El coladero de los menores inmigrantes: los sacan de Canarias como adultos por falta de identificación

Esta situación se está produciendo debido a una mala identificación de su edad real, algo que tendría que realizar el Ministerio Fiscal. Y no se trata de un mero error administrativo, sino que contradice lo que establece la Ley de Extranjería vigente y que Gobierno y oposición no consiguen reformar.

Según la legislación actual, el Gobierno central puede reubicar a los migrantes adultos y llevarlos a una comunidad autónoma distinta a, en este caso, Canarias. Sin embargo, los menores tienen que ser tutelados por las autoridades de la comunidad autónoma a la que han llegado.

Pero hay veces que no es fácil saber la edad de la persona. En esos casos, la ley es taxativa. En su artículo 35.3, establece que "en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise".

Acto seguido, la norma establece que este hecho debe ponerse en conocimiento "inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias".

Además, en una resolución del Ministerio de la Presidencia, se establece que estas pruebas de edad son para decidir "con carácter cautelar y urgente, incluso si es posible durante el servicio de guardia, si debe ser acogido en un centro de protección de menores de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor o, por el contrario, debe ser sometido al régimen ordinario de mayores de edad".

Actualmente, este proceso no se está haciendo de manera correcta y hay menores de edad que están recibiendo un trato de adultos y que están siendo trasladados a otras comunidades autónomas.

La primera en dar la voz de alerta ha sido Galicia. Fuentes de la Xunta trasladaron a los medios esta semana que a lo largo del verano llegaron a la comunidad más de 800 personas migrantes. "Pese a que el Gobierno central garantizó en reiteradas ocasiones que se trataba exclusivamente de adultos, informarnos que hasta el momento, tras las valoraciones pertinentes, se ha determinado oficialmente que 15 de estos supuestos adultos son menores de edad", aseguran las fuentes consultadas.

"Tal y como venimos reivindicando desde el comienzo de esta crisis migratoria, y pese a la colaboración por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia, lamentamos la falta de exactitud en la información procedente por parte del Ministerio [del Interior], un asunto que repercute negativamente en que se les pueda prestar la mejor atención a estas personas", añaden.

EL ESPAÑOL ha consultado a otras comunidades autónomas y reconocen que también les está pasando. "Es algo bastante habitual que se está dando durante esta crisis", aseguran fuentes de otro gobierno regional en conversación con este diario.

"Entendemos que, para poder salir de Canarias y acceder al territorio peninsular y al continente europeo, los migrantes dicen que son mayores de edad. Después, al llegar a nuestro territorio, reconocen que son menores", añaden. "Hay que hacer un esfuerzo por separarlos, aunque entendemos que no es una cuestión de mala praxis, sino de saturación", apuntalan.

Desde el Ministerio del Interior reconocen que si no hay un documento que acredite la edad del menor y hay "dudas razonables", la Fiscalía tiene que solicitar al juzgado un análisis forense que, en efecto, es el que fija la edad atribuida al migrante. "En puridad, es el juez, a partir del informe forense, el que fija la edad del migrante", añaden.