democràtic (que coordinó graves disturbios en Cataluña coincidiendo con la sentencia sobre el golpe del 1-O) y sobre sus contactos con los servicios secretos del Kremlin, acreditados en el caso de Josep Alay.
La decisión de Pedro Sánchez de negar que conociera el espionaje a Pere Aragonés vuelve a colocar en una posición desairada a la directora del CNI, Paz Esteban: si espió al presidente de la Generalitat sin informar al Gobierno, estaría justificada la exigencia de dimisión que plantean los independentistas.
Sánchez podría estar así tentado de sacrificar la cabeza de la directora del CNI para intentar aplacar a sus socios parlamentarios y zanjar un escándalo que amenaza la legislatura.
El diputado espiado
No obstante, la ministra Margarita Robles (a la que también apuntan tanto Podemos como los independentistas) realizó el miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso una encendida defensa de la labor de Paz Esteban, de la que dijo que "está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden a la realidad".
Entre los portavoces que han podido escuchar las explicaciones de Paz Esteban en la Comisión de Secretos Oficiales se encuentra el diputado de la CUP, Albert Botrán, que al mismo tiempo es uno de los 65 líderes independentistas espiados con Pegasus según el análisis realiado por Citizen Lab.
Tras la comisión, Albert Botrán ha emitido un comunicado en el que la comparecencia a puerta cerrada de Paz Esteban "no han servido ni de lejos para cerrar un escándalo de espionaje político".
"Como independentista", añade, "no me puedo quedar tranquilo con las informaciones que he conocido". Tanto la CUP como Unidas Podemos y ERC se refirmaron ayer en exigir una comisión de investigación para esclarecer este escándalo y depurar responsabilidades políticas.
Teléfonos infectados
La polémica ha hecho, por otro lado, que pase a un segundo plano el hackeo que sufrieron el presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles en sus teléfonos móviles, en mayo y junio de 2021 (en plena crisis diplomática y migratoria con Marruecos), como desveló el lunes el titular de Presidencia, Félix Bolaños.
La directora del CNI, Paz Esteban, no ha podido informar sobre esta cuestión en la Comisión de Secretos Oficiales porque, ha alegado, no era objeto de la comparecencia.