Bolaños admite ahora que la UE tiene "preguntas" sobre la amnistía tras otro encuentro con Reynders

La controvertida Ley de Amnistía para los encausados por el procés pactada por el PSOE con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez ha monopolizado por completo la rueda de prensa final del Consejo de Justicia de la UE celebrado este lunes en Bruselas.

En su comparecencia conjunta, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que representaba a la presidencia española, y el comisario del ramo, Didier Reynders, han tenido que responder más de media docena de preguntas exclusivamente sobre política nacional española (que han ocupado 25 minutos), en un foro normalmente consagrado a temas europeos. 

De pie al lado de Reynders, Bolaños ya no se ha atrevido a repetir que la Comisión Europea tiene "cero preocupaciones" sobre la Ley de Amnistía, como hizo la semana pasada. Al contrario, el ministro de Justicia ha admitido que Bruselas tiene "preguntas" sobre esta norma y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a "clarificar cualquier aspecto".

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Por su parte, el comisario de Justicia ha reiterado que su departamento ha recibido muchas quejas de ciudadanos particulares y organizaciones civiles sobre la Ley de Amnistía. Unas quejas que denuncian que la norma vulnera la separación de poderes y la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de derecho.

Reynders asegura que seguirá planteando a las autoridades españolas sus interrogantes sobre la Ley de Amnistía durante todo el proceso de tramitación. Y solo se pronunciará sobre si la norma vulnera o no el derecho europeo cuando haya sido definitivamente aprobada por el Parlamento español, teniendo en cuenta las posibles enmiendas.

"Estamos manteniendo un diálogo continuio, fluido, tranquilo, transparente, para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total. Y por eso tenemos una posición común la Comisión y el Gobierno español y estamos totalmente alineados", ha dicho Bolaños en la rueda de prensa.

"El comisario ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo, que ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas", reconoce el ministro de Justicia. "Ese diálogo continuará y cualquier cuestión que la Comisión nos solicite clarificación, lo haremos como lo estamos haciendo", ha apuntado. Ni Reynders ni Bolaños han desvelado de qué versan los interrogantes que tiene Bruselas.

Didier Reynders y Félix Bolaños conversan durante el Consejo de Justicia de la UE celebrado este lunes en Bruselas Unión Europea

Sin embargo, Reynders ha precisado que la posición común entre España y Bruselas se refiere a la forma de examinar la Ley de Amnistía y no a su contenido. "Sobre la Ley de Amnistía, tenemos efectivamente una posición común sobre el procedimiento: hemos entabladado un diálogo, con preguntas y respuestas. En un primer momento solicitamos el texto y ahora vamos a continuar este diálogo con las autoridades españolas con más preguntas y respuestas", ha relatado el comisario.

"Por lo que se refiere al fondo, la posición de la Comisión no se producirá hasta el final del procedimiento, cuando el Parlamento español adopte un texto y tengamos en nuestras manos una ley", ha dicho Reynders. Según la información que le ha transmitido el propio Bolaños, el Gobierno espera que la Ley de Amnistía esté aprobada en el primer trimestre de 2024.

El comisario de Justicia ha expresado su "preocupación" por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que se cumplen este lunes cinco años. Una situación que según ha destacado impide hacer nombramientos para el Tribunal Supremo y provoca un aumento de los retrasos en la resolución de los asuntos.

Reynders ha insistido en que es "urgente" un acuerdo para renovar primero el CGPJ y entablar de inmediato la reforma del sistema de nombramiento de los vocales para adaptarla a los estándares europeos. Es decir, para que al menos la mitad de los miembros sean elegidos por los propios jueces y no por el Parlamento como ahora. Si los partidos españoles se ponen de acuerdo para plantear renovación y reforma simultáneamente, el Ejecutivo comunitario no se opondrá, ha señalado.