El recurso de Page reaviva la oposición transversal a la amnistía en la semana clave del 9-J

El PSOE daba ya por superada la polémica por la aprobación definitiva de la ley de amnistía, tras más de nueve meses de desgaste del partido por impulsar una ley que no estaba en el programa electoral y que fue negada antes de las generales.

Los socialistas consideraban que el resultado de las elecciones catalanas, con la victoria de Salvador Illa, facilita a Pedro Sánchez un relato político inmejorable: haciendo "de la necesidad virtud" se ha conseguido que, por primera vez desde 2017, el independentismo quede tan debilitado como para no sumar mayoría absoluta en el Parlament.

Habían conseguido que las criticas de socialistas a la amnistía quedaran circunscritas a dirigentes veteranos del PSOE, encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra, hasta que este viernes Emiliano García Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, ha anunciado su intención de llevar la norma al Tribunal Constitucional. A la dirección del PSOE y a Moncloa le ha cogido por sorpresa, porque Page no les avisó de su intención de anunciar el recurso.

Es relevante porque desde hace casi un año, Page es el único presidente socialista con mayoría absoluta, es decir, mantiene un notable apoyo en su comunidad. Y, sin embargo, no tiene relación alguna con el líder del PSOE y la dirección del partido.

A los dirigentes socialistas les irrita especialmente el momento elegido por Page para anunciarlo. Tenía margen suficiente para hacerlo tras las elecciones europeas del 9 de junio, una vez se publique la ley en el BOE. Y, sin embargo, entienden que ha elegido el peor momento para anunciarlo, cuando más daño puede hacer.

Queda aún culminar el proceso previo a la presentación del recurso, pidiendo informe al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Hay algunos precedentes de presidentes autonómicos que llevan al Constitucional decisiones del Gobierno del mismo signo político, pero este caso es especialmente llamativo por la importancia de la ley, por lo que ha supuesto en el partido y por lo que representa Page en su comunidad.

Diputados socialistas de esa comunidad autónoma han apoyado en el Congreso la Ley de Amnistía, pero, en realidad, la lista de esas provincias no respondía en absoluto a los deseos o decisiones de Page. 

Evitarán confrontar

En realidad, el presidente de Castilla-La Mancha no ha dejado de expresar sin trabas su oposición a la norma y, de hecho, es coherente porque mantiene la posición que sostenía el propio Sánchez hace sólo un año: que la amnistía no cabe en la Constitución.

El Gobierno lamenta que Page, finalmente, se una a las comunidades del PP para recurrir la ley ante el Constitucional, reavivando así la oposición transversal. Y anticipan lo que podría pasar si en los acuerdos con los partidos independentistas se incluyera un sistema de financiación específico para Cataluña.

Pese a todo, la dirección del PSOE asegura públicamente que respeta la decisión de Page y, en principio, evitará confrontar en público con él.

Obviamente, es una decisión dentro del margen de actuación política de Page y no puede ser sancionado por el PSOE. No es igual que el caso de Javier Lambán, senador y expresidente de Aragón, que se ausentó voluntariamente de la votación por estar en contra y se le abrió un expediente según el procedimiento automático que prevé el reglamento del Grupo Socialista. 

Fuentes del Gobierno, además, ponen en duda que, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas tengan legitimación para recurrir la amnistía. La ley faculta a las comunidades a recurrir, pero sobre conflictos competenciales con el Estado, y así lo ha establecido el Constitucional en varias ocasiones, siempre según el Gobierno.

Si fuera así, el Tribunal podría rechazar de plano los recursos de las comunidades, incluyendo a Castilla-La Mancha y a todas las del PP.

Sí pueden recurrir 50 diputados o senadores, es decir, el PP y el Defensor del Pueblo. Y los tribunales pueden plantear cuestiones de constitucionalidad que sí suspenden la ejecución de la norma.