Así es la 'dedocracia' en España: un informe alerta del pasado político de los jefes de entidades públicas

A lo largo de sus más de 100 folios, el documento, denominado Dedómetro 2024 y presentado este miércoles, avisa de la peor situación de este indicador, que alcanzaba el valor de 7 sobre 10 en 2017 y ahora ni llega al 5.

Para analizarlo, se tiene en cuenta "la relación política previa" que haya tenido un alto cargo.

Así lo resume la Fundación Hay Derecho: "La vinculación política de los directivos públicos se ha incrementado en los últimos años, lo que apunta a una menor independencia y autonomía de los máximos directivos".

No obstante, el citado informe admite que este empeoramiento "se compensa globalmente con una mejora de la adecuación al cargo" de dichos servidores públicos en lo relativo a su experiencia y formación, aunque ello se debe a que esté "conseguida, en parte, a través de otros cargos directivos propios a los que también se ha accedido por conexiones políticas".

Otro aspecto que el dosier tiene en cuenta es si dichos altos cargos han pasado o no directamente al puesto en cuestión nada más abandonar la política. En ese caso, la nota empeora.

Uno de los ejemplos que este informe cita es el de Raquel Sánchez, que ha pasado de ser titular del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a ocupar la presidencia de Paradores del Estado, entidad pública dependiente del propio MITMA.

El informe también menciona, por ilustrativo, el caso de José Félix Tezanos, nombrado por Pedro Sánchez como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la encuestadora pública española.

Pese a que el dosier le reconoce su dilatada trayectoria académica "y relacionada con el objeto y fines del CIS", recalca que abandonó la Ejecutiva del PSOE para presidir el Centro, decisión tomada por Sánchez. Tezanos, además, mantiene el carné de militante socialista.

"Partidismo"

El Dedómetro le define como un "profesional con alto conocimiento de la materia, pero también con una estrecha relación política". "Pasó directamente de ocupar el puesto de secretario de Estudios y Programas del PSOE al cargo. En este punto, y a la vista de la trayectoria reciente del CIS cabe concluir que la combinación entre una gran profesionalización y un gran compromiso político puede generar una dinámica profundamente perversa en cuanto a poner la institución al servicio de determinados objetivos partidistas, como según los expertos ha ocurrido sistemáticamente con las encuestas electorales del CIS, todas ellas sesgadas a favor del PSOE o de los partidos que apoyaban al Gobierno", reprocha el dosier.

Por todo ello, el informe concluye que, tal y como prevé la tendencia iniciada en 2017, el índice de independencia política ha empeorado.

"En consecuencia, nos encontramos ante un incremento de las relaciones políticas previas de los máximos directivos", concluye.

"Esto es, aunque los responsables directivos pueden estar mejor preparados, también están más vinculados a los partidos políticos que los nombran, por lo que la imagen de su imparcialidad se puede ver seriamente comprometida".

El informe subraya que, dado que "se ha considerado suficientemente justificado, en aras de los intereses generales, la necesidad de crear este sector público al que se destinan millones de euros del contribuyente al año", es razonable que la sociedad civil exija que la selección de sus miembros se realice basándose en los principios de mérito y capacidad.

Asimismo, que se reclame a los máximos directivos del sector público un conocimiento especializado de la materia en la que trabajan, así como que tengan la experiencia y la formación adecuadas. "En definitiva, que no se utilice el sector público como una agencia de colocación por parte de los partidos políticos", reclama Hay Derecho.

La fundación también reclama que estos nombramientos sean duraderos. Al menos, que "gocen de una cierta estabilidad para poder desarrollar sus proyectos estratégicos para la entidad en un plazo razonable".

Hay Derecho, además, fue la entidad que presentó un recurso ante el Supremo contra el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Alto Tribunal dio la razón el pasado noviembre a la fundación y anuló dicho nombramiento por no cumplir Valerio el requisito legalmente exigido de ser jurista de reconocido prestigio.