Dirigentes del PSOE y Sumar cuestionan ceder inmigración en pleno brote xenófobo en Cataluña

Heridas en forma de autocrítica, para intentar evitar en el futuro situaciones similares, tratar de limitar los decretos, evitar aprobarlos sin pactarlos previamente y cambiar la metodología de negociación para no tener que ceder tanto en el último momento, según admiten en la Moncloa y en el PSOE.

Y también en forma de sorpresa o malestar por algunas de las cesiones precipitadas a Junts, especialmente la que se refiere a las competencias de inmigración. De hecho, fuentes del Gobierno explican que es muy difícil de ejecutar ese acuerdo por problemas legales, administrativos y burocráticos y, por eso, el Ejecutivo se esforzó este jueves en desinflar el globo y minimizar el acuerdo firmado la víspera con Junts.

El partido de Carles Puigdemont fue el que informó el mismo miércoles en una nota del acuerdo para ceder con una ley orgánica la competencia exclusiva del Estado, usando la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

No hubo ni hay documento escrito del PSOE sobre esos acuerdos. Un día después, el Gobierno, a través de los negociadores María Jesús Montero y Félix Bolaños se limitaron a decir que habrá que negociar los detalles en esa futura ley orgánica, sin explicar cómo y cuándo se hará. Extraoficialmente se rebaja el acuerdo, mientras Junts exhibe como un trofeo lo arrancado al Gobierno y su alcance sobre puntos clave como el control de flujos migratorios y hasta las expulsiones.

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La sorpresa y el malestar se extienden entre dirigentes del PSOE, Sumar y ERC. Sobre todo, porque ese acuerdo para la futura cesión se produce en un momento en el que Junts rivaliza con la extrema derecha de Aliança Catalana, una formación de ultraderecha independentista que sale del partido de Puigdemont y que defiende la expulsión de migrantes de Cataluña.

A ese contexto se refirieron ayer expresamente y con preocupación Sumar y la número dos de ERC en el Congreso, Teresa Jordà. Y ayer mismo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hablado de poder expulsar migrantes reincidentes y ha vinculado inmigración y delincuencia.

Junts y Aliança Catalana

Aina Vidal, diputada de Sumar, explicó en la Sexta que sospecha que Junts pide cesión de competencias para reforzar su mensaje de “dar la patada en el culo” a migrantes. Vidal explicó que le inquietan las razones por las que las pide Junts, pues está convencida de que su objetivo es tratar de “disputar” el cupo de la extrema derecha en enclaves como el Ayuntamiento de Ripoll (Gerona), cuyo gobierno local tiene un mensaje “absolutamente racista”.

“Estamos hablando de nuevo de derechos de ciudadanía, estamos hablando de derechos humanos, de gente que vive al límite y que el recibimiento que tenemos que darles no tiene nada que ver con esta patada en el culo que pretende hacer Junts, siguiendo los pasitos de la ultraderecha”, apostilló la también dirigente de En Comú Podem.

Los socialistas que defienden el acuerdo sostienen que, en la práctica, es un “compromiso político” con dificultades de ser aplicado tras la aprobación de una ley orgánica. Y los que muestran su estupor coinciden con Sumar en que ese “compromiso político” supone un balón de oxígeno para las tesis de quienes quieren centrar el debate político en Cataluña en la inmigración. Es decir, para la citada pugna de Junts y Aliança Catalana que estará presente en las elecciones autonómicas previstas para finales de este año.

Se da la circunstancia de que Junts ha pactado ceder la controvertida competencia con Junts, que no está ahora en el Gobierno de la Generalitat, de tal forma que el president Pere Aragonès se encuentra ahora empujado a negociar una competencia que no quería y que nunca pidió.

Por eso, la Generalitat ha pedido que esa negociación sea de Gobierno central a Gobierno autonómico y no con Junts, que está en la oposición en Cataluña.

Además, ese “compromiso político” con Junts para Cataluña supone que otras comunidades como el País Vasco exijan también la cesión de esa competencia. De hecho, este mismo jueves ya lo ha pedido el lehendakari Íñigo Urkullu.