Bruselas desmiente a Bolaños: "No hemos dicho que la Ley de Amnistía nos plantee cero inquietud"

En un gesto poco frecuente, la Comisión de Ursula von der Leyen ha desmentido este viernes de manera categórica al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras reunirse el jueves en Bruselas con la vicepresidenta Vera Jourová y el comisario de Justicia, Didier Reynders, Bolaños declaró que la Ley de Amnistía pactada con Carles Puigdemont genera "cero preocupación" en la UE.

El Ejecutivo comunitario le ha replicado que todavía tiene "interrogantes" sobre esta norma y que quiere continuar el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para recibir todas las aclaraciones necesarias.

"En este sentido, la Comisión no ha dicho de momento que la Ley de Amnistía no plantea ninguna preocupación", ha recalcado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wiegand, durante la rueda de prensa que organiza diariamente la institución.

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"En la reunión, el comisario (Reynders) informó por supuesto al ministro de que tenemos interrogantes y de que queremos continuar la conversación con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis (sobre la Ley de Amnistía) todavía está realizándose", ha señalado el portavoz.

En todo caso, Wiegand asegura que la reunión de Reynders con Bolaños fue "muy constructiva" y que las "discusiones y los intercambos con las autoridades españoals continúan"

En su rueda de prensa posterior a sus encuentros en Bruselas del jueves, Bolaños aseguró que la mayor parte del tiempo se había dedicado al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la responsabilidad del PP, mientras que la Ley de Amnistía no suscita dudas en Bruselas.

"Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España. Conocen perfectamente la proposición (de Ley de Amnistía), saben que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español y también con el derecho de la UE y los valores de la UE", dijo Bolaños.

Al mismo tiempo, el ministro de Presidencia argumentaba que "no hay ninguna duda de que este es un asunto interno de España". Y reclamó al partido de Alberto Núñez Feijóo que "no intente dañar la reputación de nuestro país para conseguir objetivos políticos" y "no juegue con el buen nombre de España para hacer política". "En Europa no hay ninguna preocupación con el Estado de derecho en España", insistió en varias ocasciones durante su rueda de prensa.

El Ejecutivo comunitario no ha querido dejar pasar las declaraciones de Bolaños y ha aprovechado su rueda de prensa diaria para desmentirle expresamente, con una declaración que se había preparado de antemano. El simple hecho de que el ministro de Justicia tenga que acudir a Bruselas a dar explicaciones sobre la Ley de Amnistía demuestra ya que es una norma que genera dudas, explican fuentes comunitarias.

Bolaños y Reyders volverán a verse las caras en Bruselas el próximo lunes 4 de diciembre, ya que se celebra un Consejo de Justicia en el que el primero representa a la presidencia española y el segundo a la Comisión. Los dos tendrán que comparecer conjuntamente en rueda de prensa al término de la reunión.

Por lo demás, el Ejecutivo comunitario asegura que no se pronunciará de forma oficial sobre la Ley de Amnistía hasta que no se apruebe en el Parlamento español, para tener en cuenta las posibles enmiendas.

La Comisión ha recibido en las últimas semanas un gran número de quejas de ciudadanos particulares y asociaciones judiciales y de la sociedad civil expresando "graves preocupaciones" por la Ley de Amnistía y por la referencia en el acuerdo entre el PSOE y Junts a la revisión de sentencias judiciales por parte de comisiones especiales del Parlamento. También el Partido Popular Europeo ha interpelado al Ejecutivo comunitario para que frene la norma.

Los denunciantes sostienen que la Ley de Amnistía vulnera los valores fundamentales de la UE, en particular el Estado de derecho y la separación de poderes, así como las disposiciones del derecho penal comunitario relativas al terrorismo, la corrupción y la protección de los intereses financieros de la Unión.