Puigdemont se resiste a firmar con el PSOE si no se incluye en la amnistía a Boye, Laura Borràs y Alay

Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes de la negociación, que precisan que esta exigencia está suponiendo un escollo difícil de sortear para el PSOE. De hecho, las conversaciones entre los socialistas y los posconvergentes se han suspendido y se retomarán hoy viernes.

Puigdemont publicó un mensaje en Twitter a última hora del jueves en el que señalaba que "todas las precauciones son pocas" a la hora de "tratar con el sistema político español". "No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan", afirmó. "Es esto y es así", subrayó el secretario general de JxCAT, Jordi Turull, citando el mensaje del expresident catalán.

[El abogado de Puigdemont, condenado por terrorismo, participa en el diseño de la ley de amnistía]

La tesis que defiende Junts es que Borràs, Boye y Alay han sufrido lawfare (guerra jurídica) por sus ideales políticos. Es decir, el uso de procedimientos judiciales mendaces en su contra para boicotear su imagen y sus aspiraciones. Y que, por ello, los tres deben ser también amnistiados, al igual que el resto de condenados, investigados y procesados por diversos delitos vinculados al proceso soberanista catalán.

Borràs fue recientemente condenada a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras haber fraccionado contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para beneficiar a un amigo suyo.

Puigdemont, reunido este jueves con la cúpula de JxCAT para decidir sobre el acuerdo con el PSOE. Efe

No obstante, el TSJC, al sentenciarla, pidió el indulto parcial para ella, con el fin de que su pena quede reducida a menos de dos años de cárcel. De este modo, no entraría en prisión.

Boye ha sido procesado por, supuestamente, haber blanqueado dinero proveniente de las actividades de narcotráfico de la red de Sito Miñanco, detenido en 2018 por, presuntamente, haber tratado de introducir cuatro toneladas de cocaína en España.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Boye ha participado activamente en el diseño de la ley que, previsiblemente, amnistiará a Carles Puigdemont y al proceso soberanista catalán. Especialmente, para garantizar que la norma no sea tachada de inconstitucional.

Aparte de ser abogado de Miñanco y del expresident, Boye lo es del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y de la exconsellera fugada de la Justicia Clara Ponsatí.

También ejerció la acusación popular en el caso de los papeles de Bárcenas y fue letrado del expresindente catalán Quim Torra, del cantante César Strawberry y del exjefe etarra Josu Ternera.

En 1996, Boye fue sentenciado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla (unos hechos, por los que ya cumplió su correspondiente condena y que quedarían al margen de la amnistía). Fue en prisión donde se sacó su título de abogado.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, junto al 'expresident'.

Josep Lluís Alay se encuentra a la espera de juicio, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por haber asistido al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia en 2018 con gastos sufragados por el Govern catalán. La Fiscalía pide para él tres años de prisión y 17 de inhabilitación.

Además, fue investigado en el marco del caso Volhov, pero el juez archivó la causa para él al "no hallar indicios sólidos" de que una compraventa de petróleo sirviera para financiar el procés.

La inclusión de Borràs entre los beneficiados por amnistía no es una cuestión nueva. ERC ya la rechazó meses atrás, cuando se planteó por primera vez. Pero la expresidenta del Parlament catalán es hoy —al menos, formalmente— el máximo cargo orgánico de Junts per Catalunya y una de las figuras más próximas a Carles Puigdemont.

La entidad separatista Òmnium Cultural también redactó el listado de quienes, a su juicio, deberían ser beneficiarios de la amnistía. Borràs no estaba entre ellos.