Acuerdo entre Bolaños y Pons para que no haya perfiles políticos marcados ni vetos en el CGPJ

Por ejemplo, en la Moncloa sentó muy mal que Alberto Núñez Feijóo asegurara que necesitan un papel firmado para cerrar ese acuerdo porque no se fían del presidente del Gobierno. Pero el propósito de Bolaños y Pons es que ese tipo de declaraciones y de enfrentamientos y los malestares posteriores no afecten a la negociación.

No afecta esa declaración ni el duro enfrentamiento de este jueves en el Pleno del Congreso de Pedro Sánchez con la oposición, ni el cara a cara que se producirá el martes en el Senado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, si es que para entonces no se ha cerrado el acuerdo. Porque lo previsible es que el acuerdo pueda estar incluso antes de ese día.

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Las bases acordadas por ambos para ese pacto incluyen el compromiso de no elegir perfiles “políticos” para el CGPJ y no tener capacidad de veto sobre las propuestas del otro.

Con Pablo Casado hubo un acuerdo sobre el Tribunal Constitucional en el que el PP propuso a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel, ambos con perfil controvertido, y no fueron vetados por el Gobierno. Así fue pese a que el PSOE firmó ese pacto muy molesto por los dos magistrados propuestos y a pesar de que Unidas Podemos arremetió con dureza contra los dos elegidos.

En el acuerdo que se perfila ahora, Moncloa incluirá su compromiso de reservar dos puestos en el CGPJ a vocales propuestos por Unidas Podemos y opciones de que entre ambos cedan uno al PNV, como se ha hecho siempre que ha habido renovación en otras legislaturas.

El escollo para el acuerdo sigue siendo la reforma legal para cambiar el sistema de elección para que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan a los futuros vocales.

Es obvio que ese cambio no operará para esta renovación y ambas partes ya han intercambiado propuestas para el futuro.

Por ejemplo, el PP sostiene la idea de pedir al CGPJ ya renovado una propuesta de reforma legal para el futuro. Esa propuesta no puede ser vinculante y, además, la reforma de la ley podría no estar lista en esta legislatura.

La expectativa electoral del PP que muestran las encuestas facilita que pueda aceptar demorar esa reforma, puesto que confía en tener las manos libres para hacerlo.

El Gobierno maneja otras formas para mantener la elección parlamentaria, pero aumentando la participación de los jueces y magistrados. Para eso, propone fórmulas que reduzcan el número de candidatos que proponen los propios jueces, para elevar el peso de su intervención en el proceso.

El PP está muy interesando en pactar que todos los nombramientos en el CGPJ sean por mayoría reforzada. Fue una propuesta de Casado y ahora de Feijóo y, según el PP, ha sido aceptado por el Gobierno.

Esas mayorías han ido variando de simple a absoluta y reforzada en los últimos años, y el PP pretende elevarla a tres quintos para todos los nombramientos, evitando que se imponga un sector al otro y obligar así al consenso.