Aragonès pide dos mesas a Sánchez y avances en materia judicial y Ley de Secretos antes de enero

Sánchez ha recibido a las 12.00 del mediodía a Aragonès. Ha sido su primera reunión desde que el pasado mes de abril se supo que hasta 67 líderes, abogados y activistas independentistas habían sido investigados mediante el uso del software espía Pegasus.

Entre otras cosas, porque el propio líder de ERC figuraba entre los espiados en las fechas en las que era vicepresidente de la Generalitat, durante los altercados de octubre de 2019, al conocerse la sentencia del procés.

Y sobre todo, porque su nombre fue uno de los 18 a los que el CNI admitió haber infectado en sus dispositivos móviles con el virus informático. Moncloa reconoció el hecho y lo justificó en que "el bien último a preservar" de estos trabajos "es tan importante como la pacificación de Cataluña".

Es decir, que los servicios secretos del Gobierno pudieron acceder a una ingente cantidad de información de Aragonès mientras ERC negociaba la investidura de Sánchez. Y concretamente, mientras el hoy president era el líder de mayor rango de Esquerra en libertad, pues Oriol Junqueras estaba encarcelado por los delitos cometidos durante el procés y Marta Rovira había huido a Suiza.

[Aragonès canceló la tercera cita de la mesa de diálogo días antes de que estallara el 'caso Pegasus']

Aun así, las elecciones autonómicas catalanas del 14-F de 2021 auparon a Aragonès a la presidencia de la Generalitat, desde la que reactivó la Mesa de diálogo, negociación y pacto con el Gobierno de España. A la llegada del president a Moncloa, esa mesa estaba "cancelada", en palabras del entorno de Aragonès. Y sólo podría revivir "si la reunión aclaraba las cosas". 

Sánchez le llamaba (le llama) la "agenda del reencuentro" y el líder separatista catalán prefería (prefiere) hablar de la "salida del conflicto político". El inquilino de la Moncloa se beneficiaba de estabilidad parlamentaria para su Gobierno (y necesita volver a ello) mientras el titular del Palau de la Generalitat consolidaba el primer 'Govern' liderado por un republicano desde antes de la Guerra Civil (y quiere lograr que sea el primero estable desde la sentencia del Estatut).

No más fotos vacías

"Aclarar las cosas" es, según las fuentes citadas, que Pedro Sánchez haya dado garantías de que se celebrarán dos reuniones de la Mesa de aquí a final de año. Y que éstas "no serán para la foto", sino que simplemente escenificarán acuerdos previamente adoptados.

Para Aragonès, los pactos deben empezar por determinadas reivindicaciones que a Moncloa le resultarán un gasto de capital político, pero el menor -considera el president- en comparación con todos los "pasos que quedan por dar". A saber: la concreción de la "desjudicialización", por un lado, y cambios en la Ley de secretos Oficiales que impidan otro 'caso Pegasus'.

Aragonès sabía que Sánchez preveía ofrecer, de nuevo, la reforma del delito de sedición, para rebajar las penas y facilitar el regreso de los fugados o exiliados (según el lenguaje de quien los nombre). "Pero lo que no podemos hacer es derogar esa figura", explica una fuente del Gobierno. "El Código penal tiene que proteger al Estado de los ataques a la Constitución".

Y ésa es la prueba de que "cosas concretas ofrecemos, otra cosa es que no sean las que les gusten a ellos". Una frase que repiten constantemente en Moncloa, aunque siempre guardando el off the record.

Abogacía del Estado

El president ha reclamado otros gestos en lo tocante a la "desjudicialización". Y estos podrían ser la desactivación de los procesos judiciales o administrativos aún abiertos contra cientos de personas por sus responsabilidades en el procés o el referéndum ilegal del 1-O de 2017.

¿Cómo? Podría ser por la vía de un cambio de criterio en la Abogacía del Estado, personada en la inmensa mayoría de ellos. "Pero eso le corresponde decirlo, ofrecerlo, concretarlo al Gobierno del Estado", insisten las fuentes del Govern.

Y lo de la Ley de Secretos lo explica así el entorno de Aragonès: "Ellos no podían poner la palabra Pegasus en el documento acordado, pero eso es lo que exigíamos". Y así se infiere, efectivamente, de la lectura del último de los párrafos plasmados en el acuerdo alcanzado el viernes pasado por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Laura Vilagrà, consellera equivalente de Cataluña.

"La actuación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Catalunya [sic], rechazando actos, decisiones o mecanismos ilegítimos que vulneren dichos derechos por la mera adscripción a una ideología o visión territorial".

Esas frases contienen una especie de reconocimiento de responsabilidad por parte del Gobierno de España. Pero sin decirlo, y como explican fuentes de la negociación, "lo más importante en cada papel que sale de procesos como éste es lo que no se dice, y más aún si se entiende sin decirlo".

Desde Moncloa, se quita hierro a esa interpretación. Fuentes cercanas a Sánchez ponen el peso más en "la recuperación de la confianza mutua" y en los efectos benéficos de "la normalización de la vida en Cataluña". En todo caso, Aragonès le ha pedido una oferta concreta en este punto que pueda mostrar como un triunfo de la negociación.

Incentivos ya

Y es que ahora, Aragonès necesita "compromisos tangibles". Esas dos reuniones de la Mesa -una en Madrid, la otra en Barcelona- deberán tener "cosas que anunciar", porque hasta ahora "sólo han sido citas protocolarias, para la foto, como si a Moncloa le bastara con ceder de vez en cuando a que se nos viera juntos".

Sobre todo, si se quiere avance esa "normalización" hacen falta incentivos ya. Porque para ERC es imprescindible quitarle la razón a su socio de Govern, que abomina de la Mesa y hasta la boicotea. Así lo ha dicho expresamente Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, en estos días de Debate sobre el estado de la Nación.

Más aún teniendo en cuenta que, una vez que comience 2023, a ERC le van a faltar estímulos para seguir siendo vista de la mano del PSOE de Pedro Sánchez.

No sólo se acercarán las generales... es que antes llegan las elecciones municipales de mayo. Y esta cita con las urnas será clave para conocer quién tiene la primacía electoral (y social) en la Comunidad Autónoma: si ERC se consolida, si el PSC de Salvador Illa capitaliza la "normalización" o si los votantes regresan al frentismo puigdemoniaco de Junts.