El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont. Europa Press
La Abogacía del Estado estudia la petición del Govern de poner escoltas a Puigdemont por el 12-M
La Generalitat argumenta en su misiva enviada a Interior que su candidatura a las elecciones afecta a su seguridad por su proyección pública.
13 abril, 2024 12:57La Abogacía del Estado ya estudia la petición del Gobierno catalán al Ministerio de Interior para que autorice un servicio de escoltas para Carles Puigdemont, tras ser nombrado candidato de JxCat y haber anunciado que parte de su campaña se celebrará en Francia a pocos kilómetros de la frontera con Cataluña.
El pasado 27 de marzo, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, reclamó de nuevo al Gobierno a que autorice el servicio de protección a Puigdemont, que lo reclama desde 2018, al considerar que su candidatura a las elecciones autonómicas del 12 de mayo afecta a su seguridad por su proyección pública.
Según fuentes de Interior, se ha recibido acuse de recibo de la petición que se encuentra en estudio por parte de la Abogacía del Estado.
En la petición de marzo, el consejero recordaba al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se trataba de una propuesta que se había solicitado periódicamente sin éxito, la última vez el pasado 14 de noviembre.
En esa carta al ministro, Elena argumentaba que "como cualquier expresidente de la Generalitat", Puigdemont precisaba de un "servicio adecuado y dimensionado a su situación", por lo que instaba al ministro de Interior a dar las indicaciones necesarias para su efectivo cumplimiento, de acuerdo a la legislación vigente.
En concreto, Elena invocaba el artículo 42 de la ley orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, relativo al procedimiento de protección de autoridades públicas fuera del ámbito territorial, así como a las "motivaciones" relativas al protagonismo electoral de Puigdemont.
También aludía al ley catalana 6/2003, que regula el estatuto de los expresidentes de la Generalitat, y que precisa que corresponde al Gobierno catalán determinar los servicios de seguridad que se consideren necesarios.
