Sánchez y Aragonés forman una pinza contra Junts para limitar las cesiones de inmigración

No hubo ni hay documento escrito del PSOE sobre esos acuerdos. Un día después, los negociadores María Jesús Montero y Félix Bolaños se limitaron a decir que habrá que negociar los detalles en esa futura ley orgánica, sin explicar cómo y cuándo se hará. Es la propia ambivalencia del tratado lo que ha impulsado a comunidades como el País Vasco a exigir también la competencia. 

Extraoficialmente, la Moncloa rebaja el acuerdo, mientras que Junts lo exhibe como un trofeo arrancado al Gobierno y se afana del alcance logrado sobre puntos clave, desde el control de flujos migratorios hasta las expulsiones. "Hay temas que tenemos que diseñar", ha dicho Montero.

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En este sentido, el propio Sánchez ha salido a la luz para aclarar que este tipo de materias están residenciadas en la Administración General del Estado y son sólo de su competencia, como también recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Entrevistado este domingo en El País, su visión para el futuro no es "una centrifugación, sino una mayor coordinación de las políticas de migración".

En el caso de los independentistas de ERC la cuestión es más peliaguda todavía. Se da la circunstancia de que el PSOE pactó ceder la controvertida competencia con Junts, que no está en el Gobierno de la Generalitat, de tal forma que el president Pere Aragonès se encuentra ahora empujado a negociar una competencia que no quería y que nunca pidió.

Por eso, la Generalitat ha pedido que esa negociación sea de Gobierno central a Gobierno autonómico y no con Junts, que está en la oposición en Cataluña. Así podría controlarla más fácilmente (incluso desactivarla parcialmente) y coordinarse mejor con Sánchez.

A ninguno le interesa que esto salga adelante en los términos en los que lo venden los de Carles Puigdemont, que ya se había arrojado a reclamar la posibilidad de exigir el conocimiento de la lengua a cambio de mantener la residencia. ERC no lo comparte ni en el fondo ni en la forma.

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que mezclar inmigración y seguridad como hace Puigdemont es "un flaco favor" para Cataluña y que aleja a Junts de la "larga tradición" del catalanismo integrador. Aina Vidal, diputada de Sumar, sospecha que Puigdemont utiliza este mantra para tratar de disputarle el electorado a los ultraderechistas Aliança Catalana.

En una entrevista con La Vanguardia publicada también el domingo, el presidente catalán no quiso llegar a tanto, pero sí marcó distancias muy claras con "los discursos populistas que utilizan la inmigración con fines electorales", deslizando una crítica a Junts. Paradójicamente, es el mismo argumento que el 23-J se utilizaba contra Vox.

Al margen del discurso ideológico, fuentes del Gobierno explicaban nada más firmar la concesión que es muy difícil de ejecutar ese acuerdo por problemas legales, administrativos y burocráticos. Es por ello que el Ejecutivo se esforzó el jueves en desinflar el globo y minimizar el acuerdo firmado la víspera con Junts, más teniendo en cuenta la ola xenófoba que agita la comunidad.