El manifiesto contra Mazón le acusa de "poner en peligro miles de vidas" para favorecer "intereses del empresariado"

La marcha concluyó con cargas policiales y altercados, cuando un grupo reducido de radicales arrojaron contra la fachada y la puerta del ayuntamiento barro, piedras y bengalas. Uno de los artefactos incendiarios cayó sobre el balcón principal, por lo que la humareda se introdujo en el interior del Consistorio.

La Delegación del Gobierno en Valencia cifró en 130.000 personas la participación en la marcha. Por su parte, la Policía Local de la ciudad no ofrece ninguna estimación alternativa, porque no lo hace habitualmente, explican fuentes del Consistorio consultadas por este diario.

El manifiesto leído por los organizadores acusa a Mazón haber retrasado el mensaje de alerta ante la DANA hasta las 20 horas del 29-O (es decir, una vez concluida la jornada laboral), poniendo "en riesgo la vida de los trabajadores", para "no comprometer los intereses del empresariado y los beneficios del capital".

Los convocantes no sólo exigen la dimisión de Mazón, sino también que se abra "de oficio un procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por las consecuencias evitables de la catástrofe".

El manifiesto señala como única culpable de lo ocurrido a la Generalitat, y no hace ni una sola mención a posibles negligencias de otras Administraciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica), que no alertó del grave riesgo hasta las siete de la tarde del 29-O, cuando ya estaban anegadas numerosas poblaciones.

También sostiene que la Generalitat se ha negado a pedir ayuda y no ha permitido que "acudieran efectivos de otros territorios (como Cataluña y el País Vasco) que habían solicitado acudir inmediatamente después de los hechos".  

Estado en el que quedó la entrada del Ayuntamiento de Valencia, durante la manifestación de este sábado.

El texto tan sólo alude en una ocasión al Gobierno central, del que dice que "debería haber presionado de manera contundente e inmediata al Ejecutivo valenciano ante su inacción, para intervenir con todos los efectivos disponibles"-

Entre otras medidas, los organizadores exigen que se suban los impuestos a "las rentas altas", que se prohíba la construcción en zonas inundables, que se "condone la deuda ilegítima y se reinvierta en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras de emergencias".

Del mismo modo, piden reconvertir los pisos turísticos de la provincia para destinarlos a las familias afectadas por las inundaciones, al igual que el parque de viviendas de la Sareb, de la banca rescatada y los fondos buitre, así como las viviendas de alquiler de grandes tenedores.

Durante la manifestación, se han escuchado gritos como El president a Picassent, en alusión a la prisión de Valencia.

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Algunos de los asistentes han exhibido pancartas con lemas como Estamos manchados de barro, vosotros de sangre, Ni olvido ni perdón, Urbanismo descontrolado, desastre asegurado, El que avisa no es Mazón y Mazón vete a Eurovisión.

La convocatoria de esta manifestación fue registrada ante Delegación del Gobierno por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una entidad independentista que durante la pasada legislatura autonómica recibió 3,7 millones de euros de las Administraciones gobernadas por el PSOE, Compromís y ERC. 

La mayor cuantía corresponde a la Generalitat de Cataluña, que bajo la presidencia de Pere Aragonès (ERC) inyectó en el mismo período 2,9 millones de euros a ACPV, a pesar de que se trata de una asociación con sede en Valencia. 

Acció Cultural está asociada a Òmnium (la entidad que presidía Jordi Cuixart) y, entre 2017 y 2019, organizó varios actos de apoyo a los "presos políticos", como denomina a los exdirigentes de la Generalitat de Cataluña procesados por el Tribunal Supremo por el golpe del 1-O.

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A la convocatoria de este sábado se han sumado entidades como el sindicato CNT, la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática de la región y otras de la órbita independentista, como Arran, Endavant, (ambas ligadas a la CUP) y la Plataforma por el Derecho a Decidir del País Valencià.

El PP ha criticado el sesgo ideológico de la marcha convocada contra Mazón: "La de hoy es una manifestación politizada", indican los populares en un mensaje publicado en las redes sociales, "las entidades catalanistas dels 'Països Catalans' vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política".

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha advertido que "la confrontación y el vandalismo jamás serán la solución", ha escrito en la red X en alusión a los altercados con los que ha concluido la marcha.

"Es momento de trabajar juntos para sacar adelante pedanías y municipios afectados por esta terrible tragedia, como ya estamos haciendo", ha indicado la regidora popular, "la ciudad de Valencia también es municipio afectado y símbolo de la solidaridad de todo un pueblo. Esa es la Valencia que queremos, y que necesitamos".