Moncloa planea hacer público el aval para usar Pegasus contra Aragonès y desinflar la causa judicial

El Gobierno planea desclasificar las autorizaciones judiciales que avalaron el uso del software Pegasus para intervenir el teléfono móvil de, entre otros, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès.

Así lo detallan fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL. Dicha decisión, además, contribuirá a desinflar la causa judicial en la que figura como investigada Paz Esteban, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo que recibió la autorización de un juez del Tribunal Supremo para dicha operativa.

Estaba previsto que Esteban —cesada por el Gobierno en mayo de 2022, tras hacerse público el espionaje a líderes separatistas— declarase este miércoles en un juzgado barcelonés. Figura como imputada tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por, precisamente, Pere Aragonès.

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No obstante, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito en el que ha solicitado, con éxito, que la declaración de Esteban se posponga hasta inicios de 2024. Y el Ministerio de Defensa cree "bastante probable" que la documentación sobre el uso de Pegasus se desclasifique antes de la declaración de la exjefa del CNI, prevista para finales de enero.

De esta forma, Esteban podrá esgrimir dichos documentos para su defensa y constatar así que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje a Aragonès y que éste siguió los cauces legales.

Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, en su toma de posesión. CNI

Por otro lado, con la desclasificación, el Gobierno cumple también lo pactado con ERC, el partido al que pertenece el presidente catalán. Los avales judiciales en los que el Tribunal Supremo autorizaba al CNI a espiar a Aragonès ya fueron mostrados por Paz Esteban a los diputados que participaron en una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto y que se celebró a puerta cerrada.

Desde entonces, los partidos independentistas han exigido al Gobierno que la documentación sobre el uso de Pegasus fuese desclasificada. De hecho, en el auto en el que citó a declarar a la exjefa del CNI, el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona calificó como "pertinente" que dicha documentación se hiciese pública, una decisión que corresponde al Consejo de Ministros.

El próximo 21 de diciembre, además, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna en Barcelona con Pere Aragonès, en el Palau de la Generalitat.

Imputación de Paz Esteban

A la hora de imputar a Paz Esteban, el juez Santiago García también remitió un exhorto al magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI para que certifique si autorizó el uso de software o "cualquier fórmula de intervención" de las comunicaciones de Aragonès.

También reclamó al CNI información relativa a la compra y posible uso de Pegasus y sobre las "concretas personas" que actuaron en nombre de la Inteligencia española durante el proceso de "encargo, compra y recepción" del programa y si éste se utilizó o no para espiar a Aragonès.

A su vez, Santiago García emitió una Orden Europea de Investigación (OEI) para que la empresa OSY Technologies, la matriz de la compañía comercializadora de Pegasus, que tiene su sede en Luxemburgo, aclare si ha comercializado el programa informático con organismos gubernamentales del Estado español y, si es así, que precise con cuáles.

El Gobierno destituyó a Paz Esteban al frente del CNI en mayo de 2022 a raíz de la polémica generada por el informe del instituto CitizenLab sobre el espionaje con Pegasus. Dicho dosier acabó publico en la revista estadounidense The New Yorker.

No obstante, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Elies Campo, uno de los autores del informe Pegasus que denunciaba el supuesto espionaje a las altas esferas del independentismo, participó en la creación de la llamada República Digital Catalana, la infraestructura informática con la que los separatistas querían funcionar al margen del Estado como un país independiente.

Además, Campo llegó a trabajar como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la elaboración de este dosier.

La causa judicial derivada de la querella de Aragonès se suma así a las que ya se instruyen en otros juzgados de Barcelona por este supuesto caso de espionaje político. Otro juzgado de la Ciudad Condal investiga si también fueron hackeados los móviles de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba.