El pacto por la Justicia entre PSOE y PP, en el alambre: "O sale esta semana o no sale"

Aunque las dos partes se limitan a transmitir que "hay avances", lo cierto es que en el horizonte se avecina un debate político en torno a la reforma del delito de sedición que podría fagocitar el entendimiento. "Si el acuerdo pasa de esta semana se va a mezclar con un debate con el que no podremos dar un paso más", admiten desde el Partido Popular. 

El Gobierno, tal y como adelantó este periódico, se ha asegurado salvar el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 gracias a un compromiso sellado con ERC en el que incluye varios puntos. Uno de ellos, la posibilidad de reducir las penas por el delito de sedición antes de que termine el año. Esto ha despertado profundas críticas en el PP, aunque Génova ha decidido encapsular la negociación de la Justicia de cualquier factor externo. De momento. 

Las conversaciones para renovar los órganos judiciales, llegados a este punto, se circunscriben mayoritariamente al reparto de nombres. El PSOE, según ha podido saber este periódico, se muestra aun más optimista que el principal partido de la oposición: "Está todo encarrilado", apuestan desde la dirección socialista en Ferraz, donde evitan dar más detalles. 

Sobre la mesa había varios escollos. Uno de ellos, el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. El otro, y aún más relevante para el PP, el órdago de Podemos para designar a la jueza Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Vioencia de Género, como vocal del CGPJ en uno de los dos puestos que corresponden a los morados. 

El papel de Yolanda Díaz

A pesar de las amenazas de los de Ione Belarra de votar en contra de la renovación si no se atendía a su petición, el PSOE ha terminado dando un portazo a los socios minoritarios. A esto ha contribuido también Yolanda Díaz, que ejerce de interlocutora del sector morado de la coalición junto a su hombre de confianza, Enrique Santiago. Ambos se han posicionado del lado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quitando relevancia a las advertencias de Podemos. 

La entrada de nombres que guarden un estrecho vínculo con la política en el CGPJ es una de las líneas rojas que han impuesto los populares desde el primer momento. Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del PP y responsable de negociar con el Gobierno, ha mantenido la máxima de Feijóo de apostar por criterios de idoneidad para designar a los vocales. 

[El PSOE quiere cerrar el pacto del CGPJ sin atender la exigencia de Podemos de colocar a Rosell]

Génova no contempla otra vía que no pase por despolitizar la Justicia. De hecho, en el argumentario que el partido ha remitido esta semana a sus dirigentes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, insisten: "Esperamos poder lograr un acuerdo para la renovación conjunta de TC y CGPJ y para un nuevo marco que profundice en criterios de independencia". 

Los conservadores remarcan que "es necesario un acuerdo por el Poder Judicial" que debe ir "mucho más allá que un mero cambio de cromos". Aseveran, además, que no han "improvisado su posición, que es pública y notoria desde hace al menos tres meses". 

En esa línea, el ideario difundido por el equipo de Feijóo concluye que su posición "es coincidente con la de la Comisión Europea: hay que despolitizar la Justicia española, se debe reforzar la independencia del Poder Judicial y los jueces deben participar en la elección de los jueces". 

Una vez descartada la posibilidad de que Rosell tenga un asiento en el futuro Consejo, el único inconveniente que parece haber entre PSOE y PP es la necesidad de dar carpetazo a la negociación en los próximos días. Con Pedro Sánchez volviendo de su viaje a Sudáfrica este viernes y Feijóo partiendo una semana más tarde a una gira latinoamericana, el acuerdo se avecina inminente.