La amnistía tardará hasta un año en aplicarse: será Puigdemont quien "pagará por adelantado"

Sin embargo, ahora el acuerdo sobre la amnistía está prácticamente cerrado, según diversas fuentes. Y quedan, precisamente, por cerrar otros detalles que tienen que ver con la verificación internacional que pide Junts para asegurar que se cumple; precisamente, porque habrá que aplicarlo en un plazo de hasta un año. Moncloa prefiere una comisión de seguimiento del acuerdo.

Por eso ahora, ese "pago por adelantado" que exigía Junts se ha convertido en petición de paciencia por parte de Moncloa y en darle la vuelta a ese planteamiento para enfriar esas prisas y hacer llegar a sus interlocutores que la aplicación de la amnistía puede tener que esperar hasta un año, según fuentes de la negociación.

De acuerdo con este planteamiento, los plazos de tramitación de una proposición de ley orgánica pueden llevar varios meses. Incluso, aunque se haga por procedimiento de urgencia. Los plazos ya se acortan al descartar el proyecto de ley del Gobierno, que necesitaría informes no vinculantes de Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal.

Es decir, el hecho de que lo presente un grupo parlamentario —o varios— reduce los plazos, pero necesita tiempo. Para empezar, si Sánchez logra incluir en el acuerdo los Presupuestos para 2024, eso ya ralentiza todo, porque la tramitación de las cuentas tiene prioridad y frena todas las demás iniciativas.

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Aunque se presentara y calificara en noviembre, no es fácil que salga del Congreso antes de enero. A partir de ahí, el texto iría al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y, sobre todo, control de la Mesa, por ejemplo, para que enero sea inhábil.

En la Cámara Alta, el PP puede vetar el texto antes de dos meses o veinte días si se declara urgente, pero el principal partido de la oposición ya busca fórmulas para dilatar esos plazos. El veto del Senado, en todo caso, puede levantarse luego en el Congreso por mayoría absoluta, pero sigue corriendo el tiempo.

Una vez aprobada la ley orgánica de amnistía, serán los tribunales y juzgados en los que haya causas afectadas los que tengan que aplicarla. Por ejemplo, la proposición de ley de amnistía que presentaron en el Congreso en 2021 los independentistas se especifica cada uno de las más de 20 órganos judiciales afectados y cómo la aplicación debe ser a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.

Afectaría también a los miembros de Policía Nacional y de la Guardia Civil encausados en instancias judiciales de Cataluña por los sucesos del 1 de octubre de 2017.

Independentistas se manifiestan en Barcelona con caretas de Carles Puigdemont. Efe EFE

Los negociadores de Moncloa y los de los partidos independentistas han estudiado fórmulas para evitar que esos tribunales puedan entorpecer su aplicación. De hecho, el Gobierno sostiene que el Supremo ya lo hizo cuando hace menos de un año fueron modificados los delitos de sedición y malversación.

En el Alto Tribunal se tramita la causa principal del procés en la que, por ejemplo, está procesado Carles Puigdemont. La causa está en la Sala en lo que respecta a los ya condenados y en el instructor de la Sala Segunda, Pablo Llarena, en lo que respecta al expresident.

Esa sala tendrá que estudiar cómo aplica esa ley, tras pedir opinión a las partes personadas. Ese procedimiento se iría casi hasta primavera o verano de 2024.

A continuación, las distintas instancias judiciales pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De hecho, fuentes del Supremo ya han dejado caer que lo harán y previsiblemente lo harán otras instancias, lo que provocará un alud de cuestiones de constitucionalidad.

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad deja en suspenso la aplicación de la norma. Así, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que "cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley".

"El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el TC resuelva definitivamente sobre la cuestión", añade.

Es decir, las instancias judiciales con procedimientos sobre el procés podrán frenar su aplicación hasta que no falle el Constitucional. También es previsible que el PP lleve la norma al TC, pero ese recurso no tiene efectos suspensivos.

Otoño de 2024

Según los datos que maneja el Gobierno, la media de tiempo de las cuestiones de constitucionalidad está entre tres y seis meses. Es decir, los plazos ya se irían aproximadamente a otoño de 2024.

Obviamente, si el Constitucional fallara que la norma no es acorde con la Carta Magna, ésta quedaría anulada y se acabaría la amnistía. Si, por contra, fuera validada por el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido todos los afectados, empezando por Puigdemont quedarían exonerados de responsabilidad penal por los hechos vinculados al procés.

La conclusión es que el expresident de la Generalitat ordenaría a sus diputados votar a favor de la amnistía sin saber a ciencia cierta cuando y cómo podría volver a España. En todo caso, según el Gobierno no sería hasta los últimos meses del 2024. Puigdemont tendrá que confiar.

Por eso, Junts exige una verificación internacional, aunque Moncloa sólo parece dispuesta a que exista una comisión que haga seguimiento del cumplimiento del acuerdo de investidura y de legislatura que se firme.