La Ley de Amnistía se tramitará bajo el estigma de la inconstitucionalidad que detectan los letrados

Lo hará horas después del informe de los letrados de la Cámara Baja que cuestiona con argumentos sólidos la constitucionalidad de la norma que amnistiará los delitos vinculados al procés. Se trata de una situación extraordinaria en la Democracia española en una ley de esta envergadura.

El informe tiene el valor añadido de que los letrados del Congreso son técnicos, no están contaminados por los partidos y, a diferencia de juristas de otras instituciones, no deben su puesto al poder político.  

El dictamen de estos funcionarios no es vinculante y el PSOE no tiene intención alguna de retirar su proposición. Sin embargo, el informe sí puede complicar el futuro de la Ley de Amnistía.

Fuentes jurídicas recuerdan, en este punto, que incluso el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta en algunas sentencias los informes de los letrados del Parlamento, por su auctoritas personal, su conocimiento de la materia y el valor jurídico de sus trabajos.

En el caso de la proposición de ley de amnistía, el informe de los letrados expone una batería de argumentos según los cuales la inconstitucionalidad de la norma puede deducirse de la redacción de su articulado.

Para estos especialistas, la norma podría afectar al derecho de igualdad ante la ley y al principio de seguridad jurídica. También podría comprometer la aplicación del Derecho de la Unión Europea en la persecución de los delitos de malversación de fondos públicos y terrorismo.

Apuntan, además, que es cuestionable afirmar que la amnistía "forme parte del pacto fundacional de la democracia", como sostiene la exposición de motivos de la proposición aludiendo a la amnistía de 1977.

Respuesta de Moncloa

El informe ha escocido en Moncloa y en el PSOE. Al poco de hacerse público, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró que "todos los informes son respetables", antes de recordar que existen otros documentos firmados por letrados que sí avalarían la amnistía.

"Los vamos a analizar desde el Gobierno", avanzó el ministro. Pero insistió en que la medida que favorece a los independentistas catalanes condenados es una "herramienta absolutamente constitucional".

Bolaños hace alusión a un informe de 2018 que se emitió para analizar una proposición de ley de Unidas Podemos sobre unas sanciones a guardias civiles por reivindicar el derecho de asociación profesional.

[Moncloa saca un informe de 2018 para 'neutralizar' el de letrados del Congreso contra la amnistía]

Aunque, en efecto, del texto cabría deducir que la amnistía podría ser constitucional, en realidad se reduce a una afirmación sin análisis jurídico y sin argumentos legales, presentada a modo de reflexión general.

Por su parte, el Partido Popular considera el informe de los letrados un "demoledor varapalo" para el Gobierno y lo usará en su ofensiva judicial contra la ley. La importancia que el PP da al informe es tal, que basará en él su recurso ante el Tribunal Constitucional, una vez la norma entre en vigor.

Según explican fuentes de Génova a EL ESPAÑOL, también cobrará especial relevancia cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tenga que examinar la Ley de Amnistía. "Los jueces europeos podrán comprobar cómo la ley se aprobó con buena parte de las instituciones del país en contra", subrayan.

El informe, además, será analizado por el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, a quien se lo ha hecho llegar este mismo miércoles el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez.

Para el PP, el informe conocido ayer es "demoledor" para el Gobierno. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, señaló que "acredita que la amnistía es un misil contra la línea de flotación del Estado de derecho". Por ello, emplazó al PSOE a dar marcha atrás en la tramitación de la proposición de ley.

Enmiendas del PSOE y Junts

La Ley de Amnistía seguirá este jueves con su tramitación en el Congreso. En la Comisión de Justicia se tendrán que acordar las enmiendas, que serán votadas, antes de continuar su camino hacia el Senado, donde el PP tiene mayoría. Los populares agotarán todo el tiempo y todos los recursos de que dispongan para analizar la norma.

Por otro lado, los socios independentistas del PSOE pidieron introducir enmiendas para blindar los beneficios de la ley para sus protegidos. Los socialistas accedieron y se sentaron a negociar. Pero, aunque llegaron a algunos acuerdos con ERC, no lo hicieron con Junts. Por eso, el partido de Carles Puigdemont acabó registrando sus propias enmiendas.

Ahora, la gran duda es si PSOE y Junts se enrocarán en sus posiciones y quién cederá ante quién. Según explican fuentes socialistas a EL ESPAÑOL, no van a aceptar las enmiendas de Junts y confían en que los independentistas sí aprueben las suyas.

Según las mismas fuentes, aunque Junts no ha querido participar en las enmiendas del PSOE y ha preferido no registrarlas de forma conjunta, los independentistas y los socialistas trabajaron en las mismas y los de Puigdemont "están de acuerdo" con lo que registró el PSOE.

Por su parte, fuentes de Junts señalan que su intención es "continuar trabajando en la mejora de la ley hasta su aprobación definitiva". Quieren que sus enmiendas sean tenidas en cuenta, aunque no se pronuncian con la misma rotundidad que en otras negociaciones con el PSOE.