El PP inicia una ofensiva para acabar con el abuso de los reales decretos que incluye el recurso al TC

Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa en junio de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha remitido a las Cortes un total de 129 reales decretos. Esta práctica ha recibido numerosas críticas de la oposición y del resto de grupos. Ahora el PP, para acabar con este "abuso", inicia una ofensiva que incluye el recurso al Tribunal Constitucional. 

El Grupo Parlamentario Popular ha diseñado una estrategia para denunciar que "la actividad del legislador está desapareciendo en su totalidad" también por otras "artimañas" del Ejecutivo. Por ejemplo, que PSOE y Podemos presenten en la Cámara Baja proposiciones de Ley que, en realidad, "se diseñan desde los ministerios". 

Concretamente sobre la figura del decreto ley, los populares censuran su uso generalizado, cuando está regulado para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Admiten su utilidad para situaciones excepcionales, como una pandemia, pero no para cuestiones ordinarias. 

Por otro lado, la mayoría de que disponen socialistas y morados ostentan en la Mesa del Congreso, máximo órgano de la Cámara, permite que muchas iniciativas legislativas se puedan tramitar por la vía de urgencia, pese al rechazo de la oposición. Es el caso del proyecto de Ley Trans y de la reforma de la Ley del Aborto, ambos del Ministerio de Igualdad. 

Esto, denuncian fuentes del Grupo Popular, acorta los plazos con "debates acelerados" en detrimento de comparecencias sosegadas, que podrían arrojar luz de "expertos y la sociedad civil". Recuerdan, además, que son cuestiones que generan una gran polémica en la sociedad. 

El equipo que dirige la portavoz Cuca Gamarra se ha fijado el objetivo de frenar estas prácticas. Para ello, van a emprender una serie de acciones. La primera, redoblar los esfuerzos para denunciar públicamente los "malos hábitos" que, en este sentido, ha adquirido el Gobierno. 

Después, presentar recursos de amparo ante la Mesa del Congreso, con la intención de ver cumplido su objetivo. Y por último, según ha podido saber EL ESPAÑOL, también se plantean acudir al Tribunal Constitucional con un recurso que consiga enmendar los "abusos" de los reales decretos. 

[Sánchez pacta tramitar como proyecto de ley el decreto energético que caduca dentro de 4 meses]

Más allá de esto, el primer partido de la oposición reprocha otras cuestiones como los decretos que se aprueba en la Cámara con la condición de que se tramiten como proyectos de ley y que, finalmente, entran en vigor y la Mesa los mantiene paralizados. Esto también despierta malestar en socios como Esquerra Republicana. 

Por otro lado, afean desde la formación que preside Alberto Núñez-Feijóo que los grupos parlamentarios de la coalición disfracen con proposiciones de ley cuestiones que realmente nacen en el seno del Gobierno. 

Sin informes preceptivos

El PP reprende a Moncloa porque proyectos legislativos de calado se libran así del aval de expertos. Las proposiciones llegan al Hemiciclo sin informes preceptivos que son obligatorios, pero no vinculantes, por parte de instituciones como el Consejo de Estado.

Un claro ejemplo de ello es el reciente impuesto para gravar a las energéticas y a la banca. En los medios de comunicación ha sido María Jesús Montero, ministra de Hacienda, la encargada de defenderlo. Pero lo cierto es que la proposición de ley no llevaba la firma de su departamento, sino la de los partidos que sostienen al Gobierno.

Explican de manera pedagógica en el PP que esto obedece a la voluntad de Moncloa de evitar el veredicto del Banco de España sobre el impuesto a la banca; o el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el impuesto a las eléctricas. 

Fuentes de la formación conservadora no dudan en calificar esta práctica como un "fraude de ley" y lamentan que con esta forma de legislar "no se puede establecer un debate sereno". 

Además, alertan de que en el caso concreto del gravamen a las eléctricas y la banca hay serias dudas sobre su "seguridad jurídica", indicando que podría suponer "una doble imposición".

Otro ejemplo es la reforma del Poder Judicial que impide realizar nombramientos. El propio órgano afectado solicitó presentar un informe y no pudo hacerlo, pese a tener amparo. El PP mantiene un recurso por esta norma en el Tribunal Constitucional.

El Grupo Popular acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "cercenar" al Poder Legislativo. El uso reiterado de los decretos o las proposiciones de ley, aseguran, responden al "ansia de poder del presidente y su equipo, que está repercutiendo en otros poderes".