El PSOE cede y llega a un acuerdo para la amnistía con Junts "que obliga a Sánchez a desdecirse"

Este mismo lunes, la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, daba por seguro el acuerdo sin "hacer ninguna modificación" en su negativa a amnistiar el terrorismo, en rueda de prensa. El PSOE, dijo, ha exhibido "una posición firme y clara" rechazando la amnistía a "todo el terrorismo" y a los delitos de traición, como ha exigido Junts, en referencia al compromiso del titular de Justicia, Félix Bolaños, en la mesa del Consejo de Ministros.

Sin embargo, el entorno de Carles Puigdemont ya tumbó la ley el 30 de enero, lo que le supuso asumir mucha presión: Oriol Junqueras, su gran rival por la hegemonía del independentismo, lo acusó personalmente de haber "dejado tirados a cientos de inocentes"; y el PSOE, por su parte, imputó a Junts dejar la ley en un callejón sin salida, por la vigilancia de Bruselas contra la impunidad del terrorismo.

Además, rechazó cuantas ofertas deslizó el PSOE: ni cambiar la definición de "terrorismo" en el Código Penal, ni recortar los tiempos de instrucción en los juzgados. "Interesen o gusten esas ideas, irán por otro lado; sólo nos vale blindar la amnistía".

Así que, a falta de cotejarlo con el acuerdo final, si la "contradicción" viene del lado socialista, es que sí se amnistiarán delitos terroristas.

Desde el PSOE, sin embargo, insisten en privado en que la actual redacción sobre el delito de terrorismo no se tocará. Aseguran que el texto de la norma puede variar un poco, pero que la "filosofía" es la misma y son contundentes a la hora de explicar que no han cedido con el asunto del terrorismo. 

Son menos contundentes, de todas formas, con los delitos de alta traición. Estos sí podrían sufrir algunos cambios menores, aunque no los explicarán hasta que el acuerdo se haga público.

Ambas partes insisten en que éste es sólo un "principio de pacto". Y la explicación hay que buscarla en el otro partido separatista implicado directamente en la amnistía. ERC ha advertido al PSOE de que "necesariamente, tendrá que ser un acuerdo a tres". De ahí que socialistas y postconvergentes hayan tenido que acelerar y cerrar sus negociaciones a dos este lunes.

"Oficialmente, no tenemos constancia de que el PSOE y Junts hayan acordado nada", explica una fuente oficial de Esquerra. La formación de Junqueras tiene 48 horas para imponer sus condiciones, que buscarán la fórmula para que el terrorismo y la traición no hagan perder "robustez" a la ley ante el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Ahora, Presupuestos

Según ha podido confirmar este diario en el entorno de la negociación, la Comisión de Justicia aprobará el texto, con los cambios acordados, en los que "hay cesión de ambos lados", apuntan las fuentes. Eso sí, desde la cúpula de Puigdemont en Waterloo se acusa a la de Sánchez de haber filtrado el pacto "intencionadamente" para intentar tapar el 'caso Koldo'.

Este martes, la Mesa pondrá fecha al Pleno que debatirá y votará el dictamen, que ya se da por seguro. Y así, la ley con los votos a favor de PSOE y Junts, además de los de ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG y, por supuesto, los de Sumar, el socio minoritario del Gobierno.

Serán 178 votos a favor, frente a 172 más que previsiblemente en contra (PP, Vox, CC y UPN). Es decir, la mayoría absoluta necesaria -al ser la de amnistía una ley orgánica- en un pleno, previsiblemente, de la semana que viene. Los socialistas quieren que se celebre "cuanto antes", posiblemente el próximo jueves. 

De este modo, Pedro Sánchez salva el gran escollo inicial para que eche a andar su legislatura.

Ahora, el PSOE querrá pasar su pequeña factura a los socios parlamentarios y recordar que, en el acuerdo de investidura, se incluía el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, fuentes de Esquerra ya dan por pasada la página de la amnistía y centran el foco en la economía. Tirando del acuerdo de investidura, el president Pere Aragonès llamaba este mismo lunes a Sánchez a "solucionar urgentemente el grave déficit fiscal" que, en su opinión, sufre Cataluña.

Aprobar, al menos, unas cuentas públicas daría oxígeno al Gobierno, asediado por los malos resultados electorales y la corrupción. Eso es lo que Sánchez puede sacar a cambio del volantazo que dio la noche del 23-J, pasando de "la amnistía nunca se hará, porque es inconstitucional" al "somos más" que incluía la incorporación de Carles Puigdemont y sus condiciones a la investidura.

Porque sin el compromiso de aprobar una amnistía, no habría sido reelegido a mediados de noviembre. Y sin sacarla adelante, su mayoría habría saltado por los aires a mediados de marzo. 

Terrorismo y traición

Así lo han venido advirtiendo fuentes del partido de Puigdemont desde que, el pasado 30 de enero, sus siete diputados votaron en contra de la ley, y la devolvieron a la Comisión, al no haber sido aceptadas por el PSOE sus enmiendas para "blindar la ley".

El objetivo de la formación de derecha independentista ha sido siempre lograr una amnistía "integral e inmediata", al precio que fuera. E incluso, incluyendo cambios sobrevenidos sobre los acuerdos alcanzados al ritmo de las actuaciones judiciales.

Tal como ha publicado este periódico, con la excusa de "amparar todos los casos" y así, "no dejar fuera a ninguno de los represaliados por el Estado", Junts ha batallado por garantizar la posibilidad de que el 'expresident' fugado en Waterloo vuelva de su "exilio" lo antes posible.

Él mismo lo proclamaba el pasado fin de semana, en un discurso ante el renovado Consell de la República  en el sur de Francia. Aunque, en esa misma alocución, advertía de que el argumento del "reencuentro", que esgrime el PSOE para justificar el intercambio de impunidad por votos, no se sostendrá en adelante: "La unilateralidad, a la que nunca hemos renunciado, debe dejar de ser declarativa y pasar a ser práctica", dijo.

Mientras ERC, la otra formación beneficiaria directa de la amnistía, esperaba en un segundo plano criticando la actitud de Junts, el partido de Oriol Junqueras ha "ayudado en todo" lo que ha estado en su mano. Entre otras cosas, aceptando ahora un texto que no se parece al que, el pasado agosto, pusieron sobre la mesa del PSOE como condición para votar a la hoy tambaleante Francina Armengol como presidenta del Congreso.

Junts ha exigido al PSOE que la ley incluya "todo el terrorismo" y los delitos de traición al Estado dentro del "olvido penal". Más allá de que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podrían tumbar esa redacción.

Esquerra advertía estos últimos días de que aceptar esa condición era "rebajar la robustez jurídica de la ley", aunque admitía que, en todo caso, sus siete diputados en el Congreso aprobarían el texto: "Lo importante es que haya amnistía, y que la haya cuanto antes".

Dos meses en el Senado

Pero eso aún queda lejos. Una vez que la norma se apruebe en el Congreso, debe pasar al Senado. Y allí permanecerá, al menos, dos meses. La mayoría absoluta del Partido Popular forzó un cambio en el Reglamento de la Cámara Alta, ya en noviembre, con el objetivo de que, aunque el Congreso decrete la tramitación legislativa por la vía de urgencia, el Senado pueda ralentizar su trámite y estudiar el texto hasta dos meses.

En ese tiempo, según fuentes de la Mesa de la Cámara, se convocará a expertos para debatir el articulado de la amnistía en comisión. E incluso, según ha podido saber este periódico, el Senado prevé solicitar informes de los órganos consultivos del Estado que el Gobierno ha desechado al impulsar la ley como una proposición del Grupo Parlamentario Socialista e impulsarla con urgencia.

De este modo, los populares cumplen el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de "batallar en todos los frentes posibles" para evitar la aprobación de la norma. Según fuentes de Génova, no es sólo por motivos políticos, sino también por "la defensa del Estado de derecho".

Por un lado, el PP no está de acuerdo en que los responsables del procés independentista y el referéndum ilegal del 1-O "se vayan de rositas".

Y por el otro, "y aún más importante", aseguran, "es trascendental defender los valores democráticos, la igualdad ante la ley, la división de poderes, y la unidad de la nación frente a unos delincuentes que, no sólo siguen dispuestos a volverlo a hacer, sino que pretenden usar la amnistía para poner el contador a cero y continuar su desafío a la democracia".

Con todo, esos dos meses mínimo en que permanecerá la ley en el Senado hará que el texto regrese al Congreso a mediados de mayo.

Lo hará, con toda seguridad, vetado por la mayoría popular en le Cámara Alta. Y "el PSOE deberá retratarse junto a sus aliados radicales e independentistas", insisten las fuentes del PP, "aprobando, con un Congreso partido en dos, lo que ha rechazado el Senado por abrumadora mayoría".

Y todo, en plena campaña de las elecciones europeas. Una cita con las urnas en la que los populares confían para que quede refrendado, "voto a voto", el rechazo social a la ley que ya muestran las encuestas de opinión.