La persecución de la malversación de fondos UE complica la amnistía de la malversación en el 'procés'

Se puede dar la paradoja de que la UE persiga la malversación de fondos europeos por parte de líderes socialistas españoles, mientras que socialistas españoles amnistían la malversación de fondos españoles a secesionistas catalanes.

Pero además, queda también señalada la vicepresidenta Yolanda Díaz, que este lunes pedía prohibir los indultos a los condenados por corrupción, tres días antes de que su formación, Sumar, apoye la amnistía a los dirigentes independentistas que cometieron, entre otros delitos, malversación de fondos públicos.

[Yolanda Díaz propone prohibir los indultos a corruptos y limitar los aforamientos]

Oriol Junqueras, presidente de ERC y vicepresident de la Generalitat que impulsó el referéndum ilegal del 1-O, fue condenado por corrupción, y el fugado Carles Puigdemont, líder de Junts y quien proclamó la independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, está acusado del mismo delito. 

Ahora, la investigación europea del uso de Fondos Feder en los contratos de emergencia impulsados por los socialistas Francina Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias considera sospechosos a sus gobiernos de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de ayudas europeas. 

Hay que recordar que el anterior Gobierno de Sánchez ya reformó el delito de malversación, en diciembre de 2022, como parte del acuerdo alcanzado con ERC para los Presupuestos del año 2023. El objetivo, según los negociadores, era aliviar la condena de inhabilitación que todavía pesaba sobre el líder de Esquerra y otros sentenciados, ya que ésta no había sido indultada por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, en la revisión que hizo de la sentencia el Tribunal Supremo en febrero de 2023, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal no aceptó la rebaja de castigos que buscaba el Gobierno para permitir regresar a la política a Junqueras,Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Todos ellos fueron condenados por desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos.

Las mismas acusaciones, además de la de desórdenes públicos agravados -la figura incorporada el Código Penal a cambio de la derogación de la de sedición, producto del mismo pacto político del PSOE con los independentistas catalanes en diciembre de 2022- persiguen todavía a Puigdemont.

El expresident permanece huido de la Justicia en Waterloo (Bélgica) desde pocos días después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el otoño de 2017. El magistrado Pablo Llarena mantiene una orden de busca y captura contra él y espera la decisión definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para reactivar la euroorden de entrega.

Curiosamente, la decisión de la Fiscalía Europea llegaba este lunes, en el mismo día en el que fuentes de Junts confirmaban a este diario un acuerdo para la Ley de Amnistía.

La norma fue rechazada por los siete diputados del partido de Puigdemont, que la tumbaron el pasado 30 de enero en el pleno del Congreso. Fuentes de Junts aseguraron entonces que "el PSOE tiene que incluir en la ley todo el terrorismo y los delitos de traición".

El objetivo de los postconvergentes es que la ley sea "integral", es decir, que "cubra todos los casos de quienes defendieron la autodeterminación y fueron represaliados por el Estado", y que sea "de aplicación inmediata".

O lo que es lo mismo, que a todos los beneficiarios les sean borrados los antecedentes penales, las penas y las multas, si ya fueron juzgados. Y que a los que huyeron, como Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, les sean levantadas las acusaciones, las órdenes de detención, y cualquier medida cautelar que pese sobre ellos.

Delitos europeos

Sin embargo, desde el inicio de la negociación del PSOE con Junts y ERC, la Comisión Europea alertó de sus "serias preocupaciones" con el contenido de la proposición de ley "y del resto de acuerdos políticos en el marco de la investidura" de Sánchez. El comisario de Justicia, Didier Reynders, mandó cartas al ministro Félix Bolaños, entonces titular de Presidencia, y a Pilar Llop, que ocupaba la cartera de Justicia, hoy heredada por el primero.

Según fuentes de la Comisión, consultadas por este diario, el contenido de la ley está siendo sometido a una investigación confidencial en Bruselas.

Dentro de lo que la UE considera "delitos del ámbito europeo" están tanto el terrorismo -elemento central del principio de acuerdo que se sustanciará este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso- como la corrupción, "en todas sus formas".

Estas fuentes europeas recuerdan que este tipo de figuras penales están incluidas en normas comunes que "obligan a los Estados miembros" para no dejar de perseguirlas y de castigar a sus culpables.

De ahí, por ejemplo, que en 2021 la Unión se dotara de esta nueva oficina, la Fiscalía Europea, responsable de investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la Unión.

Y por eso, como ya informó este periódico apenas 10 días después de la reelección de Sánchez con los votos de Junts y de ERC, Reynders ha advertido de que podrá invocar dos directivas concretas que pondrían en riesgo la legalidad de la amnistía al procés, tal como se ha redactado.

Terrorismo y malversación

Una es la legislación de lucha contra la corrupción, vigente desde el año 2017. La otra es la recientemente aprobada de manera definitiva por el Parlamento Europeo para la lucha contra la corrupción.

A pesar de que este último texto le queda aún un paso para ser ley -la negociación final con el Consejo-, establece un endurecimiento de la consideración de las conductas que el PSOE quiere amnistiar para los líderes del procés, condenados o huidos.

"Prevenir y combatir con éxito la corrupción es esencial tanto para salvaguardar los valores de la UE y la eficacia de sus políticas como para mantener el Estado de derecho y la confianza en los gobiernos y en las instituciones públicas", proclama el primer párrafo de la directiva. "Es un fenómeno extraordinariamente perjudicial para la sociedad, para nuestras democracias, para la economía y [...] debilita las instituciones de las que dependemos, pues diluye su credibilidad".

Pero es que, además, el texto aprobado incluye un párrafo que prohíbe expresamente amnistías o indultos a los delitos de corrupción, como el de malversación que pretende la ley acordada por el PSOE con los independentistas catalanes.

La medida va en consonancia con el espíritu de los "delitos de ámbito europeo". Y de acuerdo al compromiso del PP de "dar la batalla" por evitar la entrada en vigor de una norma "que atenta contra el Estado de derecho y la igualdad de los españoles", la iniciativa se sustanció gracias a una enmienda del eurodiputado popular español Javier Zarzalejos... con los votos en contra del PSOE.

"Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todo indulto o amnistía de personas que hayan sido consideradas responsables de cualquiera de los delitos mencionados en los artículos 7 a 14". 

Ése es el texto añadido durante la tramitación parlamentaria, como artículo 15.4b). Los delitos afectados son los de cohecho, soborno, malversación, apropiación indebida, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la Justicia, enriquecimiento por corrupción, y el de inducción, complicidad y tentativa de cualquiera de ellos.