Los ocho diques elevados por Sánchez para frenar el escándalo de Pegasus no logran su objetivo

El escándalo por el presunto espionaje con el sistema Pegasus no amaina. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado mitigar los efectos políticos de la publicación de un informe de Citizen Lab, departamento de la Universidad de Toronto, que aseguraba que al menos 63 líderes independentistas han sido espiados con ese software reservado, en principio, a los Estados.

Uno a uno, los diques que Moncloa fue estableciendo para frenar los efectos del escándalo han ido fracasando y no han logrado su objetivo, lo que se traduce en inestabilidad política. Por un lado, porque se recrudecen las tensiones internas en el Gobierno, especialmente entre los socialistas y Unidas Podemos, y porque los socios parlamentarios de Sánchez cada vez son más críticos con la gestión de Moncloa y mantienen sus sospechas respecto a la actuación del CNI.

Esas tensiones tienen repercusión directa en la legislatura, porque dejan en el aire votaciones sobre normas en las que no hay mayorías alternativas al llamado bloque de investidura. Y también porque aumenta la distancia entre Moncloa y la Generalitat de Cataluña, poniendo en cuestión una de las bazas de la gestión del Gobierno: la reducción del clima de enfrentamiento y la pacificación de la llamada "carpeta catalana", con concesiones como los indultos a los condenados por el proces.

Reunión en Barcelona

Nada más estallar el escándalo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajó un domingo a reunirse con la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para darle explicaciones y, sobre todo, para ofrecerle vías para aclarar el escándalo.

De la reunión no sólo no salió ningún acuerdo, sino que la Generalitat y los partidos independentistas catalanes incrementaron sus críticas y anunciaron la ruptura con el Gobierno. El ministro ofreció vías para dar explicaciones y una investigación interna del CNI, lo que supuso poner el foco en los servicios secretos.

Días después, ERC y Junts, partidos coaligados en la Generalitat, votaron en el Congreso en contra de la convalidación del decreto con medidas económicas para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. Entienden que se espiaba en función de la posición ideológica y no para evitar hechos delictivos.

Comisión de Secretos

El Gobierno, con colaboración necesaria de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, accedió a constituir la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara, dando entrada a ERC, Junts, Bildu y la CUP, para poder dar explicaciones sobre el escándalo.

Para eso, fue necesario rebajar la mayoría necesaria para elegir a los miembros de la comisión sin necesidad de contar con los votos del PP.

La directora del CNI

Desde el principio, Moncloa ofreció la comparecencia de Paz Esteban, directora del CNI, en la Comisión de Secretos, para dar explicaciones.

Esa comparecencia, celebrada este jueves, no ha mitigado las críticas de los socios de Gobierno y parlamentarios de Sánchez. Incluso, los portavoces independentistas y el de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han salido mucho más enfadados con el Ejecutivo de lo que entraron. Porque aseguran que no se les explicó nada diferente a lo publicado estos días, porque el CNI se desentiende de más de 40 presuntos casos de espionaje y por detalles como la inclusión de Pere Aragonès en la lista de los casos admitidos por Esteban.

Echenique, portavoz de uno de los partidos que forman el Gobierno de coalición, escribió al ministro Bolaños nada más salir de la comisión para pedirle que desclasifique toda la información facilitada en la reunión secreta, por entender que todo es susceptible de conocerse. Muy enfadado, mantuvo la exigencia de responsabilidades que, según han explicado estos días, se concreta en pedir la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (JxCat) y Albert Botran (CUP) también aseguraron a la salida de la comisión que mantendrán la presión, porque las explicaciones les han preocupado aún más.

Por ejemplo, la directora del CNI ha admitido que el Gobierno pidió autorización para espiar al actual presidente de la Generalitat mientras se negociaba con él como aliado político.

Aitor Esteban (PNV) no hizo declaraciones, pero significativamente se limitó a asegurar: "Hay mucha tela que cortar".

Todos ellos insistirán en la petición de una comisión de investigación en el Congreso que el PSOE, con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, ha rechazado. Todos ellos, además, presionarán al Gobierno en votaciones.

Espionaje al presidente

Sánchez tomó la decisión el fin de semana de hacer público que él mismo y la ministra de Defensa fueron espiados el año pasado. La decisión es insólita porque cuando en otros países se han producido casos similares no se ha hecho público, entre otras cosas, para no mostrar la grieta de seguridad.

Ha conseguido que se compruebe que ha habido fallos en la seguridad y ha provocado tensiones entre ministros como Bolaños y Robles.

Pero no ha conseguido apaciguar tampoco a los socios de Sánchez y se mantienen muchas incógnitas sobre los detalles. Por ejemplo, sobre la posibilidad de que ya se conocieran los espionajes hace meses.

Ha surgido, además, un problema colateral y es que al señalar a Marruecos como posible autor del espionaje se ponen en riesgo las nuevas relaciones entre los dos países. Sobre todo, en un momento en el que Sánchez ha dado un giro de 180 grados con respecto al Sáhara y en contra de la gran mayoría del Congreso de los Diputados.

Se puede provocar una crisis aún mayor en vísperas de la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN.

Llevarlo a los tribunales

El Gobierno decidió también, como muestra de "transparencia", denunciar el espionaje a Sánchez y Robles en la Audiencia Nacional. Lo ha hecho a pesar de que el propio CNI admite que es casi imposible encontrar al autor del espionaje y determinar qué información se extrajo del dispositivo.

Salvo sorpresa, esa investigación conducirá a vía muerta. De hecho, hace meses que un juzgado de Barcelona investiga el supuesto espionaje con Pegasus al entonces presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y no ha logrado avanzar nada.

Destitución de la jefa del CNI

Moncloa ha manejado ofrecer a los partidos la destitución de Paz Esteban al frente del CNI. Tenía el inconveniente de que ello supondría admitir que se ha producido una ilegalidad.

Sin embargo, al hacer público que han sido espiados Sánchez y Robles, Moncloa tiene la opción de asegurar que se trata de un fallo de seguridad que requiere una investigación y un relevo. A principios de esta semana, Moncloa emitió ese mensaje y ministros tan próximos a Sánchez como Bolaños y la portavoz Isabel Rodríguez dejaron en el aire, en declaraciones públicas, el futuro de Esteban.

Sin embargo, según fuentes del Gobierno, la ministra de Defensa mantiene un pulso para intentar mantener en su cargo a la directora del CNI. Robles entiende que si es destituida o dimite no habrá diques que eviten que Unidas Podemos insista en pedir su dimisión. Y en todo caso, ese relevo no se produciría lejos de la próxima comparecencia del presidente en el pleno del Congreso, para que pueda tener algo que ofrecer, por ejemplo, una reestructuración del centro.

Comparecencia de Sánchez

Los socios de Sánchez no han aflojado su presión y el martes forzaron una comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso para hablar del espionaje. No hay fecha, pero supone un desgaste del presidente porque le expone para hablar de un escándalo. 

Sobre todo, sabiendo que todos los grupos arremeterán contra el jefe del Ejecutivo, salvo cambio de posición hasta entonces.

Defensor del Pueblo

Bolaños ofreció a la Generalitat una investigación del Defensor del Pueblo y Ángel Gabilondo la abrió de oficio.

Desde ese momento, los técnicos de la institución entraron en contacto con el CNI para recibir información secreta.

Gabilondo elaborará un informe que, previsiblemente, exculpará al Gobierno, no podrá incluir datos reservados y podría sugerir cambios legales para mejorar el control de los servicios secretos y posibles espionajes descontrolados.