El Gobierno se enroca para no explicar el concierto catalán y deja el acuerdo a la libre "interpretación"

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha pedido a la también ministra de Hacienda que explicite si "este acuerdo es un concierto como el vasco". "Usted puede leer por sí misma el acuerdo e interpretar las cuestiones que ahí se plantean", ha respondido Montero. 

"Como todos los que han tenido interés, han podido leer el acuerdo que se firma. Es curioso que un acuerdo por primera vez público entre dos partidos genere la necesidad de tantas explicaciones por parte de los diferentes actores", ha añadido Montero, sin llegar a explicar realmente nada más que "será bueno" para el conjunto de España.

La de este miércoles es la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso desde la vuelta del verano. Se ha celebrado con el presidente, Pedro Sánchez, ausente del hemiciclo por motivo de su viaje a China, así que gran parte de la carga ha recaído sobre su dos en el Gobierno y en el partido y ha tenido que hablar de financiación, un asunto que antes del verano no se trataba, o se trataba menos. 

"El 30 de julio decía que ni habría concierto separatista ni negociaciones bilaterales. El 10 de agosto defendía el concierto y que debía de ser extensible a todos. Después dijo que no había concierto, viendo el revuelo que se había generado. ¿Cuándo dijo la verdad?", le ha preguntado el portavoz económico del PP, Juan Bravo. 

Montero tampoco ha contestado a esto. El acuerdo con ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat se le está haciendo difícil de gestionar al Gobierno. No sólo se ha echado en contra a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que el pasado viernes intentaron escenificar una alternativa, sino también a comunidades gobernadas por el PSOE como Asturias o Castilla-La Mancha. 

Además, Sánchez también se ha echado en contra a barones del partido que, aunque no gobiernan, sí mantienen el poder territorial de distintas federaciones socialistas. Esta situación genera una brecha interna aún mayor de la que generó la amnistía tras el 23-J. 

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tildado el acuerdo de "cuponazo" y ha dicho que "se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos, la dependencia de los asturianos" y demás para garantizar "los sillones" del Gobierno. 

La otrora portavoz también ha recordado las palabras de la propia Montero cuando dijo, en 2016 y hablando de financiación, que todas las comunidades tenían que "beber de la misma fuente y comer de la misma tarta". 

Y aunque la financiación autonómica ha copado gran parte del debate, no ha sido la única pata económica a la que ha tenido que responder Montero. El Consejo de Ministros aprobó este martes el llamado techo de gasto y los objetivos de estabilidad, de déficit y de deuda para trabajar en los Presupuestos de 2025.

Se trata del mismo techo de gasto que ya rechazó el Congreso antes del verano, pero Montero lanzó una amenaza velada a aquellos que no lo apoyaran. "Si el PP y algún otro grupo vota en contra de esta senda, estará obligando a hacer un ajuste de 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y de 4.950 millones en dos años a las entidades locales, un total de 11.550 millones", dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

En el PP han sentado mal estas palabras y Juan Bravo ha pedido a Montero "que no amenace a los presidentes de las Comunidades Autónomas". "Una ministra convence, no amenaza", ha reprochado.