El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el portavoz socialista, Patxi López, el pasado miércoles 26 de febrero.
El PSOE justifica su pacto con Junts igualando a los migrantes extranjeros con los españoles "nacidos fuera de Cataluña"
"En nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Catalunya", dice el PSOE en un comunicado.
Más información: Los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y Cataluña podrá expulsar inmigrantes ilegales
"En nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Catalunya. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio". Con estas palabras, difundidas en un comunicado, el PSOE ha justificado su pacto con Junts para que el Gobierno de España transfiera de manera íntegra las políticas de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
Es decir, a la hora de hablar del "fenómeno migratorio", los socialistas igualan a los inmigrantes extranjeros con los españoles "nacidos fuera" de esta comunidad autónoma. O, lo que es lo mismo, según el PSOE ser extranjero equivale ahora a haber nacido fuera de Cataluña.
PSOE y Junts han registrado este martes en el Congreso una propuesta de Ley Orgánica para la delegación de la política migratoria a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
En el preámbulo de la iniciativa parlamentaria, que suscriben tanto PSOE como Junts, esa equiparación entre extranjeros y "nacidos fuera" de Cataluña es más sutil que en la nota de prensa difundida por Ferraz, sede de los socialistas. "Actualmente, según datos del Instituto de Estadística de Catalunya, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de nacimiento este porcentaje se eleva hasta el 25,1%", recoge propuesta de Ley Orgánica.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d'Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La cesión de las competencias se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".
"Ventanilla única"
Además, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
El acuerdo también recoge que Cataluña ejerzca la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
La Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüistica, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios" para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar "un modelo propio" con "una política integral", y "todas las fases de la relación de los inmigrantes" con las instituciones catalanas "tendrán una posición determinante" en la legislación europea y española.
