Aitor Esteban (PNV) y María Jesús Montero (PSOE), dialogan en el Congreso de los Diputados.

Aitor Esteban (PNV) y María Jesús Montero (PSOE), dialogan en el Congreso de los Diputados. Europa Press

Política MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sánchez justifica dar el palacete de París al PNV por la "estrecha vinculación" entre el PNV y la empresa que lo compró

El informe técnico lo firma un político, el secretario de Estado de Memoria Democrática, e incluye argumentos de profesores de la Universidad del País Vasco pero ninguno de la Administración.

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El Gobierno ha entregado al PNV el palacete del Instituto Cervantes en París asegurando que hay un informe que acredita la titularidad de los nacionalistas sobre el inmueble. Sin embargo, dicho informe se limita a resaltar la "estrecha vinculación" entre el PNV y aquellos que aportaron los fondos y la empresa que lo compró.

El informe, al que ha accedido este diario, no incluye pruebas documentales de la Administración y está basado en las aportaciones de dos historiadores de la Universidad de País Vasco, Óscar Álvarez Gila y Xavier Hualde Amunárriz, y en diversos "estudios historiográficos".

Además, se trata de un informe encargado por la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Memoria Democrática. Lejos de ser elaborado por otro cargo técnico (otro director general, por ejemplo), el documento ha sido elaborado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, un cargo político.

El escrito no recoge los argumentos de los servicios jurídicos en los que el Consejo de Ministros de José María Aznar basó su decisión de no entregar el edificio en 2001. Sólo resalta la vinculación de los actores con el PNV.

El documento defiende que los fondos fueron aportados por una persona con "fuertes vínculos personales con el PNV" y que fueron a parar al tesorero del partido antes de que el Gobierno vasco fuera formado.

También hace referencia a "múltiples testimonios clave de la estrecha vinculación entre Finances et Entreprises (la sociedad titular antes de la incautación) y el PNV". Considera, asimismo, que la sociedad actuaba coordinada con otras dos sociedades instrumentales usadas por el PNV.

Sin embargo, el informe no aporta ninguna prueba irrefutable de que el edificio fuera efectivamente comprado por el partido y traspasado después a la sociedad en nombre del partido. Sólo apunta a la relación de algunas personas del proceso con el partido, pero incluso reconoce "la dificultad de disociar el PNV del primer Gobierno vasco de la historia en aquel momento".

Pero este no es el informe definitivo, aunque sí es el más citado. Se trata de una respuesta del Ministerio de Memoria Democrática a la Dirección General de Patrimonio de Hacienda. De momento, no se conoce la respuesta de Hacienda a este informe, aunque podría ser negativa si el Gobierno ha optado por la fórmula del real decreto para dárselo al PNV.

Vinculado al Gobierno vasco

Los nacionalistas vascos llevan años reclamando el edificio. Aseguran que fue comprado para el partido y con fondos de miembros del PNV en el exilio y que, después, fue vendido a la sociedad Finances et Entreprises para evitar su incautación.

La incautación, finalmente, se acabó produciendo cuando los nazis ocuparon Francia y el edificio pasó a formar parte del Estado español tras tres sentencias dictadas en el país vecino entre 1943 y 1951.

El Consejo de Ministros de José María Aznar ya rechazó, en 2001, que el edificio fuera del PNV. Lo hizo por dos motivos. El primero, que el inmueble no había sido incautado según lo previsto en la Ley 43/1998 de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados, que buscaba subsanar los abusos sufridos en este frente durante la Guerra Civil.

Este impedimento para el PNV fue eliminado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Ley de Memoria Democrática. En su disposición adicional novena aparece una redacción creada ad hoc para que ya no pueda considerarse que no fue incautado bajo los preceptos de la Ley 43/1998.

El segundo motivo de rechazo, quizá el más importante ahora, es que los servicios jurídicos de Moncloa determinaron que el PNV no podía acreditar su titularidad. Por mucho que aquellos que aportaron fondos para su compra fueran del PNV, no significa que fuera comprado por el partido.

Por otro lado, el Consejo de Ministros estableció que la sociedad Finances et Entreprises estaba vinculada al Gobierno vasco (es decir, al Estado) y no al PNV en concreto.