El Gobierno evita explicar las razones para mantener la enmienda que beneficia a presos de ETA

Por eso el PP en el Senado ha decidido retrasar unos días la aprobación de la norma, porque la única salida posible es que el Gobierno la retire y acepte elaborar una nueva sin esa enmienda. Considera el PP que si no la retira será el Gobierno el único responsable de los efectos de la norma, por no haber hecho todo lo que está en su mano.

Internamente, el incidente ha provocado un terremoto en el PP, con peticiones internas de responsabilidades por haber dejado pasar la enmienda y haberla apoyado con su voto.

Pero la Moncloa y el Grupo Socialista asumen la enmienda y explican claramente que no retirarán el proyecto de ley y que irá en las próximas semanas al BOE con el efecto de reducción de condenas conocido.

Lo que no hace el Gobierno es explicar, ni en público ni en privado, las razones concretas de aprobar esa enmienda. Tampoco explican por qué el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se comprometió a no aprobar nunca lo que ahora aceptan.

Un argumentario interno del Gobierno y el PSOE se limita a explicar que la enmienda se incluyó para “completar, actualizar y mejorar la aplicación de la normativa europea en la legislación española (Ley Orgánica 7/2014 y Ley 23/2014), en aras de la mejor seguridad jurídica, en relación a un aspecto concreto: la consideración de las condenas cumplidas en otros Estados miembros para la determinación de la pena a cumplir en nuestro país y el límite máximo de cumplimiento".

No explica el Gobierno la razón por la que no incluyó esta mejora en el proyecto de ley que aprobó en el Consejo de Ministros para remitirlo al Parlamento si es una exigencia europea como insinúa. De hecho, ha esperado a una enmienda de Sumar para incluirlo.

El PP asegura que el Gobierno lo hace como parte de un acuerdo de Pedro Sánchez con Bildu para su investidura, pero ni el Ejecutivo ni el partido abertzale confirman ese extremo.

Los ministros Félix Bolaños y Pilar Alegría se han referido estos días a una directiva europea pero, en realidad, lo que tenía tal consideración era el proyecto de ley en el que se incluyó la enmienda, un texto técnico sobre colaboración jurídica entre estados europeos.

De hecho, fue Sumar quien presentó en esta legislatura la enmienda a un proyecto de ley de orgánica 7/2014, sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. 

Todo empezó cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2014 un proyecto de ley que incluía una disposición para que se reconozcan en España las condenas que se cumplen en otro país de Europa, sin distinguir sobre qué delitos.

En ese momento, el Gobierno del PP reparó en que ese artículo podría suponer la salida anticipada de etarras que fueron condenados en Francia e incluyó en el trámite parlamentario una disposición para que sólo se aplicara a partir de 2010 y, de esa forma, impedir que se aplicara a miembros de ETA.

Ese cambio legal fue avalado luego por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Gobierno del PSOE nunca dijo que quisiera rectificarlo para ampliarlo a todos, incluidos los etarras.

De hecho, Unidas Podemos presentó en mayo de 2021, en la anterior legislatura, una iniciativa similar a la de ahora de Sumar, pero no llegó a ser aprobada. Entonces se entendió que no había necesidad de aprobarla por parte del PSOE.

Este martes, el Gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el texto aprobado ahora es idéntico al que el Ejecutivo de Rajoy aprobó en Consejo de Ministros y envió al Parlamento en 2014. Eso es estrictamente cierto, pero incompleto porque el propio Gobierno rectificó la norma en el trámite parlamentario para evitar que afectara a los miembros de ETA.

Alegría también invoca un informe del Consejo de Estado que, según explica, avala la norma. Ese informe, según explica reiteradamente el Gobierno, es de diciembre de 2023 ym en realidad, se refiere al proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, mucho antes de que Sumar presentara la enmienda. Es decir, el informe es previo a la presentación de la enmienda cuestionada.

En realidad el informe es de 2013, diez años antes, y avala la reforma inicial que hizo Rajoy, sin la rectificación posterior del PP, igual a la aprobada ahora. Pero no tiene nada que ver, porque nadie duda de la correcció técnica de la enmienda, si de las consecuencis prácticas. Otra cosa sería si el Consejo de Estado hubiera dicho ahora que es necesario revertir lo anterior e incluir a los etarras

El Gobierno también se refiere a “una Cuestión Prejudicial presentada el pasado día 3 de enero de 2024 por la Audiencia Nacional española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpela a este Tribunal, precisamente, sobre la inexistencia en la legislación española de “posibles medidas correctivas a fin de evitar la falta de proporcionalidad de las penas en el castigo de los delitos, cuando existen sentencias extranjeras concomitantes”, “en relación con principios comunitarios plenamente asentados, desarrollados, entre otras, en la Decisión 2008/675/JAI del Consejo”. 

Pero esa cuestión prejudicial no ha sido resuelta en el TJUE, por lo que no hay constancia, ni idea de que esa instancia europea vaya a anular o confirmar la norma. Es decir, no hay ninguna decisión del TJUE que incluir en la ley, sólo un recurso de un tribunal.

El Gobierno, además, difundió un vídeo del ponente del PP a la norma, José Manuel Velasco Retamosa, asegurando que la ley “llega dos años tarde”, para mostrar cómo el principal partido de la oposición se felicitaba por su aprobación. En realidad, el diputado se refería al conjunto de la norma que sí traspone una directiva europea, no a la enmienda incluida luego.

Alegría aprovechó el incidente para arremeter contra el PP por “utilizar el argumento de ETA para hacer oposición”. “ETA acabó hace trece años, desapareció, fue una victoria de toda la sociedad española y de la democracia. En nombre del Gobierno y de todos los españoles le exijo al PP que dejen de usar de esa manera partidista y obscena lo que tanto daño causó al pueblo español. Es indignante. Le exijo al PP que lo dejen ya”, ha clamado la ministra, que ha insistido en calificar como “indigno” que “utilicen el terrorismo para tapar su vacío de propuestas, de proyecto y de liderazgo”, aseguró la ministra.