El PP niega que Feijóo mediara en contratos de la Xunta: 'La mejor oferta la eligen empleados públicos'

A la acusación que profieren desde las filas socialistas contra el líder del PP, por contratos de la Xunta de Galicia con empresas en las que trabajan personas de su círculo más íntimo, la dirección del PP hace oídos sordos. Según creen en Génova, se trata de un remake de las insidias de María Jesús Montero hacia la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. 

Sucedió en el mes de marzo. La vicepresidenta del Gobierno, en una sesión en el Congreso de los Diputados, se vino arriba con una información de un diario digital que hacía alusión a unas ayudas de la Xunta que, aparentemente, había recibido una empresa en la que Cárdenas fue directiva. 

Bastó un comunicado de la empresa para que el escándalo quedara sepultado. Ahora, los socialistas creen haber dado con el maná que erosionará, esta vez sí, a Feijóo. Pero en el entorno del presidente popular se afanan en frustrar las esperanzas de los socialistas y defienden que no hay ningún tipo de irregularidad. 

"La Xunta cumple de forma estricta la legislación en materia de contratación pública. Las mesas de contratación están formadas por empleados públicos cualificados y en ellas participan responsables de los servicios jurídicos y de la intervención de la Administración", defienden fuentes populares a EL ESPAÑOL.

Mientras que Patxi López, portavoz socialista, publica en sus redes sociales vídeos en los que denuncia la ausencia de información sobre "los 54 M€ que de la Xunta de Galicia fueron a parar en contratos a empresas en las que están los familiares de Feijóo", en la dirección del PP arguyen que el procedimiento de contratación de la administración gallega es muy simple y no hay indicaciones desde arriba.

Los funcionarios "determinan cuál de las ofertas presentadas es la más ventajosa y formulan una propuesta de adjudicación, que debe firmar el cargo directivo correspondiente". Es decir, nada de trato de favor. Distintos mandos de Génova zanjan la cuestión al remarcar que Feijóo, en ningún momento, ha movido un dedo para beneficiar a nadie de su entorno. 

Desde hace días, toda la estrategia del PSOE -en redes sociales- gira en torno a las adjudicaciones de la Xunta a la empresa Eulen, en la que trabaja como directiva la hermana de Feijóo. Este domingo, sin ir más lejos, la portavoz del partido, Ester Peña, a través de otro vídeo, habló de "indicios de información privilegiada y tratos de favor" por parte de la Xunta a esta compañía. 

Al respecto, fuentes del gobierno gallego señalan que Eulen es una firma de servicios que "cuenta con más de 7.000 clientes en 11 países, más de 75.000 empleados en plantilla, más de 80 servicios en el mercado y ventas que superan los 1.728 millones de euros en 2023". Además, la empresa ha suscrito contratos "con la mayoría de las administraciones, de todos los colores políticos, tanto en Galicia como en el resto de España". 

Este martes, EL ESPAÑOL publicó la amenaza del PSOE a Feijóo: llamar a declarar a su hermana a la comisión de investigación del caso mascarillas en el Congreso para que aclare los contratos de Eulen con la Xunta si no lo hace "motu proprio" el líder del PP. En ese aspecto, los populares zanjan que Feijóo no tiene inconveniente en dar explicaciones, pues no hay nada que ocultar. 

Es más, en el entorno del presidente popular replican al PSOE que quienes tienen que dar explicaciones, y ante la Justicia, son Pedro Sánchez, su mujer y su hermano. Recientemente, el presidente del Gobierno se negó a declarar ante el juez Peinado, que investiga una querella contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. 

Por otro lado, la formación conservadora sigue exigiendo al Gobierno que dé cuentas del "espectacular incremento de los bienes del hermanísimo del presidente del Gobierno, quien es incapaz de justificar un patrimonio de 1,7 millones de euros". En concreto, los populares hacen alusión a otra segunda causa judicial que afecta al entorno de Sánchez: la de su hermano, David Sánchez, sobre el que pesa una querella que hace alusión a cinco delitos. Entre otros, malversación y tráfico de influencias.