El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este jueves en un desayuno informativo en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este jueves en un desayuno informativo en Madrid. Europa Press

Política LEY MORDAZA

Interior defendía hace tres meses que eliminar las pelotas de goma "pone en riesgo a policías y manifestantes"

Marlaska también dijo que los agentes tenían que usar "todos los medios de disuasión con necesidad y proporcionalidad".

4 octubre, 2024 02:20

El Gobierno ha vuelto a saltarse sus propias líneas rojas para contentar a sus socios parlamentarios. Hace sólo tres meses, el Ministerio del Interior se oponía a eliminar las pelotas de goma que usan los antidisturbios, argumentando que su ausencia conllevaría un aumento de la inseguridad. Ahora, el discurso ha virado por completo.

EH Bildu anunció este jueves en la Cámara Baja que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo (PSOE y Sumar) para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Para ello, el Gobierno ha levantado los cuatro vetos que impidieron que la reforma saliera adelante en la pasada legislatura.

Aunque entonces hubo varios puntos de fricción, el más importante fue el relativo a las pelotas de goma. Los negociadores del PSOE, instruidos por el ministro Fernando Grande-Marlaska, se negaban a prohibirlas y ofrecían, en cambio, hacer un estudio para "modernizar" el material antidisturbios, algo que para Bildu y ERC se quedaba corto.

El último en verbalizar la negativa fue el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y lo hizo el pasado 19 de junio. En la Comisión de Interior del Congreso, varios diputados le preguntaron al respecto y él argumentó que eliminar este elemento disuasorio pondría en riesgo a los miembros de las fuerzas de seguridad.

Pérez señaló que "lanzar a nuestros agentes" directamente sin pelotas de goma "supone un mayor riesgo, no sólo para las personas que se encuentran enfrente (en referencia a los manifestantes), sino también para los propios agentes". El secretario de Estado pidió a Bildu, además, que "olvide determinados maximalismos".

El propio Marlaska también rechazó en septiembre de 2022 las peticiones de los socios de eliminar las pelotas de goma. En una visita institucional, cuando los periodistas le preguntaron por este asunto, dijo que los policías tienen que usar "todos los medios de disuasión con necesidad y proporcionalidad".

Sin embargo, la necesidad de Pedro Sánchez de restablecer puentes entre el Gobierno y los socios de investidura ha llevado al Ejecutivo a cambiar de posición para avanzar en la reforma de la ley de seguridad ciudadana, que el PSOE venía prometiendo desde 2015.

En el pacto presentado este jueves, Gobierno y Bildu se comprometen a "terminar con el uso de las balas de goma", para sustituirlas por "medios menos lesivos". Este paso será progresivo, aunque aún no se ha establecido el calendario definitivo para su eliminación.

Otros cambios de criterio

En la pasada legislatura, el Gobierno tampoco quería abordar, en la reforma de la Ley Mordaza, las llamadas devoluciones en caliente. El Ejecutivo sostenía entonces que este objetivo sólo podía alcanzarse mediante una reforma de la Ley de Extranjería, al margen de la ley de seguridad ciudadana.

Rafael Pérez también habló de ello el pasado mes de junio en la Comisión de Interior del Congreso: "Saben que nuestra postura es que tiene que estar regulado en su normativa específica y en ningún caso en una ley de seguridad ciudadana". Pero ahora ya no van por separado ambos asuntos.

El Gobierno y Bildu han acordado darse un plazo de seis meses para modificar la Ley de Extranjería, "estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión", tal y como pide el partido de Arnaldo Otegi.

También se ha llegado a un acuerdo en cuanto al concepto de resistencia o desobediencia a la autoridad. Hasta ahora, el PSOE sólo aceptaba rebajar la gravedad de las sanciones por facilitar datos falsos o inexactos a la hora de ser identificado. Bildu y el resto de socios, por otro lado, exigían que las desobediencias fueran en todos los casos infracciones leves.

Esto último es lo que ha conseguido Bildu. "La infracción pasa de grave a leve y se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable. Será sancionable sólo cuando esté ajustada a una orden legal", se puede leer en el acuerdo.

El pacto también aborda las faltas de respeto a los agentes. El PSOE pedía, antes, que fueran multados los "actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas" a los agentes, algo que para Bildu y ERC era poco concreto: pedían que sólo se castiguen los insultos e injurias y que, además, la multa quede sin efecto cuando haya una disculpa por las expresiones.

Lo acordado, finalmente, es que serán infracciones leves los insultos o injurias y que, para que haya una infracción, tienen que ser expresiones relevantes, sin bastar con la disconformidad de un mandato legítimo. Además, se deja sin efectos la sanción si hay una disculpa. Es decir, que aquí también ha prevalecido la visión de Bildu.

Celebran las "cesiones"

Aunque el anuncio del acuerdo corrió a cuenta de Bildu, otros socios de Sánchez como ERC se han sumado al texto. "Celebramos que el PSOE ceda ante nuestras demandas sobre la reforma de la Ley Mordaza", aseguran fuentes del partido independentista. "Tras este cambio de criterio del PSOE, tenemos la tramitación parlamentaria que comenzará ahora", añaden.

También se sumarán partidos como el PNV. Aunque el éxito de la reforma sigue sin estar asegurado. Tanto Podemos como Junts, ambos necesarios para que al Ejecutivo le salgan las cuentas parlamentarias, han mostrado su rechazo a lo que se ha conocido este jueves.

Independientemente de que salga adelante o no, lo cierto es que este acuerdo es un movimiento por parte de Pedro Sánchez para contentar a varios socios de investidura.

Hace unos días también cambió de opinión para desclasificar papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que pasará a depender de Presidencia del Gobierno (y no del Ministerio de Defensa, como ocurre en la actualidad). El Gobierno satisface así las exigencias del PNV, ERC y Junts. Pedro Sánchez busca de este modo volver a engrasar la legislatura.