Sánchez pacta tramitar como proyecto de ley el decreto energético que caduca dentro de 4 meses

Para recabar estos apoyos, el PSOE se ha comprometido a tramitar la iniciativa como proyecto de Ley, lo que permitiría incorporar luego las enmiendas del resto de grupos parlamentarios, pese a que al decreto apenas le quedan cuatro meses de vigencia.

Desde el inicio de la legislatura, el PSOE ha utilizado el mismo señuelo en al menos 18 ocasiones: logra el apoyo de sus socios para convalidar un decreto aprobado por el Consejo de Ministros, con el compromiso de tramitarlo como proyecto de Ley.

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Pero a continuación, como la norma ya está en vigor, el PSOE mete el proyecto de Ley en un cajón: congela su tramitación en la Cámara y nunca llegan a votarse las enmiendas presentadas por el resto de grupos. En algunos casos ha llegado a prorrogar el plazo de presentación de enmiendas hasta 77 veces, para eternizar su tramitación.

Así ha ocurrido con varios de los decretos ley aprobados durante la pandemia para ayudar a los sectores del transporte, la vivienda, la hostelería y el comercio; además del decreto aprobado en enero de 2021 para prorrogar los ERTE causados por el covid.

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Una vez entraron en vigor, el PSOE también olvidó tramitar los proyectos de Ley impulsados para reducir la brecha de género, para combatir la sequía, para desplegar las energías renovables y para imponer el uso de mascarillas en espacios cerrados. De este modo los socialistas evitaron asumir las enmiendas presentadas por el resto de grupos.

Otros decretos, transformados en proyectos de Ley al convalidarlos, han corrido la misma suerte: el de medidas anticrisis frente a la guerra de Ucrania, el de protección de los derechos de autor (como trasposición de una directiva de la UE), el que regula el impuesto de la plusvalía y el que ha permitido al Gobierno controlar el banco malo (la Sareb).

ERC (que podría votar sí o abstenerse en el Pleno de este jueves), PNV y Bildu corren ahora el riesgo de que ocurra lo mismo con el decreto de ahorro energético. Más aún, cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que pretende aprobar un nuevo decreto energético en septiembre, que probablemente impondrá restricciones más duras para hacer frente al recrudecimiento de la crisis.

No será el último

Todo apunta, además, a que el de este jueves no va a ser el único real decreto-ley que se acabe convalidando y tramitando como proyecto de ley. Fuentes del Gobierno indican a EL ESPAÑOL que el decreto para reformar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos "probablemente" siga este camino.

En la última semana de julio, el Consejo de Ministros aprobó el correspondiente real decreto-Ley que cambia el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras pactarse su contenido con las diferentes asociaciones de trabajadores por cuenta propia.

Sin embargo, la posibilidad de que se tramite como proyecto de ley lo abre a inesperadas modificaciones que quedan en manos del Congreso de los Diputados. Con todo, se trata de una posibilidad que respetan los propios autónomos.

Al menos, así lo ve Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE. Tras una reunión con los responsables del Grupo Popular, que le trasladaron su posición de apoyar la convalidación del decreto-ley pero también su tramitación como proyecto de ley, aseguró que "respeta" esta posición.

Ante la falta de una mayoría estable, Pedro Sánchez ha optado por gobernar a golpe de decreto ley, batiendo todos los récords: ha aprobado 125 en cuatro años, desde que llegó a la Moncloa en 2018. Felipe González aprobó 130 decretos ley en 16 años, Aznar 127 en dos legislaturas, Zapatero 108 en el mismo plazo y Rajoy 107 en seis años.

Con este procedimiento, el Ejecutivo se garantiza que la norma entre en vigor de forma inmediata, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, aunque decae si no logra convalidarla en el Congreso, por mayoría simple, en el plazo de 30 días.

El Gobierno logró sacar adelante en las Cortes el pasado mes de abril su primer decreto anticrisis frente a la crisis de Ucrania, que incluía la bonificación de 20 céntimos al litro de gasolina. Como la probación de la norma peligraba por la abstención de ERC, el PSOE se garantizó el apoyo del PNV y Bildu con la promesa de tramitar el texto como proyecto de Ley.

El decreto anticrisis

Sin embargo, las medidas incluidas en la norma resultaron insuficientes para afrontar el deterioro de la situación económica. El Gobierno se vio obligado a aprobar, el pasado mes de junio, un segundo decreto anticrisis: incluye el cheque de 200 euros para autónomos y familias vulnerables, rebaja el IVA de la luz al 5% y prorroga la bonificación al carburante.  

De este modo, el primer proyecto de Ley de medidas anticrisis ha quedado superado y se ha guardado en un cajón: una vez sus artículos entraron en vigor, nunca se llegará a debatir y aprobar como Ley.

El Gobierno había recurrido al mismo truco durante la pandemia. El Pleno del Congreso convalidó en julio de 2020 el Real Decreto-ley 26/2020 de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. Como prometió el PSOE a sus socios, la Cámara acordó tramitar el texto como proyecto de Ley.

La norma habilitaba a los aeropuertos para rechazar a cualquier viajero con síntomas de Covid y establecía una moratoria (hasta septiembre de 2020) en el pago de las hipotecas y los alquileres, para los afectados por el virus. El Gobierno aprovechó para incluir en el texto varias cláusulas sobre la comercialización de los derechos del fútbol para la televisión.

Como la vigencia de estos artículos concluía en septiembre de 2020, el Gobierno perdió pronto el interés por tramitar el decreto Ley. Desde entonces la Mesa de Congreso (en la que tienen mayoría el PSOE y sus socios) ha prorrogado 77 veces el plazo de presentación de enmiendas para eternizar la tramitación del proyecto de Ley, que nunca llegará a debatirse. Ya cumplió su finalidad.

Aunque no es resultado de un decreto del Gobierno, lo mismo ha ocurrido con la proposición de Ley que el PSOE, Podemos, Bildu, ERC y Más País registraron en febrero de 2020 en el Congreso para investigar el robo de bebés durante el Franquismo.

Pese a que se hablaba de miles de casos, las causas judiciales abiertas no han logrado acreditar ni un solo robo de bebés propociado por el régimen franquista. Así que la proposición de Ley planteada por el PSOE y sus socios ha quedado empantanada: el plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado ya 77 veces y todo indica que la norma no llegará a debatirse durante la actual legislatura.