La Junta estima que cada andaluz perderá entre 200 y 600 euros anuales por el sistema del 'cupo catalán'

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo hablan directamente de un "golpe de Estado" a la solidaridad entre regiones y a la igualdad de los españoles. Mientras que en las 12 comunidades en las que gobierna el PP algunos barones empiezan a sacar la calculadora para poner de relieve que el cupo catalán es, directamente, "inviable". 

A ojos de todos los presidentes consultados por EL ESPAÑOL, la financiación singular para Cataluña, con una "cesión del 100% de los tributos", acarreará una merma ostensible de los servicios públicos en el resto de territorios que forman parte del régimen común. La ruptura de la caja supondrá, a fin de cuentas, que todas las comunidades se tengan que apretar el cinturón. 

Desde Galicia hasta Murcia, los consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos populares cotejan cifras millonarias a la hora de determinar cuánto dinero perderán como consecuencia del cupo catalán. El razonamiento es que, al quedarse Cataluña con toda la recaudación de los impuestos, el Estado asumirá una carga mayor. 

En la actualidad, del total de impuestos que se recaudan en Cataluña (58.357 millones de euros), el Estado recibe 30.357 y la Generalitat se queda con 28.000. Si bien con el cupo dejarían de producirse las entregas a cuenta en esta región, que en 2024 -año récord- se sitúan en 25.000 millones, seguiría habiendo un déficit evidente de ingresos en el Ministerio de Hacienda, lo que obligaría a hacer un reajuste entre el resto de comunidades. 

En este contexto, desde la Junta de Andalucía, fuentes cercanas a Juanma Moreno reconocen que todavía "no hay cifras concretas" del impacto que tendrá el cupo en sus cuentas públicas. Porque todo depende de "cómo se termine aprobando y en cuánto se fija la cuantía de la aportación 'solidaria' que haría Cataluña en su caso".

No obstante, de forma preliminar, en San Telmo ya estiman que "cada andaluz perderá entre 200 y 600 euros" de media al año. Eso elevaría el montante a unos 1.700 millones, utilizando la parte baja de la horquilla... y eso que, insisten, "Andalucía estaría en el rango más alto de las perjudicadas" por este sistema. 

Donde sí tienen más atinado el impacto directo del cupo en sus cuentas es en la Xunta de Galicia. Desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda aseguran a este periódico que, si llega a materializarse el acuerdo de Illa, los gallegos dejarán de ingresar del orden de 400 millones de euros. 

En Aragón, "sólo de transferencias", los de Jorge Azcón hablan de más de 250 millones. En la Región de Murcia, a su vez, sitúan la cifra en unos 100 millones.

Son cálculos realizados grosso modo. Porque, tal y como admite uno de los principales barones "todo es incierto". Falta por saber"cuánto pagaría Cataluña al Estado por los servicios que le presta y cuánto pondrían de cuota de solidaridad, si la pusieran".

De las regiones gobernadas por el PP, hay dos que destacan por ser las que -junto a Cataluña- más recursos aportan al Fondo de Solidaridad entre regiones: Madrid y Baleares. Esta última, de hecho, es la segunda que más aporta per cápita. En las filas de la presidenta Marga Prohens alertan de que la ruptura de la caja común traerá consecuencias inmediatas.

"¿Quién lo pagará?" 

"En estos momentos, sólo hay tres Comunidades aportadoras netas al sistema: Madrid, Baleares y Cataluña. Juntas aportan 10.000 millones al resto. Si Cataluña deja de aportar su parte, unos 2.000 millones, recibirán menos las receptoras".

De ahí la pregunta que se hacen en el Govern balear: "¿Lo pagarán todos los españoles con más presión fiscal del Gobierno, o tendrán que ponerlo Madrid y Baleares?".

En esa misma línea se pronuncian desde la Comunidad de Madrid, donde avisan de que la salida de Cataluña del sistema plantea tres opciones: "Que el dinero que aporta Cataluña lo asuma el Estado, dejando de disponer de ese presupuesto para inversiones como cercanías o salud; que lo asuman las otras dos regiones que aportan al fondo; o, incluso, que no lo aporte nadie con la consiguiente merma para los servicios públicos de todas las regiones".

En la Junta de Extremadura, mientras tanto, se niegan a realizar cálculos de "un modelo que no es generalizable, que es inconstitucional y que rompe el modelo de organización territorial". En todo caso, desde el equipo de María Guardiola enfatizan que "con el cupo catalán pierde el Estado, que cedería sus recursos, como titular de los mismos, a una sola parte de España". 

Feijóo, durante la última cumbre con los barones del PP en Córdoba, el pasado mes de marzo. Madero Cubero EP

Ante un quebranto de "la igualdad, la suficiencia financiera y el principio de solidaridad que rigen en el actual sistema, que hace posible sostener el bienestar y los servicios esenciales en todos los territorios", en la Junta extremeña censuran que el preacuerdo PSC-ERC "supone una aberración". 

"La reforma del sistema de financiación autonómica no puede basarse en negociaciones bilaterales. Las reglas del juego son otras, y el Gobierno lo sabe. El cupo catalán sería imponer la insolidaridad y los privilegios sobre las reglas de todos. Sánchez debe abordar este asunto con las CCAA en una conferencia de presidentes y también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", zanjan el gabinete de Guardiola. 

Aparte de los barones, la dirección nacional del PP también está haciendo su propio estudio de cuánto podría perjudicar el pacto catalán al conjunto de España. De forma preliminar, en la vicesecretaría económica que dirige Juan Bravo, sintetizan: "Lo que esconde el cupo independentista de Illa es 150.000 médicos menos, 260.000 profesores menos o 25 hospitales menos cada año".

Con estos datos encima de la mesa, los populares preparan una ofensiva transversal que busca poner contra las cuerdas al PSOE. El objetivo final es convencer a un puñado de diputados socialistas en el Congreso para que no apoyen el cupo catalán. O, que en las próximas elecciones a una mayoría social del país le propine a Sánchez el golpe definitivo en las urnas.