La UE "preocupada" por la independencia de jueces y medios ante las medidas que pueda tomar Sánchez

Este documento [consúltelo aquí en PDF] es muy explícito al alertar de que "la valoración de la independencia judicial en España sigue siendo baja". Lamenta que "la situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones" y que esta situación "está afectando negativamente a la labor del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto", lo que "repercute en la seguridad jurídica".

También advierte de que el propio CGPJ ha expresado "su preocupación por las declaraciones públicas realizadas por políticos en relación con el Poder Judicial". Y reseña, además, que estos ataques "incluso de miembros del Gobierno" no han sido por "resoluciones judiciales concretas, sino que se dirigen al Poder Judicial en su conjunto, lo que socava la confianza de los ciudadanos" contraviniendo la división de poderes.

Con respecto a los medios de comunicación y los periodistas que en ellos ejercen, el informe de 2023 advertía de que en España "los periodistas siguen enfrentándose a ciertas dificultades en el ejercicio de su actividad profesional".

Concretamente, advierte del "señalamiento de determinados periodistas" en las cuentas oficiales de partidos o en "declaraciones públicas" de líderes políticos, "lo que puede conducir a la autocensura".

También señala como "de alto riesgo" la denunciada "influencia política en la práctica de los medios de comunicación de servicio público", como RTVE, donde Sánchez dio su primera entrevista tras su amago de dimisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista concedida a TVE tras sus cinco días de reflexión. TVE

Aquella noche, en la televisión pública, el presidente invocó una nueva directiva muy recientemente aprobada por la Unión Europea, en Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que establece un marco común para los Veintisiete con garantías de derechos para los ciudadanos y para los prestadores de servicios, y nuevas obligaciones para las autoridades.

Una de ellas, contemplada en el artículo 5, sobre Salvaguardias del funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación, se incumple flagrantemente hoy en España.

Por ejemplo, los "procedimientos para el nombramiento y la destitución" de la presidencia de RTVE no garantizan "la independencia de los prestadores del servicio público".

Tampoco los criterios seguidos para designar a Concepción Cascajosa, una militante del PSOE, han sido "transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios", ni la destitución de la anterior responsable, Elena Sánchez, estuvo "debidamente justificada" ni se adoptó a partir de una situación de "carácter excepcional".

De hecho, de vuelta al Informe sobre el Estado de derecho, las diferentes ediciones de este texto ya vienen advirtiendo a España de la posible falta de independencia en los medios públicos con dos observaciones.

La primera, sobre la corporación estatal de radio y televisión. El Informe sobre el Estado de derecho reseña la anomalía de que su presidencia ejerza de manera interina.  

Y la segunda, el oscuro "marco jurídico de la publicidad institucional". Para la Comisión Europea es preocupante la falta de "transparencia acerca de su distribución". Y detalla que "los informes anuales sobre publicidad y comunicaciones institucionales [...] no permiten determinar qué cantidad de dinero publicitario se destina realmente a determinados medios de comunicación".

A esto último también se refiere la nueva directiva en la que dijo Sánchez querer basar su nueva regulación sobre los medios. El artículo 25, sobre Asignación de fondos públicos para publicidad estatal y contratos de suministro o de servicios, exige a las autoridades públicas que hagan "pública anualmente" toda la información sobre su gasto en publicidad estatal.

A eso se parecía referir el presidente cuando señalaba a "determinados pseudo medios" o a "tabloides digitales" de los que "no se sabe quién los financia", sugiriendo que detrás de esas publicaciones de "bulos" en esas webs está el interés político de la oposición y el dinero público de sus gobiernos autonómicos. 

A partir de la entrada en vigor del reglamento europeo (y de la trasposición que quiere impulsar el Gobierno español), se conocerá a qué medios o plataformas online se le han contratado servicios; el nombre del grupo empresarial del que formen parte; "el importe total anual del gasto" de cada Gobierno "nacional o subnacional"; y las cantidades anuales entregadas a cada medio o plataforma.

Además, habrá una "autoridad u organismo regulador nacional" que tendrá entre sus atribuciones "efectuar un seguimiento de la asignación del gasto en publicidad estatal" y publicar un informe al respecto.

Y los medios estarán obligados a publicar "el importe total de fondos públicos" recibidos, además de los nombres de sus titulares directos o indirectos que "puedan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas".

Contra "la máquina del fango" 

En la semana posterior a sus cinco días de reflexión, en los que amagó con dimitir tras abrirse una investigación judicial por una denuncia por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra las actividades de su mujer, el presidente del Gobierno concedió varias entrevistas y escribió otra carta pública.

Ahí, trató de explicar los motivos de su retiro, las circunstancias de su reflexión y sus conclusiones. Estas últimas, todas ellas, se resumían en un empeño de "regeneración democrática", según sus palabras. Y se refirió en concreto a esta nueva directiva como palanca para "acabar con la desinformación", como "peligro para nuestra democracia".

Sin embargo, el discurso de Sánchez vino acompañado de una beligerancia intensa contra "la ultraderecha y la derecha que claudica en sus principios" ante ella.

Lo definió como una "máquina del fango" que actúa a partir de "pseudomedios o tabloides digitales" y periodistas no "de verdad" que "publican bulos". Que continúa con estos partidos que "se hacen eco" de "esos infundios y mentiras".

Y que culmina con "presuntas asociaciones de extrema derecha" que "judicializan estos asuntos sin pruebas" ante la judicatura... y que, en el caso de su esposa, fue "la gota que colmó" su vaso.

Agujeros y trampas

Lo cierto es que el texto legal de la UE no entra en vigor hasta el 8 de agosto de 2025 -aunque eso no impide que España desarrolle ya su propia legislación de trasposición-. Y que tiene agujeros y puertas traseras que lo hacen incompleto y permiten trampas en su aplicación.

Por ejemplo, un agujero del reglamento es que sólo aborda la lucha contra la "desinformación" poniendo coto, en varios de sus apartados, a la injerencia de terceros países hostiles. 

Es decir, que la difusión o el acceso a contenidos de medios de comunicación "de fuera de la Unión" que se dirigen a audiencias comunitarias, se pueden limitar o cortar "cuando dichos servicios de medios de comunicación perjudiquen o entrañen un riesgo serio y grave de perjudicar la seguridad pública".

Pero nada se dice de cómo actuar contra la desinformación proveniente de grupos de interés internos de la Unión.

Y dos trampas evidentes son: una, que el dinero de los contribuyentes podrá seguir fluyendo a los medios sin estos nuevos controles cuando no se destine a publicidad, sino a "contratos públicos o contratos de concesión" pública.

Y dos, que los gobiernos subnacionales (autonómicos, de diputaciones o locales) podrán quedar "eximidos" de publicar a qué grupos empresariales adjudican fondos públicos, si su población es menor de 100.000 habitantes. Lo que abre una puerta trasera a la opacidad, según fuentes europeas consultadas.

Preguntas y respuesta

Cabe recordar que durante los cinco días de reflexión de Sánchez, el CIS realizó una encuesta específica sobre la situación política en España. Este sondeo, denunciado por la oposición por defectos de forma electoral, incluía preguntas específicas sobre la situación de la Justicia y de la libertad de prensa que parecían especialmente diseñadas a partir de las medidas que después anunció el presidente.

Este periódico se puso en contacto con un portavoz oficial de la Comisión Europea. Y se le preguntó específicamente a propósito de si el hecho de que el CIS, presidido por José Félix Tezanos -un militante del PSOE que integraba su Ejecutiva hasta el día de su nombramiento-, actuara de este modo podría considerarse un "indicio de regresión democrática".

También se le inquirió al Ejecutivo comunitario por si estas iniciativas legislativas para intervenir en la legislación del Poder Judicial y la del derecho fundamental a la libertad de la información, protegido por la Constitución, suscitaban "preocupación" en Bruselas.

El escrito, remitido al portavoz el 29 de abril, añadía una referencia a los antecedentes de Hungría, Polonia y Rumanía, donde los hitos fundamentales de la regresión democrática fueron la promulgación de normas restrictivas sobre la independencia judicial y la libertad de información. En los tres casos, el Gobierno de los Veintisiete intervino y llegó a sancionar a los dos primeros países.

Finalmente, se le recordaba al servicio de comunicación del departamento de Justicia de Bruselas las palabras del comisario Didier Reynders, que reiteradamente se ha mostrado "preocupado" por la situación del Poder Judicial en España.

Las preguntas específicas eran las siguientes: ¿Existe preocupación por una deriva de regresión democrática en España? ¿Ha tomado alguna medida el Ejecutivo europeo al respecto? ⁠¿Actuará la Comisión de alguna manera si el Gobierno español propone en los próximos días una reforma de la Ley del Poder Judicial o una nueva legislación sobre libertad de expresión?

Bruselas siempre se muestra remisa a hacer "comentarios específicos" sobre "anuncios o posibles planes de reforma", por respeto institucional y prudencia. Pero siempre da pistas para que se entienda cuál es su posición de fondo. 

Así, del mismo modo que el propio Reynders ha expresado su "inquietud" con la Ley de Amnistía y con "el resto de acuerdos políticos alcanzados en el contexto de la reelección del presidente del Gobierno", la respuesta oficial a las preguntas de este periódico incluía una guía.

"Si sus preguntas se refieren a la situación general del Estado de derecho en España, esto es algo que supervisamos en el contexto del Informe anual sobre el Estado de derecho, por lo que le recomendaría la última edición".

Queda apenas mes y medio para que la Comisión Europea publique una nueva edición del Informe sobre el Estado de derecho. El documento se elabora cada año evaluando la calidad democrática de cada Estado miembro desde 2020.

Sánchez ya anunció que empezará a abordar estos "cambios" legislativos en el ámbito del Poder Judicial y la libertad de prensa después de las elecciones europeas del 9 de junio. De modo que, más allá de la "preocupación" de la Comisión, cualquier iniciativa que se empiece a tramitar no será evaluada en este ejercicio. Como con la Ley de Amnistía, habrá que esperar a que estén aprobadas.