El PSOE presiona a Podemos para que le salve y acepte un pacto sobre impuestos que depende de un giro de Junts

De esos votos depende que el Ejecutivo supere un escollo fundamental hacia los Presupuestos o, por contra, que sufra una enorme derrota y quede en entredicho la capacidad de Pedro Sánchez para avanzar en la legislatura. 

Al Gobierno podría valerle la abstención de los cuatro parlamentarios morados, siempre y cuando la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, y José Luis Ábalos apoyen al Gobierno. A falta de cerrar los últimos detalles, las fuentes consultadas son optimistas respecto a estos dos votos.

Pero, por el momento, el partido de Ione Belarra se mantiene en el no. El argumento que defiende la secretaria general de Podemos es que, con estas normas sobre la mesa, no hay garantías de que se vayan a mantener los impuestos a las empresas energéticas y a la banca. Básicamente, el Gobierno le está pidiendo un acto de fe.

Esa promesa pasaría por un futuro real decreto que genera como mínimo dos problemas. El primero, que los socios creen que se trata de una pauta de negociación de Moncloa que consiste en trampear con pactos ambiguos, que no dependen de ellos sino de terceros y que pueden meterse en un cajón durante meses. 

El Gobierno salva parte de su reforma fiscal hasta el Pleno del jueves para cumplir con la UE en una negociación caótica

Esto ha ocurrido varias veces. Ocurrió con la cesión de la competencia de Inmigración a Junts para salvar una votación puntual antes de verano, con el concierto fiscal para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa y ahora con los impuestos a energéticas y bancos, entre otros precedentes. O, incluso, la amnistía, cuya aplicación dependía de los jueces y no del Gobierno.

El segundo problema es que nadie tiene la certeza de que Junts no vaya a salirse de nuevo del bloque de investidura durante la votación de este hipotético decreto. Sobre todo, dada la tendencia de los posconvergentes de romper en el último minuto pactos acuñados por la izquierda, como pasó durante la votación de la ley de alquiler temporal de Sumar.

De vuelta a la reforma fiscal, este jueves se votará el dictamen aprobado el lunes en la Comisión de Hacienda del Congreso que supone trasponer una directiva europea para asegurar una cierta armonización fiscal para las empresas multinacionales en toda la Unión Europea. En concreto, establecerles un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para evitar su fuga de un país a otro.

La norma debería aprobarse definitivamente en el Pleno para poder entrar en vigor antes de que acabe el año y evitar así sanciones de Bruselas. También es imprescindible para conseguir los 7.200 millones de la quinta partida de los fondos europeos Next Generation.

De ese texto se cayeron las enmiendas referidas a las energéticas y los bancos, y a otros impuestos como el de la sanidad privada o las sociedades inmobiliarias (socimis). La inclusión de estos "adornos" permitió al Gobierno promocionar la directiva como la reforma fiscal que le pedía Europa. 

El dictamen fue aprobado con los votos de PSOE, PNV, Junts, Bildu, ERC, Sumar y BNG. Podemos no está en esa comisión, pero sus cuatro votos sí son decisivos en el Pleno del jueves.

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Para sacarlo adelante en comisión, el Gobierno cerró in extremis un curioso acuerdo con Bildu y ERC por el cual se compromete a aprobar un decreto en el que se prorrogan los impuestos a energéticas y bancos.

Sin votos confirmados

El problema es que ese decreto necesitaría el voto de Junts y PNV, que están en contra de esos tributos. Además, al poco de cerrarse el pacto en la madrugada, el Ministerio de Hacienda hizo público un comunicado en el que descafeinaba el contenido del acuerdo y aseguraba que el pacto con los de Carles Puigdemont seguía vigente e inalterado.

En concreto, señalaba que "el Gobierno mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". Eso dejaría muy desnaturalizado el impuesto, porque todas las empresas mantienen ese compromiso.

Por eso, Podemos insiste en que no apoyará el dictamen el jueves, tal y como explicaron en redes sociales claramente Ione Belarra e Irene Montero. En paralelo, fuentes de la formación explicaban este miércoles que las presiones de Hacienda estaban siendo "muy fuertes" para incluirles de nuevo en la mayoría de investidura, pero que todavía no se había cerrado nada.

El propio Gabriel Rufián (ERC), del mismo modo, pidió este martes al Gobierno garantías de que se mantendrá el impuesto a las energéticas. Y no hay socio del Gobierno que no exprese su malestar por la forma en la que Montero ha llevado la negociación.

Podemos ha decidido en los últimos meses mantener un perfil muy reconocible de izquierdas, una vez que rompieron con Sumar y salieron del Gobierno hace ya casi un año. Este asunto de los impuestos es perfecto para que los morados marquen posición de izquierdas, frente a PSOE y Sumar, y presionen en su dirección.

Fuentes de Moncloa aseguran, no obstante, que los diputados de Belarra no podrán aguantar la presión y terminarán incorporándose al bloque de investidura, a la espera del decreto sobre las energéticas. Al menos, esperan lograr su abstención, lo que les dejaría en manos de Coalición Canaria y Ábalos.

De hecho, el Gobierno había ofrecido hace días a Podemos la misma salida que finalmente pactó con Bildu y ERC, y los morados la rechazaron radicalmente porque no les garantizaban que fuera a ser aprobado antes del 1 de enero, fecha en la que decaerá ese tributo.

El lunes, fue Bildu el primer partido que aceptó votar el dictamen y aparcar el impuesto a las energéticas, pero necesitaba el respaldo de ERC y Podemos a su giro. Finalmente, tuvo el de ERC ya de madrugada, pero en ningún caso el de Podemos.

El argumentario del Gobierno admite las dificultades para sacar adelante iniciativas e intenta presentar como virtud la necesidad de negociar, aunque sea al límite y con ambigüedades.

Creen, no obstante, que lo más complicado de la negociación, lo del lunes, ya ha pasado. Este martes, fuentes de la dirección socialista se mostraban optimistas ante la posibilidad de convencer a Podemos y deslizan que les ofrecerían alguna contrapartida a cambio de su apoyo, sin dar detalles.

Lo que sí comparten es que una de las claves de la negociación, una vez pactada la extensión del impuesto a las energéticas, es definir hasta qué punto se diluye. Dicho de otro modo, qué cantidades se permitirá a las empresas desgravarse y de qué manera; y cuáles serían las condiciones para esquivar el gravamen.