Sánchez defenderá ante el PSOE que la amnistía devuelve al separatismo a la vía legal: sus 10 razones

El líder socialista comparece hoy ante el Comité Federal de su partido, donde no tiene problemas de respaldo por la amplia mayoría de sus incondicionales. Sólo alguno de sus miembros, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hecho pública su opinión contraria a la amnistía y se espera que hoy lo vuelva a hacer en el máximo órgano entre congresos del PSOE.

Moncloa ha preparado desde hace semanas su campaña de pedagogía o de “venta” de la amnistía y ha ralentizado su ofensiva política a la espera del cierre total del acuerdo.

[Sánchez pedirá manos libres a la militancia para negociar con Junts sin dar detalles sobre la amnistía]

Hoy Sánchez podría avanzar algo, aunque en el PSOE explican que el Comité Federal convocará una consulta entre los militantes sobre el acuerdo del Gobierno de coalición, tal y como estipulan los estatutos del partido, y sólo sobre la negociación con el resto de partidos.

Lo hará así porque no es seguro que le convenga mezclar el pacto con Sumar y el acuerdo con los independentistas. Además, aseguran que no es conveniente avanzar la defensa de la amnistía cuando aún no hay plena seguridad de un acuerdo con Junts y ERC.

Por eso, Sánchez se limita a pedir opinión a sus militantes sobre la negociación y no sobre el acuerdo con los independentistas. Es decir, pide manos libres para negociar.

De hecho, la amnistía no está en el orden del día del Comité Federal de hoy y las intervenciones son a puerta cerrada, salvo la inicial de Sánchez.

Para esa ofensiva política de defensa de la amnistía, los socialistas han preparado un argumentario con diez líneas básicas para que desarrollen sus dirigentes y miembros del Gobierno:

1. Varios tipos de amnistía

El Gobierno y el PSOE, incluido Sánchez, mantuvieron con reiteración y firmeza hasta el 23 de julio por la noche que la amnistía no cabe en la Constitución.

<>Incluso, en el escrito de concesión de indulto para los condenados por el procés se decía claramente que la amnistía no es constitucional.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya avanzó hace días en Onda Cero que el argumentario asegurará que, en realidad, a lo que se referían es a la inconstitucionalidad de la propuesta concreta que presentaron los independentistas en el Congreso en 2021.

Esa propuesta fue rechazada de plano y ni siquiera fue calificada por el PSOE en la Mesa del Congreso esgrimiendo un informe de los letrados de la Cámara que lo consideraban inconstitucional.

El argumentario explica que hay tipos diferentes de amnistía y, además, todo depende de cómo se motive. Por ejemplo, si se busca pagar un precio por una votación o si se trata de solucionar un conflicto político.

2. Por la reconciliación

El propio Sánchez ya ha hecho intentos en las últimas semanas de presentar la futura ley orgánica de amnistía como un paso imprescindible para “desinflamar la política catalana”, para la reconciliación, para la convivencia, para pasar página y otras expresiones similares. Todas ellas con significante positivo.

Este argumento ya se utilizó cuando se aprobaron los indultos y cuando se cambiaron los delitos de sedición y malversación y, de hecho, Sánchez fue a las elecciones generales con el mensaje de haber pacificado el clima en Cataluña.

Ahora se hablará de “acuerdo histórico” y se insistirá en un mensaje: desjudicializar un asunto político y usar la política en lugar de los tribunales.

3. Incorporar al separatismo

Con la tesis de que el independentismo abandonó la política institucional en 2017, los socialistas defenderán que ahora se trata de hacer que vuelvan todos a la política normalizada.

Entienden que el sólo hecho de que Carles Puigdemont haya querido negociar con el Gobierno ya es un paso importante, porque hasta el mes de julio desde Junts se descalificaba a ERC por pactar con el Estado. La acusación de traidor -“botifler”- sobrevuela a los dos partidos y ya les complicó la presencia en los actos de la Diada.

Sobre este punto se abre un debate intenso: la llamada unilateralidad, es decir, la actuación en favor de la independencia al margen de la ley o sin acuerdo con el Gobierno central.

Los socialistas argumentarán que el sólo hecho de aceptar que cualquier consulta o referéndum será pactada con el Gobierno ya supone renunciar a esa vía. Y como los independentistas mantendrán en público su discurso de no renuncia, desde el Ejecutivo dirán que son mensajes dirigidos a sus bases.

El argumento añade que no sólo se trata de amnistiar a Puigdemont y los jefes políticos del procés, sino también a más de 1.400 personas afectadas por procesos penales abiertos, por ejemplo, por habilitar colegios electorales para el referéndum ilegal.

Moncloa también insistirá en que la amnistía afectará a medio centenar de miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado encausadas por los sucesos del 1 de octubre de 2017.

4. Al PP le conviene

Sostiene Moncloa que al PP le conviene la amnistía porque supone hacer volver a Junts casi a la casilla que ocupaba Convergència hace años, es decir, la vía institucional y del acuerdo.

Añaden que el propio Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro estos días con sus guiños a Junts y Puigdemont que necesita que haya partidos conservadores, aunque nacionalistas, para poder completar mayorías de Gobierno al margen de Vox.

Ya lo hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy con CiU y PNV, y tras la amnistía podría hacerlo también Feijóo si Junts “queda limpio” y de vuelta al sistema democrático, siempre según el argumentario de Moncloa.

5. El TC, la última palabra

Desde el pasado mes de julio hay un vivo debate entre juristas sobre si la amnistía cabe o no en la Constitución. La dirección del PSOE ha pasado de decir claramente que es inconstitucional a admitir que cabe en la Constitución.

El argumento en este punto será que debe ser el Tribunal Constitucional el que lo determine. Eso ocurrirá cuando la ley ya esté aprobada y sea recurrida por el PP y, además, diferentes instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, planteen cuestiones de constitucionalidad que paralizarán la aplicación de la norma hasta que el TC se pronuncie.

El PSOE ya ha agitado extraoficialmente precedentes en Europa y en España con la ley de amnistía de 1977. Zapatero se remontó hasta la amnistía de 1936, que se aprobó por unanimidad en las Cortes de la República y después de juicios y condenas a independentistas catalanes.

No obstante, todo parece indicar que Moncloa eludirá los informes jurídicos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal al tramitarlo como proposición de ley de los grupos parlamentarios, en lugar de como proyecto de ley.

6. Una trayectoria intachable

“Cuando tomé la decisión de los indultos, yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña y para, también, superar lo sucedido en 2017. Hoy puedo constatar, y es una convicción, que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada, en aras del interés general (…) Siempre lo he dicho, no solamente porque no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación”, dijo Sánchez el 3 de octubre cuando recibió el encargo de investidura por parte del rey.

Se refería a que, según su versión, hay una trayectoria en el Gobierno de decisiones para cerrar el conflicto en Cataluña sin vulnerar la Constitución.

Es decir, Moncloa prepara un relato que arranca con la mesa de diálogo en la pasada legislatura, los indultos y la reforma del Código Penal sin haber traspasado, según explican, las líneas rojas de la Constitución.

Entre esas líneas rojas, según esta versión, está la del referéndum que Sánchez sigue considerando inconstitucional. Al menos de momento.

Le sirve al PSOE para dar a entender que tiene límites en la negociación y que no los ha traspasado. En realidad, esos límites los fijó reiteradamente el propio Tribunal Constitucional al rechazar el derecho a la autodeterminación y los refrendos sobre soberanía.

7. Desjudicializar: Rajoy se equivocó

La posición del Gobierno sobre la desjudicialización del conflicto político parte de la idea de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no supo gestionar el procés en 2017.

Sostiene ese argumentario que el entonces presidente del Gobierno no dialogó con Puigdemont y luego prefirió la actuación policial, el 1 de octubre, y la de la Justicia posteriormente.

Ahora, explican lo socialistas, se trata de darle la vuelta y usar el diálogo y el acuerdo para deshacer ese camino andado. Incluso, los independentistas han explicado que pretenden que el preámbulo de la ley de amnistía establezca que el 1-O no se cometió ningún delito.

Sánchez aseguró entonces que había delito de rebelión y se felicitó de la sentencia del Tribunal Supremo. Hasta aseguró en una comparecencia solemne en la Moncloa que se cumpliría íntegramente.

8. Recuperar parte del 'Estatut'

El PSOE establece como uno de los orígenes del conflicto el hecho de que el Tribunal Constitucional anulara 14 artículos del Estatuto de Cataluña una vez que la norma fue ratificada en referéndum por los catalanes.

El argumento señala que Cataluña es la única comunidad con un Estatut que los ciudadanos no votaron.

Por eso, se cambió la ley del TC hace años para que en el caso de los estatutos de autonomía intervenga primero el tribunal de garantías y luego se someta a votación.

Dentro de ese argumentario, el PSOE ha barajado la posibilidad de ofrecer a los partidos independentistas recuperar como leyes orgánicas algunos de los puntos del Estatuto anulados por el TC. Esta oferta podría estar en la mesa de diálogo que se pretende abrir durante la legislatura.

9. Un mal menor necesario

Moncloa quiso presentar esta semana el acuerdo con Sumar como primer paso para un hipotético pacto con el resto de partidos. Y se hizo poniendo énfasis en las medidas sociales de ese acuerdo y las medidas más ideológicas.

Con ello logra que el argumentario pueda hacer ver a sus votantes que la amnistía es una especie de mal menor necesario para poder impulsar esas medidas o para mantener el escudo social. El bien mayor a lograr es el de un Gobierno de coalición de izquierdas, además de evitar que la derecha y la extrema derecha gobiernen.

Este argumento está detrás de la consulta que hará el PSOE entre los militantes y que convocará hoy el Comité Federal. Es decir, se les dice que voten el acuerdo con Sumar y la necesaria negociación con los independentistas. Todo junto y sin concreción.

Le sirve también a Moncloa como pegamento para lograr que ERC, BNG, PNV y Bildu no tengan incentivo alguno para no pactar y forzar una repetición electoral.

10. El mandato de los electores

Sostiene el PSOE que el resultado electoral obliga a acuerdos como los que se negocia, sin que haya opciones de mayorías alternativas. Es decir, que pactando con todos ellos se está cumpliendo el mandato de los ciudadanos expresado en las urnas.

Para eso hizo Sánchez la ronda con partidos, porque al incluir al PP se visualizaba la imposibilidad de pactar con Feijóo.

Además, el presidente del Gobierno en funciones insistirá en la idea de la estabilidad para presentar el hipotético acuerdo como un pacto de legislatura, que incluya Presupuestos y que garantice que haya Gobierno durante cuatro años.